La realidad es política
Como todo suceso intempestivo y radical, las tragedias de Adamuz y Gelida han sumido a España en una experiencia inevitable, que es la del instante preciso en el que la realidad irrumpe y desmiente con hechos la autosuficiencia del poder. En ese momento, lo que queda al descubierto no es solo una cadena de errores, sino una forma de gobernar que ha olvidado que existen ámbitos ajenos a la voluntad política. La infraestructura, entendida como realidad autónoma del gobernante y su voluntad, reclama su lugar no a modo de argumento de propaganda, sino, precisamente, como límite infranqueable para esa propaganda.
Durante años, el discurso gubernamental ha insistido en una idea de modernización continua sostenida por cifras de inversión, balances de ejecución y presentaciones de apariencia técnica. Ese lenguaje es propaganda en el momento en el que introduce una equivalencia engañosa, al sugerir que anunciar equivale a conservar, y en el instante en el que toma, por ejemplo, una vía de tren como un decorado del progreso pregonado y no como su condición material, que es lo que es en sentido estricto. La infraestructura pertenece a ese orden de lo real que no admite ser gobernado como un relato, porque no es una construcción simbólica, sino una condición material de la vida común.
El problema, por tanto, no es la existencia de accidentes –ninguna sociedad técnica puede prometer su inexistencia–, sino el contexto político que los precede y los hace previsibles. El relativismo político del que el Gobierno hace gala desde el mismo día de su constitución se apoya en una convicción tan extendida como engañosa, según la cual todo puede ser objeto de decisión. La acción de gobierno se ha ido especializando en la gestión de símbolos, la modulación de percepciones y la construcción de relatos de eficacia, hasta el punto de que se mide a sí mismo más por la visibilidad que por la consistencia de lo que sostiene. Sin embargo, la realidad es ajena a ese despliegue retórico e ignora la decisión política, no responde a consignas ni a estrategias de comunicación. Es el ámbito de aquello que resiste, envejece y falla si no es atendido con perseverancia, con independencia de la voluntad del gobernante de turno.
La realidad, además, no se tranquiliza con datos ni se acomoda a la repetición de cifras. Exige atención fuera de la cámara de eco que el Gobierno se ha ido construyendo para su propio confort, y reclama escuchar a quienes trabajan en el sistema cuando describen la red como un cuerpo fatigado. En el universo retórico del poder, esa voz no es reconocida como un diagnóstico, sino degradada a la categoría de opinión. De ese modo, se desactiva la advertencia sin tener que afrontar aquello que señala.
La gestión del ministro de Transportes encarna con claridad esta confusión. Su insistencia en subrayar la corrección formal de los protocolos, incluso cuando se habían impuesto limitaciones de velocidad por deterioro, constituye un síntoma reconocible. Se gobierna como si el objetivo principal fuera preservar la coherencia del relato institucional, y no recomponerlo tras quedar desmentido por la realidad material. La política pasa así a protegerse a sí misma antes que a salvaguardar aquello que sostiene la vida común. La relación con lo real deja de ser una relación de atención, para verse desplazada por un solipsismo absurdo y peligroso.
Rodalies constituye el ejemplo más elocuente de esta deriva prolongada. Durante años, el deterioro cotidiano ha sido normalizado mediante promesas futuras que aplazan indefinidamente la atención material. La creación de nuevas estructuras de gestión se presenta como solución, aunque responde antes a equilibrios políticos. Cambiar la forma jurídica de una entidad no altera el estado de una vía, del mismo modo que la realidad no reconoce competencias administrativas ni se adapta a los calendarios de un pacto.
Y si la infraestructura se convierte en objeto de negociación territorial, el cuidado de lo común se fragmenta y se reparte de manera incompleta. Nadie responde plenamente porque todos lo hacen solo en parte, y el Estado, aun conservando su aparato, debilita su función elemental, que es garantizar aquello que hace posible la vida compartida.
Cuando este desplazamiento se consolida, la responsabilidad deja de existir y se transforma en una técnica de justificación retrospectiva. La pregunta que activa los resortes del Gobierno ya no es si algo estaba verdaderamente en condiciones, sino si puede sostenerse públicamente que lo estaba. Hablar sustituye a escuchar, y discutir ocupa el lugar de atender, mientras la realidad queda sistemáticamente fuera del proceso político. Así, lo provisional acaba ocupando el lugar de lo estructural, y la excepción se normaliza hasta permitir que el poder confíe en el desgaste del interés público como mecanismo de absolución. Pero la realidad no se desgasta al mismo ritmo que los titulares ni se adapta a las necesidades del relato. Gobernar exige aceptar su primacía y reconocer que existen ámbitos en los que el poder no crea ni decide, sino ante los que responde. Ignorarlo no es un error técnico, sino una fractura ética. Y tiene consecuencias trágicas.