El irrespeto a norma que regula pruebas para detectar cáncer de cérvix

El 5 de diciembre del 2023, se publicó en el diario oficial La Gaceta la “Norma Nacional para el Manejo del Cáncer Cervicouterino en los Servicios de Salud” que dio 18 meses a los centros de salud públicos y privados para que hicieran los ajustes correspondientes. Ese plazo venció a mediados del 2025.

Sin embargo, algunos establecimientos de salud privados o no se han dado cuenta de que las reglas del juego cambiaron o siguen, posiblemente, haciendo las pruebas de Papanicolaou a población no objetivo para gastar las laminillas y los reactivos, pero engañando a la población e irrespetando las decisiones técnicas y políticas que fueron apoyadas con sendos estudios científicos y, por supuesto, con medicina basada en la evidencia.

La norma del diciembre del 2023, modifica considerablemente, el abordaje de este tumor maligno que sigue matando a nuestra población femenina. Al año, todavía mueren cerca de 135 personas por esta causa y se detectan unos 285 nuevos casos. Situación que llena de angustia a igual número de familias y a la sociedad en general, sin contar el peso que significa el abordaje de estas pacientes para el sistema hospitalario nacional.

Nuevas reglas

De acuerdo con las nuevas reglas, las mujeres de 20 a 29 años deben ser tamizadas mediante la citología convencional o Papanicolaou (PAP), mientras que las mayores de 30 años y menores de 64 años, se le debe hacer la prueba para detectar el virus del Papiloma y NO el PAP.

Si bien esta prueba para detectar la presencia del virus del Papiloma es más cara, es más efectiva, toda vez que se detectan lesiones más temprano y con mayor precisión, pues la tasa de falla es muy baja si se compara con el PAP convencional.

Con todas esas decisiones, la aspiración es que el país pueda avanzar hasta llegar a eliminar el cáncer de cuello de útero y proporcionarle a la población y a la familia costarricense mayor bienestar.

La meta es posible. Ya el país avanzó considerablemente. La incidencia por ese tumor maligno se redujo en relación con el año 2000, en un 62%, mientras que la mortalidad cayó en un 40%.

Sin embargo, con actitudes como las que mantienen algunos establecimientos de salud que laboran fuera de la norma y que todavía hacen el PAP a mujeres de un grupo etario donde la prueba es menos efectiva, es muy difícil avanzar hacia la eliminación de este tumor maligno.

Mano dura por parte del Ministerio de Salud

Hace falta mano dura por parte de las autoridades competentes para controlar, poner en cintura y vigilar que las normas se cumplan de acuerdo con lo establecido, especialmente, esta que busca la eliminación de una enfermedad que todavía provoca dolor y muerte en decenas de hogares costarricenses y que fue resultado de estudios científicos, muchos de ellos, desarrollados en la provincia de Guanacaste y en otras partes del mundo.

No basta, entonces, con publicar una norma, se debe revisar el cumplimiento y su aplicación y, si es del caso, sancionar a los establecimientos privados que no se adecuan a los lineamientos de la medicina basada en la evidencia y, lo que es peor, restarle la oportunidad a muchas mujeres de que se les detecte lesiones incipientes cuando las posibilidades terapéuticas son mayores. El Ministerio de Salud debería ser más agresivo y revisar el cumplimiento y hasta inhabilitar a un centro por esta causa.

Se está jugando con las mujeres y con las empresas y corporaciones que confían a un establecimiento privado la realización de pruebas de detección temprana a sus colaboradoras y le practican el Papanicolaou a quienes superan los 30 años de edad, pese a que el nuevo lineamiento eliminó esta práctica.

No se puede alegar desconocimiento frente a una norma que se divulgó y promocionó y no es ético que se haga un PAP a un grupo de la población a la que según la demostración científica, se le debe realizar otra prueba capaz de detectar con mayor precisión el virus del Papiloma humano para protegerla contra el cáncer de cérvix.

Esta norma es de acatamiento obligatorio y los hospitales privados deben saberlo.

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María Isabel Solís R. es periodista y salubrista.