Las personas sordas piden una atención accesible
Las personas sordas siguen encontrando obstáculos cotidianos para acceder a información y servicios básicos en España. Barreras de comunicación en consultas médicas, dificultades para participar plenamente en el sistema educativo o limitaciones para realizar trámites administrativos forman parte de una realidad que las organizaciones del sector denuncian desde hace años. En ese contexto, el movimiento asociativo ha vuelto a reclamar medidas que garanticen que los derechos reconocidos en la legislación se traduzcan en una igualdad efectiva en la vida diaria.
Con ese objetivo, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) presentó esta mañana un protocolo de Atención a Familias con Miembros Sordos que establece un marco común de actuación para asegurar una atención accesible, equitativa y basada en derechos en todo el territorio español. La iniciativa se dio a conocer en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en un acto en el que representantes de la entidad insistieron en que las desigualdades que afectan a las personas sordas no responden a casos aislados, sino a fallos estructurales del sistema.
Durante la presentación, el presidente de la confederación, Roberto Suárez, subrayó que las barreras que afrontan las personas sordas siguen presentes en ámbitos esenciales como la educación, la sanidad o la protección social. Según explicó, la falta de recursos accesibles y de protocolos claros provoca que muchas familias dependan de la disponibilidad puntual de medios o de la iniciativa individual de los profesionales que las atienden.
«No se trata de situaciones aisladas, sino de déficits estructurales del sistema que deben ser corregidos», afirmó Suárez, según informó Efe. En su opinión, una atención inclusiva y de calidad «no puede depender de la disponibilidad puntual de recursos ni de la sensibilidad individual de los profesionales», sino que debe garantizarse mediante mecanismos estables y comunes en todas las administraciones.
El protocolo presentado por la CNSE propone precisamente ese marco estructurado de intervención. Entre sus principales líneas de actuación se incluye asegurar que la atención sea accesible desde el primer contacto con los servicios públicos o entidades sociales, realizar diagnósticos participativos que tengan en cuenta las necesidades de las familias y garantizar la asignación de recursos de apoyo.
Según explicó Lucía Espejo, responsable de la presentación de la herramienta, el modelo contempla la provisión de servicios de interpretación en lengua de signos, el uso de tecnología de apoyo y la disponibilidad de materiales accesibles. Además, plantea sistemas de seguimiento continuo para evaluar la calidad de la atención y corregir posibles deficiencias.
«El protocolo quiere ser una herramienta técnica para mejorar la intervención profesional», señaló Espejo, quien añadió que también busca establecer «un estándar mínimo de calidad democrática» en la atención a familias con miembros sordos. La organización considera que la existencia de un marco común permitirá reducir desigualdades territoriales y mejorar la coordinación entre administraciones y profesionales.
Las familias afectadas también participaron en el acto para explicar su experiencia. Patricia Salcedo, madre de un niño sordo, destacó la importancia de que el sistema educativo y social reconozca plenamente la diversidad lingüística, informa Efe. «Queremos que nuestros hijos crezcan en entornos inclusivos y sin discriminación, donde todas las lenguas sean valoradas y respetadas para garantizar una comunicación plena», afirmó.
Uno de los aspectos que la CNSE considera prioritarios es la prevención de la privación lingüística en la infancia sorda. La entidad alertó de que la falta de acceso temprano a una lengua plenamente accesible puede tener consecuencias en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores. Por ello, reclamó que el acceso temprano y efectivo a la lengua de signos esté garantizado desde los primeros años de vida.
La organización recuerdó, además, que el ordenamiento jurídico español ya recoge diversos derechos relacionados con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para las personas sordas. Entre ellos figura el derecho a acceder a servicios esenciales sin barreras de comunicación. Sin embargo, sostiene que la aplicación de estas normas sigue siendo irregular.