Los jueces alertan del colapso con las reformas de Bolaños
Jueces de toda España llevan meses advirtiendo del caos que se va a generar en los tribunales de todo el país cuando entre en vigor este 1 de enero la tercera y última fase de implementación de la ley de eficiencia, también conocida como "ley Bolaños". Los togados han solicitado al Ministerio de Justicia que retrase la entrada en vigor de los tribunales de instancia más allá del 1 de enero y avisan de que la falta de planificación y recursos ante esta reforma de calado va a provocar más colapso si cabe en un sistema que ya de por sí acusa un atasco histórico.
El Ministerio de Justicia, sin embargo, conserva su hoja de ruta y así lo manifestó tras la celebración de la Conferencia Sectorial que tuvo lugar el pasado lunes. El equipo de Bolaños defendió que el Ministerio y las comunidades autónomas habían acordado "por unanimidad" mantener la entrada en vigor de este último tramo de la ley el 31 de enero. Ello implica la entrada en funcionamiento de 100 tribunales de instancia en grandes partidos judiciales como Barcelona Madrid, Palma de Mallorca, Valladolid o Zaragoza. Sin embargo, y ante los avisos de las asociaciones de jueces, el ministro del ramo se abrió a que en ciudades como Oviedo y Gijón se amplíe en plazo de su implementación hasta el 15 de febrero. Su equipo dijo que se hacía "con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos".
Del mismo modo, se abrieron a dotar de "cierta flexibilidad" al resto de partidos para que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realice "de forma progresiva" para no afectar, dicen, al servicio público de justicia. Se trata de una ligera modificación que no calma a los togados, los cuáles avisan de que esto no solo no va a solucionar el problema estructural de colapso que padecen los tribunales, sino que lo va a agravar puesto que la solución, a menos a corto plazo, pasa por crear más plazas de jueces.
"Niguneo de los operadores jurídicos
Desde la mayoría de asociaciones judiciales se han expresado públicamente las dudas sobre las condiciones en que los juzgados deberán afrontar la puesta en marcha de los tribunales de instancia, la medida estrella de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Así, en su reciente congreso, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) puso de relieve que tras las dos primeras fases de la implantación de la nueva oficina judicial antes de acometer la tercera y definitiva deberían analizarse "las disfunciones y soluciones aplicadas, promoviendo la suficiencia de los medios materiales y personales culminando al propio tiempo la reforma de los reglamentos de órganos de gobierno de los tribunales y de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales". Asimismo, la APM hizo hincapié en que los complementos retributivos establecidos por ley respecto a las presidencias de estos tribunales y de las presidencias de sección "son insuficientes teniendo en cuenta el amplio abanico de funciones que les atribuye la ley".
En cuanto al sistema de sustituciones, la APM apuesta por "suprimir de forma progresiva" la figura del juez sustituto y del magistrado suplente en la Ley Orgánica del Poder Judicial "en favor de la cobertura de la planta judicial con jueces profesionales adecuada al volumen de entrada de asuntos". También ha explicitado sus dudas sobre la reforma la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). Su portavoz, Marien Ortega, ha alertado del discurso "triunfalista" del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños sobre la implantación de la nueva oficina judicial. Ortega reprochó al Ministerio de Justicia que no haya atendido las voces de quienes reclaman "una evaluación seria y más recursos" antes de acometer la tercera fase de la puesta en marcha de los tribunales de instancia a partir del próximo 1 de enero.
Para la AJFV, el descenso en el número de demandas -unas cifras que ha puesto sobre la mesa el departamento de Bolaños para avalar las bondades de la reforma- no justifica el "triunfalismo" de Justicia, que según aseguró "va de la mano del ninguneo de los operadores jurídicos". "Transmitir la idea de que más de 300 tribunales de instancia han entrado en funcionamiento sin incidencias significativas es simplificar una problemática creciente sin exponer todos los datos, obviando que el verdadero problema de la Justicia es la escandalosa falta de jueces y magistrados", se quejó la portavoz de la AJFV. "Sin planificación y sin recursos, la nueva oficina judicial puede desembocar en el colapso de la Administración de Justicia", ha advertido.
Asociaciones y sindicatos, contra la reforma
Estas críticas se suman a las peticiones de aplazamiento de la última fase de la reforma que trasladaron a Justicia 55 decanos e incluso la Audiencia Nacional. También la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) expresó hace apenas una semana sus quejas respecto a que un año después de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia "no se ha cambiado ni una coma de los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial que hay que reformar para que tenga lugar la transformación de los juzgados a tribunales de instancia".
Según puso de manifiesto, no se ha adaptado a la reforma "una cuestión tan delicada y relevante para los derechos fundamentales como la forma de llevar a cabo las guardias, particularmente en lo que atañe a personas detenidas" o "el modo en que va a distribuirse el trabajo por unidades judiciales, la forma en que tendrá lugar la dación de cuenta eficiente, o la necesaria coordinación entre judicatura y oficina judicial". Tampoco, añadía, se ha modificado el Reglamento de la Carrera Judicial "respecto a la forma de designación de las nuevas presidencias de los tribunales de instancia y presidencias de secciones".
Para JJpD es "imprescindible", además, "que las funciones y competencia de las nuevas presidencias de estos tribunales queden claramente delimitadas para evitar la tentación del autoritarismo y asegurar la transparencia en el ejercicio de su nueva función". Desde los sindicatos también se ha levantado la voz. El pasado martes, sin ir más lejos, CSIF aviso de que la implantación de la nueva oficina judicial se está llevando a cabo "atropelladamente" y que esa premura la pagarán, una vez más, los ciudadanos.
Protesta de los jueces de viogen
El Ministerio de Justicia, por su parte, sostiene que la reforma modernizará una planta judicial diseñada hace dos siglos ya que transformará los casi 4.000 juzgados unipersonales que existen en la actualidad, por 431 tribunales de instancia divididos con secciones especializadas y con una única Oficina Judicial de apoyo técnico. Al hilo defienden que esta inversión (que supuso un desembolso de 325 millones de euros procedentes de los fondos europeos) permitirán una mayor agilidad porque se optimizarán recursos y se repartirán todavía más las cargas de trabajo.
La conocida como ley de Eficiencia también puso en pie de guerra a los jueces especializados en violencia de género toda vez que se les otorgó la asunción de todo tipo de asuntos de índole sexual. En ese sentido, más de un centenar de togados especializados en esta materia advirtieron en un duro comunicado en marzo que el efecto inmediato de la reforma legal sería "el colapso total" en unos juzgados "ya de por sí sobrecargados" ya que supondría un aumento de la carga de trabajo de, al menos, el 20%. A unas condiciones ya de por sí precarias (ante las deficiencias de los dispositivos telemáticos de control o la falta de equipos de valoración forense) se les suma ahora el "desbordamiento" en la configuración de los órganos porque asumirán funciones propias de un juzgado ordinario. "Es una reforma a coste cero", advirtieron.
Estos jueces, que hasta la fecha conocían exclusivamente los asuntos de violencia sexual en los que hubiera un vínculo afectivo entre la víctima y el presunto agresor, avisaron de que la asunción del resto de causas implicaría, en primer lugar, la demora en la instrucción de los procedimientos vigentes; una situación que no se puede permitir toda vez que se trata de asuntos que requieren en muchas ocasiones actuar con celeridad para proteger a la víctima. Además, conviene tener en cuenta que solo 30 de los 88 tribunales exclusivos de violencia de género tienen servicio de guardia, por lo que la tramitación de esta nueva avalancha de denuncias todavía demorará más la respuesta de la Justicia.