El juez del «caso Posse» valorará imputar a una asesora en Moncloa
El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles tendrá que decidir si imputa en el «caso Noelia Posse» también por los fraccionamientos en contratos públicos de comunicación a una asesora de Moncloa y estrecha colaboradora de la exalcaldesa socialista del municipio de la Comunidad de Madrid.
La acusación popular, que ejerce Sergio Gil del Sol, ex alto cargo de Hacienda del consistorio y denunciante de la presunta trama de corrupción, reclamó que Vicenta Palomo pasase a estar investigada por cuatro delitos. Encubrimiento, falso testimonio, malversación de caudales públicos y responsabilidad civil derivada de su inoperancia a la hora de evitar el supuesto desvío de fondos.
En su escrito, conocido por LA RAZÓN, la acción popular explica que Palomo ejerció el cargo de directora de la alcaldía durante la etapa de Posse como regidora mostoleña y «absorbió» la responsabilidad sobre la comunicación del ayuntamiento desde enero de 2018 y hasta junio de 2023.
Por ello, esta parte entiende que tendría responsabilidad penal en una serie de irregularidades que se investigan en contrataciones menores realizadas por la institución local, cuando Palomo ocupaba el mencionado cargo, a favor de una serie de compañías.
Le atribuyen haber ejercido «labores de intermediación para la adjudicación y posterior ejecución» de las licitaciones, así como de haber «encubierto las irregularidades y coacciones» reveladas por una de las directoras del área de comunicación local.
Yendo a lo concreto, el denunciante de Posse apela a que se desprende de la investigación policial desarrollada hasta el momento y de las declaraciones de varios testigos que la dirección de la comunicación, y la tramitación de estas adjudicaciones bajo sospecha, las asumió Palomo desde el área de alcaldía. Al menos, después de que el edil Roberto Sánchez abandonase el gobierno municipal.
Respecto a ello, recuerda que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaron en un informe que «se puede inferir que sendos contratos menores fueron adjudicados en fechas cuasi coincidentes, siendo la empresa adjudicataria y resto de licitadores los mismos, y con un objeto muy similar».
Las empresas que supuestamente habrían sido contratadas para dar parte de estos servicios de comunicación a la ciudad de Móstoles son las vinculadas a los también imputados Alberto Gasco y David Zamorano (este último del periódico local «Móstoles al Día»), tal y como advierte el escrito dirigido al tribunal.
Además, Gil de Sol destaca que en otra testifical ante la UCO de la Guardia Civil una ex directora de comunicación del consistorio manifestó, literalmente, que: «Nada se movía sin que pasase por la mesa de Palomo».
Esta antigua trabajadora confirmó que durante la etapa de Palomo al frente de la comunicación se prepararon pliegos de contratos referentes a esta materia y declaró que recordaba que la ahora trabajadora de Presidencia del Gobierno le insistió en tener listos las condiciones de la licitación de manera urgente, lo antes posible.
La acusación lo relaciona con que estarían produciéndose presiones, además de por el citado medio local, por el periódico «Sur Madrid», con Pedro Benayas al frente, a fin de que los pliegos saliesen adelante de manera rápida. La que fuera «dircom» del consistorio manifestó a los agentes que ella acabó yendo a prácticamente a diario a ver cómo iban, por orden directa de Palomo.
De igual forma, el denunciante de Posse hace valor que la participación de Palomo en la contratación de los expedientes en los que se indaga «queda manifiesta» también por la propia declaración de varias mercantiles que recibieron estos encargos del Ayuntamiento de Móstoles, en cuanto a que la identificaron como una de las representantes de la administración local con las que mantuvieron «comunicaciones».
En lo relativo al supuesto encubrimiento y coacciones denunciadas, la acusación popular relata, apoyándose en la propia declaración de la empleada, que nada más llegar al ayuntamiento, un cargo le presentó una serie de facturas. Indicándole que como su predecesora no las había firmado, le tocaba suscribirlas. La «dircom» aseveró que reaccionó negándose, apelando a que cómo iba a autorizar el abono de unos servicios que se habían contratado con anterioridad a que su entrada en la administración local.
No las firmó, en un primer momento y supo que eran reclamadas por Miguel Ángel Gasco. Sin embargo, el concejal Sánchez le advirtió de que tenía que suscribirlas, «hasta el punto de presionarla». La trabajadora le contó lo sucedido a Palomo, que –según ella– le contestó con un «tú verás lo que haces». Ella las acabó firmando.