Sánchez promueve una batería de medidas para sortear la crisis de la legislatura
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en los primeros compases del año una serie de iniciativas en materia de vivienda, economía, financiación autonómica, agricultura o política internacional con las que pretende evidenciar la actividad del Ejecutivo y que la legislatura tiene recorrido.
Después de un 2025 complicado para el Gobierno y para el PSOE propiciado por presuntos casos de acoso sexual y otros de corrupción que afectan a los socialistas, y ante los que la oposición redobló su petición de que se adelantaran las elecciones generales, Sánchez, en su balance de ese ejercicio el pasado mes de diciembre, desechó totalmente esa posibilidad y reafirmó que habrá legislatura hasta 2027.
"Aún hay mucho por hacer", afirmó entonces, y en esa línea, pidió a sus ministros trabajar en medidas sociales que puedan hacerse efectivas, en algunos casos sin tener que pasar por el Congreso dadas las dificultades de la aritmética parlamentaria.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por EFE, señalan que no sólo se trata de impulsar medidas sociales, sino de tomar también decisiones en otros ámbitos que pongan de manifiesto, que el Gobierno "está muy vivo" y preparado ante los debates y preocupaciones existentes tanto en el ámbito nacional como internacional.
Así, tras su primer acto publico de 2026, su participación el 6 de enero en la reunión en París de los líderes de la denominada Coalición de Voluntarios por Ucrania, Sánchez anunció una ronda de reuniones con los representantes de los partidos con presencia en el Congreso para analizar la participación de tropas españolas (de la que es favorable) en una hipotética misión de paz en ese país.
Reunión con Feijóo
Una ronda que comenzará el próximo lunes con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y en la que, además de otros asuntos de política internacional como la situación en Venezuela, se abordarán cuestiones que han suscitado polémica como el modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno o las nuevas medidas en materia de vivienda desveladas por Sánchez.
Dos asuntos que han protagonizado los primeros días del año, ya que la nueva financiación autonómica se presentó después del acuerdo al que llegaron el presidente del Gobierno y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la reunión que mantuvieron el 8 de enero en el Palacio de la Moncloa.
Junqueras fue el encargado de anunciar ese acuerdo que al día siguiente detalló la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles en la que el Gobierno se quedó solo junto a Cataluña en la defensa de este sistema. Sánchez anunció también esta semana las nuevas medidas que pretende impulsar para facilitar el alquiler de vivienda y que incluyen una rebaja fiscal a los propietarios que no suban el precio a los inquilinos.
Acuerdos con PNV y con la Iglesia
El jefe del Ejecutivo ha prometido igualmente en los albores de 2026 facilitar tierras a los jóvenes agricultores, poniendo a su disposición hasta 17.000 fincas propiedad del Estado. Además, ha informado de la creación de un fondo soberano que se llamará 'España crece', dotado con 10.500 millones de euros y con vocación de movilizar hasta 120.000 millones, para mantener el empuje de todo lo logrado con los fondos europeos Next Generation.
Para seguir cuidando la relación con sus socios parlamentarios, en este caso el PNV, el Gobierno ha cerrado esta semana el traspaso a Euskadi de cinco nuevas competencias, entre ellas la gestión del subsidio de desempleo. Otro acuerdo suscrito ha sido el rubricado por el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal que fija un sistema de reparación para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
Junto a ello, en las dos reuniones que ha mantenido este año el Consejo de ministros, se ha aprobado un anteproyecto de ley que regula los créditos al consumo y limita temporalmente al 22 % el interés que se puede cobrar de forma general, y se han impulsado otras dos medidas incluidas en el Plan de Acción por la Democracia presentado en 2024. En concreto, el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de rectificación, y el anteproyecto de ley orgánica de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen.