Peinado reacciona a la negativa de Begoña Gómez a entregar su pasaporte: reclama sus vuelos con la asesora de Moncloa
El juez Juan Carlos Peinado ha dado diez días de plazo al Ministerio del Interior para que recabe de las compañías aéreas los vuelos que compartieron Begoña Gómez y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez desde el 16 de julio de 2018, cuando esta última fue nombrada para el cargo.
El magistrado toma esta decisión después de que ambas investigadas se hayan negado a entregar al juzgado sus pasaportes, como les reclamó Peinado.
En un auto adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juez acuerda que se solicite a la ONIP (Oficina Nacional de Información del Pasajero), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, que "tras recabar de las líneas aéreas correspondientes la necesaria información" le facilite "en el improrrogable plazo de diez días" esa información, "bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia judicial" si no atiende este requerimiento.
Específicamente, reclama "los posibles viajes realizados a la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación de Repúblicas Rusas".
Asimismo, ordena que se pida a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, también en el plazo de diez días, una copia "de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde la cuenta de Begoña Gómez desde el día 11 de julio de 2018.
Según dispone Peinado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deberá analizar posteriormente esos correos.
"Escasa o casi nula" colaboración
El instructor justifica ese plazo improrrogable de diez días en "la experiencia anterior en cuanto a lo que ha sido solicitado por este órgano judicial a cualquiera de las dependencias de la Presidencia del Gobierno", que según recuerda "ha sido cumplimentado con un retraso injustificado", lo que según su criterio "hace necesario, que se fije un plazo" para garantizar el cumplimento de estos nuevos requerimientos.
Peinado sostiene que estas medidas son "necesarias" e idóneas" por la "escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia" de las investigadas, que se han acogido reiteradamente a su derecho a no declarar, salvo en una ocasión Gómez, que solo contestó a las preguntas de su abogado. Este hecho, añade, unido a "la negativa a facilitar los pasaportes" le aboca a acudir a "otras vías de investigación".
Y aunque afirma que podría recurrir a otras medidas, "como incluso la de entrada y registro de los domicilios de las investigadas", admite que esa diligencia "sí que sería desproporcionada".