La ruina de la Universidad de Sevilla alcanza los 60 millones

El último informe del auditor sobre el estado de las cuentas de la Universidad de Sevilla revela la grave situación económica en la que se encuentra la institución. Buceando en sus números, se puede sacar en conclusión que la Hispalense tiene unas cifras muy preocupantes y que, incluso, han servido para que la propia empresa auditora haya reflejado que expresa una opinión sobre la situación financiera «con salvedades». Esto indica que la elaboración de dichas cuentas, derivadas del último mandato de Miguel Ángel Castro como recto, incurre en prácticas contables deficientes o en falta de información que impide reflejar de manera fehaciente su patrimonio. No obstante, lo más preocupante radica en los casi 60 millones que la US debe entre el déficit económico reconocido, cantidades sin incluir en los presupuestos, el impago de 36,4 millones a acreedores o el gasto de remanentes no autorizados. El informe realizado por la prestigiosa auditora KPMG revela que el déficit aprobado en las cuentas es de 14,8 millones de euros, tal y como se publicó en estas mismas páginas. Sin embargo, el auditor destapa en su informe que las pérdidas declaradas por la Universidad están infravaloradas, ya que dejó sin reconocer en el presupuesto de gastos corrientes de 2025 un total de 5,6 millones de euros en prestaciones y compromisos de pensiones devengados. «Esta circunstancia pone de manifiesto un incumplimiento de las reglas de imputación temporal de las obligaciones al presupuesto del ejercicio, establecidas en la normativa presupuestaria aplicable», advierte el informe. Al esconderlos debajo de la alfombra, tanto el déficit presupuestario como el remanente de tesorería negativo están sobrevalorados; es decir, la situación real es notablemente peor. Expertos externos consultados por ABC señalan que la Universidad solicitó 5,22 millones de los remanentes no afectados a la Junta de Andalucía que fueron autorizados por dicha administración y que, por ende, deberían de haberse sumado al déficit, lo que haría que el mismo se elevara hasta los 25 millones entre el reconocido, los 5,6 que advierte el informe y los citados remanentes solicitados a la Junta. El informe elaborado por el auditor también refleja una deuda de la Universidad de Sevilla con acreedores no presupuestarios de 36,4 millones de euros. Estos acreedores son personas o entidades a las que la universidad debe dinero por operaciones de tesorería que no se imputan al presupuesto de gastos de la entidad, ya que su origen no nace de un gasto presupuestario. Esto tiene que ver con movimientos de fondos que entran y salen de la caja sin pasar por las fases habituales de ejecución del presupuesto y cuyo origen suele estar ligado a la recaudación de cantidades en nombre de terceros que luego deben ser transferidas o devueltas. Por ejemplo, las retenciones fiscales y de seguridad social de las nóminas de los empleados que recauda antes de ingresarlo en la Agencia Tributaria o en la Seguridad Social; o también fianzas o depósitos recibidos que la entidad debe devolver una vez finalizado el contrato o la relación jurídica. Así pues, sumando cantidades la Universidad de Sevilla se encuentra con un problema económico que alcanza entre unos conceptos y otros los 60 millones de euros. La Hispalense sigue arrastrando además un problema endémico que viene reflejado en la auditoría: no sabe con exactitud cuánto valen ni qué elementos componen sus propiedades . El auditor denuncia que la Universidad carece de un inventario detallado y conciliado de su inmovilizado material. Al no haber desglose, KPMG avisa de que es imposible verificar la integridad de este epígrafe ni calcular correctamente sus amortizaciones. Un defecto contable que ya venía heredado de 2024, con un equipo de gobierno liderado por Miguel Ángel Castro y del que formaba parte la actual rectora. El déficit es un problema ya instalado en la Hispalense. Así lo refleja en un párrafo de énfasis, una herramienta que usan los auditores para poner el foco en la situación financiera, en el que señala que «la Universidad presenta al cierre del ejercicio 2025 un resultado presupuestario negativo, por segundo ejercicio consecutivo , y un remanente de tesorería para gastos generales negativo». También refleja «la existencia de obligaciones registradas en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, cuya financiación deberá abordarse en ejercicios posteriores», refiriéndose a los 36,4 millones de acreedores. El mayor gasto de la Universidad tiene que ver con el Capítulo 1, el relativo a gastos de personal. El mismo asciende ya a 433,5 millones de euros, una cifra que supone el 83% del total de gastos reconocidos , un importe además que crecerá en 2026 por las subidas de salarios que debe aplicarse a los empleados públicos y que aprobó el Gobierno. La soga aprieta tanto a las arcas académicas que ya han adoptado medidas para intentar compensar el déficit reconocido en las cuentas de 2026. Unas medidas que la Universidad, ahora bajo el mando de Carmen Vargas, ha iniciado para contener el gasto y así intentar recuperar de forma progresiva el equilibrio económico-financiero perdido. Eso sí, la situación no es sencilla a corto plazo. Para el ejercicio en curso, el 2026, la Hispalense se está gestionando con un presupuesto prorrogado, algo que el auditor refleja señalando que «limita la capacidad de acción inmediata» de la Universidad para adaptarse a los costes estructurales recurrentes y para financiar las obligaciones pendientes acumuladas. Cabe recordar que hace tan solo unas semanas la Hispalense presentó ante su Consejo de Gobierno las 36 medidas que se llevarán a cabo de cara al presupuesto de 2026 para tapar el agujero de 16 millones de euros previstos para el próximo ejercicio. El documento se articula en torno a la racionalización del gasto; la dedicación docente del profesorado; la dedicación del Personal Técnico, Gestión, Administración y Servicios (PTGAS); la promoción y contratación de personal y planes propios, becas y actividades. Así, entre las medidas se contempla la reprogramación de la convocatoria de plazas para docentes, la conversión de becas de formación en prácticas curriculares, una disminución de las plazas de tribunales y una menor oferta de asignaturas optativas.