Acceso a la justicia y los medios tecnológicos
El acceso a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de derecho. Más que un simple principio jurídico, representa la posibilidad real de que toda persona pueda acudir a las instituciones para defender sus derechos, resolver conflictos y obtener protección frente a abusos o arbitrariedades, razón de ser y existir del poder judicial.
Por ello, puede afirmarse que el acceso a la justicia es el fin último de todos los esfuerzos de un sistema judicial: tribunales, leyes, jueces, procedimientos, tecnología y reformas institucionales carecen de sentido si la población no puede acceder efectivamente a una justicia pronta, imparcial y eficaz.
Por ello, el concepto moderno incluye dimensiones sociales, económicas, culturales y tecnológicas. Una justicia inaccesible por costos elevados, corrupción, lentitud o discriminación es, en la práctica, una justicia negada.
Cuando un ciudadano no puede eficientemente defender su propiedad, reclamar alimentos, denunciar violencia, exigir cumplimiento de contratos o proteger sus libertades fundamentales, el sistema fracasa en su propósito esencial.
Por ello, las reformas judiciales contemporáneas suelen orientarse hacia:
- Simplificación de procesos.
- Transparencia institucional.
- Digitalización de expedientes.
- Capacitación judicial.
- Inclusión de grupos vulnerables.
Todas estas medidas persiguen un objetivo común: acercar la justicia a las personas.
En nuestro País, con evidente debilidad institucional, existen múltiples barreras: económicas, geográficas, culturales y lingüísticas.
Las comunidades rurales o alejadas del tribunal (el caso de la centralización de la Corte de Constitucionalidad), hace que las personas que viven fuera de la Ciudad, especialmente con la ausencia de medios de transporte adecuados por el problema del tránsito y estado de las carreteras, sufran de menos acceso a la justicia constitucional.
El acceso a la justicia también es un mecanismo de equilibrio social. Permite que incluso las personas más vulnerables puedan reclamar derechos frente a actores poderosos, incluyendo al propio Estado. Sin acceso a la justicia los derechos humanos se vuelven meramente declarativos. La democracia pierde legitimidad, aumenta la conflictividad social y se fortalece la impunidad.
En las últimas décadas, la tecnología ha surgido como una importante herramienta para ampliar el acceso a la justicia:
- Expedientes electrónicos.
- Audiencias virtuales.
- Notificaciones digitales.
- Sistemas de consulta pública.
- Inteligencia artificial aplicada a gestión judicial.
Estas innovaciones reducen tiempos y costos. La modernización debe tener siempre un enfoque humano: la tecnología debe servir al ciudadano. El acceso a la justicia sintetiza la razón de ser del sistema judicial. Todo esfuerzo institucional —reformas legales, construcción de tribunales, capacitación, digitalización o fortalecimiento presupuestario— debe orientarse a garantizar que cualquier persona, sin importar su condición económica, social o cultural, pueda obtener tutela efectiva de sus derechos.
La tecnología es una herramienta obligada para cumplir con esos fines. Si la Corte de Constitucionalidad ya cuenta con expedientes electrónicos, audiencias virtuales, notificaciones digitales, sistema de consulta pública y ya se ha adaptado eficientemente a lograr de esa forma su objetivo de mayor acceso a la justicia constitucional y ha logrado rapidez de sus resoluciones utilizando las herramientas modernas, porqué abandonar y echar marcha atrás en el uso de la tecnología ?