Universidad, ciencias sociales y democracia: una defensa común
Los recientes dichos del Presidente José Antonio Kast respecto del financiamiento de la investigación científica en las universidades chilenas no solo revelan una preocupante incomprensión sobre el papel estratégico que cumple la producción de conocimiento en el desarrollo contemporáneo, sino que además expresan una mirada reduccionista del valor de la ciencia, subordinándola exclusivamente a criterios inmediatos de rentabilidad económica y generación de empleo.
La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario: ningún país ha alcanzado niveles significativos de desarrollo, innovación, cohesión social o fortalecimiento democrático debilitando sus sistemas universitarios y científicos. La investigación —incluyendo de manera decisiva a las ciencias sociales, las humanidades y las artes— constituye una infraestructura crítica para comprender las transformaciones sociales, anticipar conflictos, fortalecer las políticas públicas, resguardar la democracia y proyectar horizontes de desarrollo para la sociedad en su conjunto.
En Chile, donde la inversión en investigación y desarrollo continúa siendo dramáticamente baja en comparación con estándares internacionales, este tipo de discursos resulta particularmente grave. Del ya insuficiente porcentaje del PIB destinado a investigación científica, las ciencias sociales reciben una fracción mínima, pese a que son precisamente estas disciplinas las que permiten comprender fenómenos tan complejos y urgentes como la desigualdad, la violencia, las transformaciones culturales, las migraciones, las crisis institucionales, las nuevas tecnologías y los desafíos de convivencia democrática.
En este contexto, una eventual profundización de las restricciones presupuestarias no solo afectaría las condiciones laborales y académicas de miles de investigadoras e investigadores, sino que empobrecería la capacidad reflexiva del país y debilitaría gravemente el rol público de las universidades estatales.
La Universidad de Chile tiene una responsabilidad histórica en este escenario. Como principal universidad pública del país, está llamada a liderar una defensa decidida de la investigación, del pensamiento crítico y de la producción de conocimiento como bienes públicos esenciales para la vida democrática.
Sin embargo, este desafío también nos exige asumir una reflexión estratégica desde las propias ciencias sociales. La defensa de la investigación no puede limitarse únicamente a la denuncia frente a políticas regresivas o visiones antiintelectuales. Debemos también fortalecer nuestra capacidad de innovación institucional, ampliar redes nacionales e internacionales de colaboración, desarrollar nuevas alianzas con organizaciones sociales, culturales y territoriales, e imaginar formas más autónomas, abiertas y socialmente vinculadas de producción de conocimiento en las condiciones tecnológicas y culturales del presente.
Frente a este escenario, mi invitación es a actuar con unidad, convicción y sentido histórico. Defender la investigación científica y las ciencias sociales no constituye una demanda corporativa: es una defensa de la democracia, de la capacidad crítica de la sociedad y del futuro del país.
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