El nuevo año judicial atosiga a Pedro Sánchez

El calendario judicial seguirá marcando la agenda política en el año que ahora comienza. Un quebradero de cabeza para el Gobierno de Pedro Sánchez que, lejos de darle un respiro, afrontará la hora de la verdad en algunas causas por supuestos casos de corrupción que afectan muy de cerca al Ejecutivo central.

Doce meses atrás, desde Moncloa se lanzaban señales inequívocas, por explícitas y reiteradas, de que las investigaciones judiciales por tráfico de influencias contra el entorno del presidente -su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez terminarían por desinflarse, al igual que la causa contra el entonces fiscal general del Estado. Pero lo cierto es que, pasado un año, Álvaro García Ortiz ha sido condenado por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, la causa contra David Sánchez ya tiene fecha de juicio (comenzará a finales de mayo tras aplazarse por problemas de agenda de los letrados, pues estaba previsto que comenzara en febrero) y el juez Juan Carlos Peinado parece abocar a la mujer de Sánchez a un juicio con jurado, que está por ver si se celebraría en 2026.

Si el líder del PSOE vio en 2025 cómo dos de sus secretarios de Organización –Santos Cerdán y José Luis Ábalos– terminaban en prisión por el supuesto amaño de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones, el nuevo año puede ser el de las primeras condenas del «caso Koldo».

Ábalos, a un paso del juicio

En los primeros meses (todavía sin fecha) se celebrará en el Tribunal Supremo el juicio por el conocido «caso mascarillas», en el que no solo se sustancian presuntas irregularidades en la adquisición del material sanitario en pandemia sino también, entre otras cuestiones, el «enchufe» de una expareja del entonces ministro en dos organismos públicos o el chalet del que disfrutó Ábalos en Cádiz a cuenta de la trama o el céntrico ático que Aldama pagó a la entonces novia del ministro en Madrid.

El extitular de Transportes, actualmente en prisión preventiva en Soto del Real, se sentará en el banquillo junto a quien fuera su asesor Koldo García (ambos se enfrentan a unas peticiones de condena hasta de 30 años de cárcel) y el comisionista Víctor de Aldama, cuya confesión permitió a la Unidad Central Operativa (UCO) –pesadilla del Gobierno– avanzar en la investigación desdoblada en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Precisamente a la Audiencia Nacional estará obligado el Gobierno a mirar de reojo. La investigación sobre los pagos en metálico en Ferraz (que el Supremo dejó en manos del juez Ismael Moreno) no ha hecho sino dar sus primeros pasos, pero presagia un buen puñado de titulares en 2026. La abundante documentación remitida por el PSOE tanto al Supremo como a la Audiencia no ha convencido ni a uno ni a otro tribunal, pues determinados pagos siguen sin encajar en la contabilidad socialista, que además ha levantado recelos judiciales por el escaso control en la justificación de los gastos, que Ferraz atribuye al equipo de la Secretaría de Organización, y en sus entregas, tanto a Koldo García como a su entonces pareja Patricia Úriz, que deberá dar explicaciones ante el juez el próximo 20 de enero (las conversaciones del matrimonio sobre la recogida de «sobres» en Ferraz, incautadas a Koldo García, impulsaron precisamente la investigación judicial).

La "trama" de la fontanera

Pero no serán estos los únicos focos de preocupación para Moncloa. En el Supremo seguirá adelante la investigación de los presuntos amaños de adjudicaciones de obra pública, un entramado en cuya cúspide la UCO sitúa a Santos Cerdán, investigado en esta causa al igual que Ábalos y Koldo. A medida que avancen esta y otras instrucciones (que zarandean también a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector de Carreteras), el tiempo y el devenir de las mismas marcará el mayor o menor distanciamiento de Cerdán y el exministro de Transportes con el PSOE.

Este último y su antiguo asesor ya abrieron al alimón las hostilidades con motivo de su entrada en prisión, arrojando sombras sobre las primarias que auparon a Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE y metiendo en la ecuación a Begoña Gómez a cuenta del rescate de Air Europa.

La «fontanera» del PSOE Leire Díez también protagonizará buena parte de la actualidad en los tribunales en el año entrante. La que fuera, o así se presentaba al menos, mano derecha de Cerdán está inmersa en una investigación judicial en Plaza de Castilla por su intento de socavar a la UCO y desacreditar a jueces y fiscales molestos para el Gobierno.

Pero, además, la Audiencia Nacional indaga (por ahora bajo secreto) en una supuesta trama de cobro de comisiones –que salpica también al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario afín a Cerdán Antxon Alonso, dueño de Servinabar–.

En la Audiencia Nacional seguirá igualmente adelante la investigación de la «trama del fuel», sobre todo después de que la UCO destapase la «vinculación» de Aldama con «altos cargos del Gobierno y del PSOE» en las gestiones para la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel. Una investigación que también afecta a la empresaria Carmen Pano, que afirma haber llevado a Ferraz bolsas con 90.000 euros a Ferraz por indicaciones del comisionista.

Feijóo, testigo ante la juez de la dana

Pero 2026 comenzará con una imagen que dará munición política al PSOE frente al PP: la del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, declarando el próximo día 9 como testigo ante la magistrada que investiga la actuación de la Generalitat Valenciana del ya dimitido Carlos Mazón en la catástrofe de la dana. No lo hará de manera presencial, sino por videoconferencia, pero sí después de que la instructora le haya reclamado los wasaps que envió a Mazón es fatídico 29 de octubre de 2024.

El nuevo año también verá un cambio de tornas: el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pasará de acusar al fiscal general del Estado a ser él quien se siente en el banquillo por un presunto fraude tributario. Precisamente fue la filtración de las negociaciones de su abogado con la Fiscalía para intentar cerrar un acuerdo de conformidad lo que sustentó la condena de dos años de inhabilitación de García Ortiz que le ha costado el puesto.

Puigdemont, pendiente del TJUE

Y, por último, serán meses en los que continuarán el juicio al clan Pujol y las investigaciones al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y al exdiputado socialista Paco Salazar (esta en manos de la Fiscalía), y en el que el exdirigente de Más Madrid Íñigo Errejón irá a juicio por supuesto acoso sexual.

Por otro lado, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont afronta un primer trimestre del año clave para su posible regreso a España. El líder independentista estará muy atento a lo que diga en primer lugar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el encaje de la Ley de Amnistía en el derecho comunitario. Si se produce el aval de la Justicia europea –el abogado general de la UE ya concluyó que no se trata de una autoamnistía y que no afecta a los intereses financieros de la Unión– se espera que su decisión precipite la que adopte el Tribunal Constitucional sobre su recurso de amparo (y el del resto de huidos y condenados del «procés): la corte de garantías deberá decidir si la negativa del Supremo a amnistiarle –al excluir la malversación que se le imputa del objeto de la ley- vulnera o no sus derechos fundamentales. Si tanto la resolución del TJUE como la del Constitucional son favorables a sus intereses, será el Tribunal Supremo el que deba mover ficha y resolver si le aplica la amnistía y deja sin efecto la orden de detención contra él.