El informe del rastreo de contactos de Puigdemont con tres mossos investigados por su fuga llega al juzgado
La magistrada María Antonio Coscollola ya tiene en su poder el informe policial que encargó en busca de cualquier contacto de Carles Puigdemont con los tres mossos investigados por encubrimiento que revele que le auxiliaron en su huida tras su fugaz regreso a Barcelona en agosto de 2024.
En una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la instructora da cuenta de que la División de Investigación Interna de los Mossos d’Esquadra de Barcelona ha cumplimentado el requerimiento efectuado el pasado 16 de diciembre, un dictamen que acuerda incorporar a las diligencias –que acaba de prorrogar seis meses más– y trasladar a la defensa de los agentes, Hazte Oír y la Fiscalía «a efectos de mero conocimiento».
La magistrada solicitó a la Unidad de Asuntos Internos de los Mossos que examinara los móviles de los tres mossos –David Goicoechea, Xavier Manso y Jordi Rodrigo– en busca de cualquier comunicación con Puigdemont en las fechas anteriores y posteriores a su huida. Con el objetivo de constatar si auxiliaron al político independentista a eludir la orden nacional de detención y prisión cursada contra él por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés».
Una medida a la que se resistió Coscollola, quien en un principio rechazó la petición de Hazte Oír, viéndose obligada a acordarla por orden de la Audiencia Provincial de Barcelona, que estimó el recurso de la acusación popular contra esa negativa.
Riesgo de borrado
La intención de la magistrada es «concretar los flujos de comunicaciones vía llamada, SMS o mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea u otros sistemas de comunicación oral, escrita o telemática» para esclarecer «las comunicaciones entre los investigados y algún número vinculado» a Puigdemont. De ahí que emplazara a los Mossos a reclamar a siete compañías de telefonía móvil (Orange, Masorange, Aire Network, Movistar, Vodafone, Digimóvil y Más Móvil) la petición de datos de esos teléfonos.
Según puso de manifiesto, el hallazgo de esos mensajes o llamadas «se vería gravemente dificultado» sin llevar a cabo ese análisis, que ciñó al periodo comprendido entre «un mes antes y el día después de los hechos», tal y como determinó la Audiencia Provincial de Barcelona.
Asuntos Internos ya advirtió al juzgado de que, pese a que se trataba de la única vía para intentar recuperar los mensajes «aunque hubieran sido borrados», dado el tiempo transcurrido (casi año y medio) y teniendo en cuenta la «dilatada experiencia» de los agentes imputados, lo más probable es que utilizasen otros teléfonos o tarjetas prepago ajenas para poner trabas a su identificación.
Por otro lado, Coscollola ha prorrogado seis meses más la investigación. La instructora accede así a la petición de las acusaciones populares –Hazte Oír y Vox–, a la que no se opuso la Fiscalía pero sí la defensa de los agentes.
En la resolución en la que acuerda la medida, ve «necesario» ampliar hasta el 9 de agosto la investigación porque «faltan por practicar diligencias de investigación ya acordadas», de las que además pueden derivarse otras. Unas diligencias que, explica, “no se han podido practicar por los propios términos de lo acordado y por razones de agenda».