El Gobierno no hará la reforma laboral que exige la UE para no romper con el PNV
España es el único país de la Unión Europea que no obliga a los partidos políticos a lograr entre el 2% y el 5% de los votos para poder obtener representación en las elecciones europeas. No lo hace a pesar de que se trata de una exigencia del Consejo Europeo desde 2018, en la que el PSOE votó a favor, y a pesar de que el pasado mes de enero el Parlamento Europeo emitió un informe denunciando el incumplimiento y recordando al Ejecutivo que debía aplicarlo.
El motivo por el cual el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a cumplir este mandato es que perjudicaría seriamente a sus socios parlamentarios, especialmente al PNV. Además, según ha podido saber LA RAZÓN a través de una respuesta por escrito al Grupo Popular en el Congreso, el Ejecutivo sigue ahora mismo sin intención de aplicar la reforma, a pesar de que sí podría sacarla adelante si se apoyase en el PP.
En febrero, el PP registró en el Congreso una pregunta por escrito al Gobierno en la que cuestionaba por qué en España no se había reformado la ley electoral para aplicar ese umbral exigido. En su respuesta, el Ejecutivo recuerda que la ley electoral tiene carácter orgánico y que "como norma vertebral de nuestro sistema democrático, su reforma exige el máximo consenso en sede parlamentaria".
El Gobierno también añade que son las Cortes Generales "quienes ejercen la potestad legislativa del Estado y, por tanto, a quienes corresponde tramitar y aprobar la modificación legislativa por la que se interesan" los populares.
Por la respuesta del Gobierno cabría deducir que España no está actualizando la reforma electoral porque al Ejecutivo no le dan los números para hacerlo. Sin embargo, no es así. Las leyes orgánicas necesitan de una mayoría absoluta en el Congreso para su modificación; es decir, más de 175 diputados. El PP, que está a favor de la reforma, tiene 137 diputados y si el PSOE uniera los suyos, entre ambos sumarían 258 escaños.
Esos 258 escaños representan más del 73% de todo el Congreso. No sólo es una cifra suficiente para modificar una ley orgánica, sino que es lo bastante amplia, incluso, como para reformar la Constitución.
Sin embargo, Sánchez no puede arriesgarse a llevar a cabo esa actualización de la ley electoral que le exige Europa por su dependencia de sus socios en el Congreso. Estos podrían amenazar con retirarle el apoyo y complicarle todavía más la legislatura, especialmente el PNV, que sería el más afectado por la reforma.
En las últimas elecciones europeas, CEUS, la coalición en la que se integran los nacionalistas vascos, obtuvo solo el 1,61% de los votos, por lo que se habría quedado sin representación en el Parlamento Europeo si la actualización se hubiera realizado. Por ello, el PNV puso como exigencia para investir a Sánchez en 2023 que el presidente del Gobierno no cambiaría la ley electoral; por lo que, si lo hace, estaría rompiendo el pacto de investidura con los vascos.
Los nacionalistas no son, sin embargo, los únicos que se verían afectados. La exigencia de la Comisión Europea establece el umbral entre el 2% y el 5%. Si se elevara al máximo, ese 5%, también se verían afectados el resto de socios de Sánchez. De hecho, en los últimos comicios europeos sólo obtuvieron un resultado por encima el PP (34,2%), el propio PSOE (30,18%) y Vox (9,62%). De haberse elevado al 5%, socios como Sumar, Podemos, Bildu o ERC se habrían quedado sin representación y los 13 escaños en el Parlamento Europeo que obtuvieron se tendrían que haber repartido entre las tres principales fuerzas políticas.
"El Gobierno de España no puede tomar decisiones sobre política exterior basadas en cálculos partidistas y de ventaja política interna", aseguran desde el PP, en la pregunta parlamentaria registrada. "Es tremendamente perjudicial para nuestra imagen como país, para nuestra credibilidad internacional y para nuestra coherencia estratégica", añaden.