El Defensor del Pueblo analiza 317 peticiones de indemnización de víctimas de abusos de las Iglesia
La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, creada para decidir la reparación e indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia que no pueden acudir a la vía penal, ya analiza 317 expedientes desde que se constituyó el pasado 15 de abril. El número duplica los casos atendidos por la comisión asesora del PRIVA, creada por la Iglesia con profesionales independientes para el mismo fin, que el pasado abril, cuando actualizó los datos por última vez, había atendido a un total de 156 personas. La Unidad fue creada por el Ministerio de la Presidencia a partir del acuerdo firmado el 8 de enero por el ministro Félix Bolaños con Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego, como presidentes de la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos, respectivamente. Desde que la web del ministerio activó el cuestionario, el 15 de abril, ha recibido un total de 377 solicitudes, de las que 60 no han sido validadas, de ahí las 317 que han sido derivadas a la Unidad de Víctimas. La comisión de trabajo, reunida este lunes en la sede del Defensor del Pueblo, tendrá ahora que realizar una evaluación individualizada de las solicitudes y elaborar la propuesta de valoración para el reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación. Según el protocolo de funcionamiento, rubricado el pasado 30 de marzo por representantes de la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo, la Unidad de Víctimas tiene un plazo de tres meses, a contar desde su presentación, para emitir una valoración de reconocimiento o de denegación de la solicitud. Los dictámenes serán trasladados a la Comisión Asesora del PRIVA para que, en un máximo de dos meses, dé a conocer su criterio. Si hay acuerdo, la valoración del Defensor del Pueblo y la respuesta de PRIVA serán trasladadas a la persona solicitante, que tendrá quince días para expresar o no su conformidad. Si hay acuerdo entre todas las partes, la resolución se considerará definitiva. En caso de discrepancia por alguna de las partes, la Unidad de Tramitación enviará al Defensor del Pueblo los informes y alegaciones para que, en 15 días, los analice y convoque a la Comisión Mixta para tratar de alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo de un mes. Si eso no ocurriera, tras hablar con representantes de la Conferencia Episcopal y la CONFER, prevalecerá la valoración efectuada por el Defensor del Pueblo y así le sería comunicado a la víctima y a la Comisión Asesora del PRIVA, a fin de proceder a su cumplimiento. El Protocolo también detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas. También recoge la posibilidad de una reparación económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas. El proceso permite solicitar un documento que acredite la condición de víctima. Ambos procesos, el del Defensor del Pueblo y el de la Comisión PRIVA, funcionan en paralelo y no son excluyentes, por lo que algunas de las víctimas que ya acudieron al proceso organizado por la Iglesia han recurrido también a él como una segunda instancia. Ahora, la Unidad de Víctimas tendrá que confirmar si la indemnización ofrecida es adecuada o debe revisarse. A mediados de abril, la comisión de la Iglesia había atendido un total de 156 casos y había emitido 94 dictámenes de reparación integral e indemnizaciones, que superaban los dos millones de euros. Por su parte, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo la componen profesionales independientes y expertos en victimología, psicología, criminología y en diversas disciplinas jurídicas. Esta se responsabiliza de la evaluación individualizada de las solicitudes y de la elaboración de la propuesta de valoración para el reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación. Los miembros de la Unidad de Víctimas son, por orden alfabético: —Xabier Arzoz Santisteban. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). —María Avilés Navarro. Letrada de la Administración de Justicia y asesora en el Defensor del Pueblo. —Olga Belmonte García. Doctora en filosofía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, participó en la creación y fue miembro del Proyecto REPARA (Reconocimiento, prevención, atención y reparación a víctimas de abusos) del Arzobispado de Madrid. —Carlos Calderón Modrego. Abogado y psicólogo especializado en violencia sexual. —Antonio Fernández Barba. Coordinador de la Unidad de Víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. —Karina Mikkelsen Geldres. Administrativa de la Unidad de Víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. —Antonio Mora Lladó. Jefe del Servicio de Estudios y Documentación en el Defensor del Pueblo y director de la Unidad de Víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. —José Manuel Muñoz. Psicólogo forense y criminólogo. —Noemí Pereda Beltrán. Doctora en Psicología. Catedrática de Victimología en la Universidad de Barcelona. —María Jesús Raimundo Rodríguez. Fiscal adscrita de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. —Alejandro Saiz Arnaiz. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra. —Gustavo Suárez Pertierra. Catedrático emérito de Derecho Eclesiástico del Estado. —José María Trillo-Figueroa. Abogado y asesor en el Defensor del Pueblo. —Josep María Tamarit Sumalla. Catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y en la Universitat de Lleida. —Gema Varona Martínez. Profesora de Victimología y Política Criminal en la Universidad del País Vasco, directora del Instituto Vasco de Criminología y presidenta de la Sociedad Mundial de Victimología.