¿Por qué Yara Jiménez archivó el caso de Fabricio Alvarado sobre presunto abuso sexual y qué pasa ahora?
La esperada decisión de la presidenta legislativa, Yara Jiménez, sobre la investigación a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual cayó como un balde de agua fría en la sesión del plenario del Congreso, este jueves 14 de mayo, a las 4:15 p. m.
En ese momento, la jerarca terminó de leer una resolución que archivó los expedientes y sepultó la posibilidad de discutir los tres informes de la comisión que investigó la denuncia de la exdiputada y ahora también exasesora legislativa Marulin Azofeifa por actitudes de hostigamiento y abuso sexual contra ella de parte del diputado evangélico.
La jerarca del Congreso había prometido, desde el jueves 7 de mayo, en reunión con las jefaturas de las fracciones parlamentarias, que su decisión se basaría en el criterio de la Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa que ella había solicitado expresamente.
Aquí puede leer la resolución de la presidenta legislativa, Yara Jiménez:
Sin embargo, en una vuelta de tuerca inesperada, ignoró ese criterio legal, de 12 páginas y amplio fundamento jurídico, para hacerle caso a otro criterio, solicitado por el primer secretario del Directorio, el también oficialista Gerald Bogantes, al Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos que, en tres páginas, sintonizaba con lo que venía diciendo, desde días atrás, el jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta.
¿Qué dicen los criterios de Legal y Técnicos?
En síntesis, el criterio de la Asesoría Legal decía que el plenario sí podía conocer los informes de la comisión investigadora sobre el presunto hostigamiento sexual, porque los tres reportes tienen la misma naturaleza jurídica que los informes de los otros órganos investigadores del Congreso establecidos por norma constitucional.
También advertía de que, como la sanción que se le aplicaría a Alvarado era de carácter ético, no es necesario, ni material ni jurídicamente, que se encuentre en el ejercicio de las funciones como diputado, sino que solamente se requería que el hecho generador de la denuncia se hubiere cometido cuando era diputado.
Puede leer ese informe aquí:
El otro informe, al que sí le hizo caso la presidenta Yara Jiménez, firmado por Fernando Campos, gerente de Servicios Técnicos, asegura que la Asamblea Legislativa pierde la potestad sancionadora cuando la persona investigada ya no es diputada, porque la amonestación sería inaplicable.
Este criterio fue cuestionado por diputados como José María Villalta, jefe del Frente Amplio, porque efectivamente podría ser inaplicable una sanción a quien ya no es parte del Congreso, pero no por eso dejar de finiquitarse la discusión en el plenario y tomarse una decisión, en uno u otro sentido, máxime que Fabricio Alvarado bien podría regresar a la curul, como él mismo lo reconoció en febrero.
Advertencia de la Defensoría, también ignorada
Al igual que Yara Jiménez privilegió el criterio que le recomendaba archivar la investigación de Alvarado, también desoyó un oficio enviado por el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes.
El miércoles 13 de mayo, un oficio firmado por la defensora, Angie Cruickshank, le señaló que la salida de un funcionario denunciado no eliminaba la posibilidad de que el Congreso conociera y resolviera administrativamente un caso de presunto hostigamiento sexual ni las eventuales responsabilidades institucionales derivadas.
Esta es la advertencia enviada por la Defensoría:
“Incluso en aquellos escenarios en los que la persona denunciada ya no ocupe el cargo, si del análisis realizado se determina la responsabilidad por hostigamiento sexual, la consecuencia institucional no se agota en la posibilidad de ejecutar materialmente una sanción”, señala el criterio de la Defensoría.
El oficio también señala que este tipo de procedimientos se rigen por la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (Ley N.° 7476) y recordó que los casos deben analizarse bajo principios como la confidencialidad, la no revictimización y la adecuada valoración de la prueba.
Además, la Defensoría advirtió que las eventuales investigaciones penales no sustituyen la obligación administrativa de la Asamblea Legislativa de conocer y resolver los hechos denunciados.
Sin embargo, fue precisamente esa la vía por la que optó Yara Jiménez, al decir, en su resolución, que existe un proceso penal en trámite en el juzgado penal de Desamparados, por lo que adujo que su decisión “no genera un estado de desprotección para la denunciante”.
Pueblo Soberano salva a Fabricio Alvarado
Tras la resolución de Yara Jiménez, que evitó por tercera vez discutir la sanción por presunto hostigamiento sexual, las fracciones de oposición apelaron la decisión. Sin embargo, la mayoría de Pueblo Soberano en el plenario —con 29 votos disponibles— volvió a impedir la amonestación ética pública contra el exdiputado.
Las cuatro fracciones del autodenominado bloque democrático condenaron duramente la decisión de la presidenta e, incluso, señalaron que podría estarse cometiendo prevaricato.
Los voceros de oposición acusaron a Jiménez de propiciar el encubrimiento y la impunidad de Fabricio Alvarado, pese a que incluso la presidenta, Laura Fernández, acusó al exlegislador evangélico de haberla acosado sexualmente.
Al momento de votarse la apelación contra la resolución de Yara Jiménez, los 29 oficialistas hicieron caso omiso de todos los llamados de la oposición para cumplirse a la presunta víctima de hostigamiento sexual, pero la votación fue en bloque, vigilada estrictamente por el jefe de fracción, Nogui Acosta.
El alegato del vocero de gobierno es que la resolución de la presidenta legislativa no es sobre el fondo, sino solamente sobre la potestad del Congreso, en este punto, de sancionar o no a alguien que ya no es diputado.
‘El Estado le da la espalda a la víctima’
La decisión de la presidenta del Congreso es una señal de que el Estado una vez más le falla a la denunciante, presunta víctima de abuso sexual, manifestaron los abogados de Marulin Azofeifa, David Delgado y Carolina Hidalgo.
También señalaron que el mensaje es profundamente peligroso para las personas que sobreviven a la violencia sexual.
“Denunciar no garantiza justicia ni respeto, denunciar implica volver a enfrentar estructuras de poder que minimizan, silencian y revictimizan”, dijeron.
Los abogados también anunciaron acciones para determinar la responsabilidad de todas las personas funcionarias que, por acción u omisión, hayan entorpecido el proceso, ignorado denuncias, incumplido sus deberes o contribuido a proteger estructuras de poder frente a las víctimas de violencia sexual.
“La protección política, el cálculo partidario y el miedo a enfrentar figuras de poder continúan pesando más que la dignidad y los derechos de las víctimas”, dijeron los representantes de Marulin Azofeifa.