Un modelo de financiación para dividir España
La propuesta de modelo de financiación autonómica presentada por María Jesús Montero no es un ejercicio de equidad, ni de cohesión territorial, ni de justicia fiscal. Es, más bien, un diseño político orientado a satisfacer a una comunidad concreta –Cataluña– a costa del conjunto de los españoles, rompiendo principios básicos que deberían regir cualquier sistema de financiación en un Estado que se dice solidario e igual ante la ley.
El problema no es sólo que Cataluña salga beneficiada con un sistema a la carta, como primer paso hacia el objetivo verdadero de los independentistas, que no es otro que un sistema fiscal propio. El problema es cómo sale beneficiada, quién paga la factura y qué incentivos perversos se generan para el futuro. Porque este modelo no redistribuye riqueza: la reasigna políticamente. Y lo hace castigando a quienes más contribuyen y perjudicando a las regiones con menor capacidad económica.
El esquema es claro. El Estado se compromete a aportar más recursos para satisfacer las demandas de financiación de determinadas comunidades, especialmente Cataluña. Pero el Estado no genera recursos por sí mismo: los recauda de los ciudadanos. Eso implica que ese esfuerzo adicional deberá financiarse con mayores impuestos, más deuda o con una mayor presión sobre las comunidades que ya sostienen el sistema.
Y ahí aparece Madrid como principal damnificada. Madrid, que es la comunidad que más aporta al sistema de financiación, verá incrementada su contribución al fondo de garantía. Es decir, se le exige aún más por hacer bien las cosas: por crecer, por atraer inversión, por generar empleo y por mantener una base fiscal amplia. Lejos de premiar la buena gestión, el modelo de financiación la penaliza. Y no sólo eso: introduce un elemento especialmente grave desde el punto de vista económico y moral, al castigar explícitamente las rebajas fiscales.
Reducir impuestos, mejorar la eficiencia del gasto y fomentar la actividad económica pasa a ser, según este planteamiento, una conducta reprochable. Se penaliza a quien baja impuestos porque «compite fiscalmente», como si la competencia fuese algo negativo y no uno de los pilares de cualquier sistema eficiente. El mensaje es demoledor: no se puede gestionar mejor, no se puede aliviar la carga fiscal a los ciudadanos, porque eso tendrá castigo en la financiación. Lo hace bajo el pretexto de acabar con el «dumping fiscal», cuando tal cosa no existe, ya que todas las regiones pueden bajar los impuestos como lo hace Madrid. Este sistema, con esta medida, lo que alienta es la irresponsabilidad en el gasto, que es el elemento característico de la política económica del Gobierno del presidente Sánchez.
Ahora bien, el daño no se limita a Madrid. Las comunidades más pobres económicamente tampoco salen beneficiadas. Al contrario: verán cómo los recursos destinados a Cataluña crecen más que los suyos, en términos relativos y absolutos. Es decir, el modelo no corrige desigualdades, sino que las reordena en función de intereses políticos. Se quita crecimiento potencial de ingresos a las regiones con menos capacidad para dárselo a una comunidad que ya se sitúa por encima de la media y que se vuelve insolidaria. El resultado es una fractura evidente: ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los de primera, los independentistas catalanes, con un trato singular, mayores recursos y un diseño a medida. Los de segunda, el resto de españoles, que pagan más, reciben menos y además son señalados si intentan mejorar su competitividad fiscal.
Todo ello, bajo un discurso de solidaridad que no resiste el más mínimo análisis económico. La solidaridad no puede ser un mecanismo de chantaje permanente ni una excusa para premiar la deslealtad institucional. No puede consistir en exigir cada vez más a quienes cumplen para contentar a quienes amenazan con romper el sistema si no obtienen privilegios y exigir dicho sistema para mantener al presidente Sánchez en el Gobierno, el cual está vendiendo por partes la vertebración de España para seguir un tiempo más en el banco azul. Este modelo no fortalece España. La debilita. No fomenta la convergencia, sino la dependencia. No incentiva la responsabilidad fiscal, sino el victimismo presupuestario. Y, sobre todo, rompe el principio de igualdad entre españoles, que debería ser la piedra angular de cualquier arquitectura institucional.
La financiación autonómica debería basarse en criterios objetivos, transparentes y estables: población ajustada, necesidades reales de gasto, capacidad fiscal y 3. No en acuerdos bilaterales encubiertos ni en concesiones políticas que se financian con el bolsillo de todos.
El nuevo sistema no es una reforma técnica: es una decisión política con consecuencias económicas profundas. Y esas consecuencias las pagarán los contribuyentes, las comunidades cumplidoras, las menos potentes económicamente y, en última instancia, la cohesión del país, porque cuando el Estado decide que unos valen más que otros, el problema ya no es presupuestario: es estructural.
*José María Rotellar es doctor en Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria