La huella de Bolaños: un reformista con la Justicia en guerra
La relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial atraviesa uno de los momentos más delicados de la historia democrática española. Por primera vez, hay dos jueces que están investigando causas sensibles para la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por eso, desde la judicatura se suceden las acusaciones de injerencia desde Moncloa cada vez que Sánchez y sus ministros insinúan que hay jueces que hacen política. Los cañonazos son fuertes. Se puede decir que la guerra está en su apogeo. No obstante, desde el Ejecutivo se apunta hacia un determinado "sector inmovilista".
En cualquier caso, el clima de desconfianza institucional ha convertido los juzgados en un campo de batalla partidista. Lo llamativo políticamente es que lejos de optar por la contención, el Gobierno ha decidido avanzar contra viento y marea para transformar la Justicia como no se ha hecho nunca en décadas. El encargado de llevarlo a cabo es Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Bolaños es una figura peculiar dentro del Consejo de Ministros. No desata grandes pasiones dentro de la parroquia socialista, dominada por la militancia más ultra. Tampoco tiene intención de disputar el liderazgo interno dentro del PSOE. De manera que si hubiera que definir el rol de Bolaños en Moncloa, habría que decir que se trata de un político que intenta tender puentes con todos aquellos que vomitan bilis cuando se acuerdan del presidente del Gobierno.
No importa si estos están en la oposición, en el núcleo del Estado o en la jubilación del PSOE. «Bolaños es buen político y la verdad es que tiene un interés real en preservar la institucionalidad», cuenta alguien que le ha tratado dentro del PSOE. Entender ese papel del ministro resulta clave, porque permite explicar por qué Bolaños es imprescindible para que Sánchez siga en el poder. El ministro de Justicia es jurista de formación, pero político por convicción.
Es el encargado de traducir las decisiones estratégicas del Gobierno en normas, incluso cuando estas atraviesan el corazón del armazón institucional del Estado. El periplo de Bolaños al frente del Ministerio de Justicia coincide con uno de los momentos políticos más tensos de la historia del país. Y eso es lo que provoca que cualquier reforma de la Justicia esté condenada a ser leída en clave defensiva por parte de los togados del país. Pero a Bolaños no le importa. Es más, ha optado por la vía contraria: nada de pausas, nada de esperas.
La agenda que está impulsando desde su departamento no es coyuntural. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la transformación de la planta judicial, la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, el «fortalecimiento» del Ministerio Fiscal y la digitalización integral del sistema judicial constituyen una reestructuración sin precedentes. Se trata de un reformismo de trazo grueso, pensado para perdurar si termina viendo la luz. Pero es, sobre todo, un reformismo que altera los equilibrios históricos entre poder político y Poder Judicial.
Bolaños está dispuesto a asumir el coste que otros evitan en Moncloa. El ministro no suaviza el conflicto; lo administra, ya que tiene enfrente a buena parte de las asociaciones judiciales, cuyo consenso sabe inalcanzable. Ese es el motivo por el que Bolaños quiere avanzar solo con la mayoría disponible en la Cámara, la que dio al presidente del Gobierno la confianza hace poco más de dos años. En el PSOE hay quien ve a Bolaños como un «tecnócrata sanchista» que trabaja con piel de político.
En verdad, cada reforma impulsada por su departamento está envuelta en un lenguaje de modernización, eficiencia y homologación europea, pero la verdad es que todas juntas configuran una mutación profunda del sistema judicial español. Bolaños no legisla contra jueces concretos, pero sí lo hace en un contexto en el que la Justicia se ha convertido en un problema para Sánchez. Y así lo admiten fuentes de su equipo.
Ese es el motivo por el que el ministro intenta que su huella no sea simbólica, sino normativa. Su éxito depende que el ciclo de Sánchez se consolide o sea derribado en caso de que la derecha llegue al poder. Si ocurre lo primero, Bolaños quedará como el arquitecto silencioso de un nuevo equilibrio institucional. Pero si los españoles, cuando haya elecciones, dinamitan los cimientos de los últimos siete años, Bolaños pasará a la historia como el ministro que decidió reformar la Justicia justo cuando el poder y sus sombras estaban siendo juzgados.
El ministro, que sabe que sus colegas en Moncloa caen en el olvido y que la historia solo recuerda a los jefes del Ejecutivo, está empeñado en labrarse un nombre.
El alcance de la ofensiva reformista se mide en cifras. En 2025, el Consejo de Ministros aprobó dos leyes consideradas esenciales por el Ejecutivo: la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal –la primera gran revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 40 años– y el proyecto de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituye a la vigente desde 1882. A ellas se suma la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada definitivamente en diciembre de 2024 y cuya tercera y última fase entró en vigor el 1 de enero, transformando 3.800 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia.
La reforma penal es el núcleo más sensible. El proyecto de nueva LOECrim, aprobado en octubre de 2025 y en tramitación parlamentaria, traslada la instrucción de las causas al Ministerio Fiscal, crea la figura del juez de garantías y redefine la acusación popular, excluyendo a partidos políticos, sindicatos, personas jurídicas públicas y entidades dependientes de ellos.
Para sostener este cambio, el Gobierno ha reformado también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal prevé la mayor convocatoria de plazas de la historia reciente: casi 1.500 por oposición y concurso-oposición entre 2025 y 2027 (360 por oposición y 120 por concurso-oposición cada año), a las que se añade un proceso extraordinario de estabilización de 1.004 jueces y fiscales sustitutos –673 jueces y 331 fiscales, con un 80% de mujeres–, hasta alcanzar unas 2.500 nuevas plazas en tres años. La norma blinda además por ley las becas SERÉ, que en 2025 alcanzaron un récord de 1.290 beneficiarios y más de 15 millones de euros de inversión pública.
El despliegue se completa con una intensa agenda de digitalización. Los reales decretos-ley de modernización han consolidado los trámites telemáticos y la Carpeta Justicia, utilizada de forma habitual por 561.984 ciudadanos en 2025. Hace un año entraron en funcionamiento todos los nodos de interoperabilidad administrativa, lo que permitió compartir más de 513.000 datos y 186.000 expedientes entre juzgados y otras administraciones.
El nuevo Registro Civil digital, ya implantado en todo el territorio –incluidas embajadas y consulados–, permite obtener certificados inmediatos. A ello se suma la creación, en junio de 2025, de 50 plazas de jueces y 42 de fiscales para las secciones de violencia sobre la mujer. Todo este despliegue normativo y presupuestario se impulsa en paralelo al choque con buena parte de la judicatura y en un contexto de máxima presión judicial sobre el entorno del presidente Pedro Sánchez, lo que convierte cada cifra y cada reforma en un dato políticamente cargado de simbolismo.