Pedraz bloquea una cuenta de 10 millones de un colaborador de Begoña Gómez
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido bloquear una serie de cuentas que pertenecen a varios implicados en el fraude del fuel del conocido como «caso Hidrocarburos». En total son 14 las direcciones bancarias que han sido embargadas. La de mayor cuantía pertenece a la empresa Labirinto de Bruma Unipessoal, una compañía afincada en Portugal y que tiene un saldo de 9,97 millones de euros.
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa como gerente de la sociedad a Luis Martín Lara, quien también aparece como vicepresidente y consejero delegado de CE Consulting Empresarial España SL. Esta compañía, como publicó en una nota de prensa de julio de 2023, suscribió un convenio de colaboración con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía entonces la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El objetivo era «promover el desarrollo sostenible en las pymes del territorio nacional». El juez Juan Carlos Peinado dirige una investigación judicial en Plaza de Castilla sobre la actividad empresarial de Gómez desde que Pedro Sánchez está en el Palacio de La Moncloa.
En octubre de 2022, Martín Lara participó en una mesa redonda dentro de la Cátedra de Fundraising de Gómez. Trataba sobre «las claves de captación de fondos públicos europeos y de fondos privados para el tercer sector».
El nombre de este empresario aparece varias veces en los informes de la UCO sobre el presunto fraude del IVA de la empresa Villafuel. En concreto, le señalan como administrador único de la empresa de Claudio Rivas, socio del empresario Víctor de Aldama, entre el 30 de diciembre de 2020 y el 2 de agosto de 2021, aunque él ha negado vinculación alguna. También lo fue de Still Growing, matriz de la compañía investigada, entre el 9 de febrero del 2021 y el 1 de septiembre del 2021, continuando como apoderado a partir de esa fecha hasta el 26 de septiembre de 2023.
Luis Martín fue el administrador de la matriz de Villafuel durante el periodo en que Claudio Rivas era propietario de la compañía y se produjeron la reunión en el Ministerio de Industria y los presuntos pagos en Ferraz narrados por Pano. En septiembre de 2021 la compañía cambió de propiedad. Según han revelado los mensajes incorporados por la UCO a la causa, la nueva propietaria de Villafuel hizo que Rivas, Aldama y Koldo se apartaran de las gestiones y cesaran las "presiones" a los ministerios para acabar logrando la licencia por vía administrativa convencional más de un año después (septiembre de 2022) de que Ábalos y su asesor salieran del Gobierno.
Omisión del nombre
En julio del año pasado, el juez Pedraz tomó declaración a un alto directivo de Villafuel, Pedro Marín. Este «testaferro cualificado» y figura clave en el esquema organizativo de la empresa acusada de defraudar 231 millones de euros, como lo cataloga la Guardia Civil, ocultó el nombre de la persona que le presentó a Claudio Rivas, supuesto cabecilla de la organización. Según fuentes jurídicas presentes durante su testimonio, ese sería Martín Lara. Pero también relató las empresas que hicieron algún tipo de trabajo de consultoría para la suministradora de fuel y tampoco señaló a la compañía CE Consulting.
Durante su declaración, el trabajador de Villafuel admitió al juez que fue él quien gestionó la licencia de hidrocarburos de la empresa con el Ministerio de Transición Ecológica que, por aquel entonces, dirigía Teresa Ribera. También explicó ante Pedraz que recibió una llamada del asesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, para pedirle que dejaran de insistir en conseguir la licencia de operador. No obstante, Pedro Marín defendió que todo se hizo de forma legal, según las citadas fuentes conocedoras.
Tras la declaración de Pedro Marín, las acusaciones del «caso Hidrocarburos» pidieron al juez que imputase al empresario Luis Martín Lara. El magistrado no lo ha considerado oportuno hasta el momento, pero sí ha embargado sus cuentas millonarias en Portugal, algo que ha llamado la atención de las fuentes consultadas por este periódico.
En esta causa judicial hay varias acusaciones personadas: Hazte Oír, que lleva la dirección letrada, el Partido Popular, Vox y Liberum. Pero también está el PSOE, que sólo cuatro días después de pedir la imputación de Lara presentó un escrito en el que se oponía a que se investigase al patrocinador de los estudios de Begoña Gómez en la Complutense.
Según los socialistas, entonces eran «diligencias ajenas al objeto de la causa, ya bastante avanzada, centrada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública por empresas comercializadoras de hidrocarburos». Además, señalaron que en ese momento» la concesión de la licencia a Villafuel» no estaba «bajo sospecha».
En este procedimiento está imputada la empresaria Carmen Pano. Se trata de la mujer que aseguró haber llevado a la sede del PSOE en Ferraz «bolsas» con fajos de billetes. Hasta 90.000 euros en dos tandas. Según su versión, lo hizo por orden de Víctor de Aldama, algo que el empresario siempre ha negado. El pasado 30 de enero ratificó este testimonio en la Audiencia Nacional. Antes lo hizo en la Guardia Civil y en el Tribunal Supremo en el marco del «caso Koldo».
La investigada relató que el dinero procedía «siempre» de parte del presunto cabecilla del fraude, Claudio Rivas. Según explicó ante el juez Santiago Pedraz, los 45.000 euros de la segunda entrega se los llevó a su casa de Las Rozas de Madrid un hombre llamado «Lolo», identificado como Manuel de las Heras.