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Cae una red criminal que estafó a cientos de comercios haciéndose pasar por una empresa de limpieza

Una investigación que llevaba meses en marcha terminó esta semana con la desarticulación de una red criminal que estafó a cientos de comercios en Argentina haciéndose pasar por una supuesta empresa de limpieza industrial.

El grupo, que actuaba principalmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, ofrecía servicios de mantenimiento y desinfección a precios muy por debajo del mercado, pero nunca llegaba a cumplir con lo prometido.

Según la Policía Federal, los estafadores utilizaban un nombre comercial inexistente y presentaban documentación falsificada, desde certificados de habilitación hasta facturas apócrifas.

Una estafa millonaria que expone la vulnerabilidad de los pequeños comercios ante empresas fantasma

Su método era siempre el mismo: contactaban a pequeños comercios, almacenes, panaderías, peluquerías y locales gastronómicos, y ofrecían un “servicio integral” con descuentos especiales si se abonaba una parte por adelantado y una vez recibido el pago, desaparecían sin dejar rastro.

La investigación reveló que la red estaba compuesta por al menos ocho integrantes, cada uno con un rol definido: captadores telefónicos, falsificadores, cobradores y responsables de abrir cuentas bancarias temporales para recibir los pagos. Los allanamientos finales se realizaron en Quilmes, donde se incautaron computadoras, teléfonos, sellos, contratos impresos y más de 300 recibos utilizados en las estafas.

Los investigadores estiman que la organización habría estafado más de 50 millones de pesos argentinos (unos 50.000 euros), aunque no descartan que la cifra sea mayor, ya que muchos comercios afectados aún no han presentado denuncia.

También se encontraron listados con datos de negocios que la banda planeaba contactar próximamente.

El Ministerio de Seguridad advirtió que este tipo de delitos se ha vuelto más frecuente desde la pandemia, cuando muchas empresas comenzaron a contratar servicios externos sin verificaciones presenciales. Por ello, recomendaron a los comerciantes verificar la existencia legal de las empresas, exigir contratos formales y evitar pagos anticipados sin garantías.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia federal, que investiga si la red tenía ramificaciones en otras provincias o vínculos con organizaciones similares.

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