La inflación sigue castigando los salarios

La inflación ha vuelto a demostrar que no basta con que los salarios suban para que los trabajadores vivan mejor. Los convenios colectivos pactaron hasta julio incrementos salariales del 3 por ciento, pero los precios avanzan un 3,5 por ciento, de modo que el poder adquisitivo vuelve a deteriorarse por quinto mes consecutivo. Es un dato muy preocupante porque confirma que la recuperación de las rentas del trabajo sigue siendo frágil y porque afecta a una economía donde el salario más frecuente apenas supera los 16.500 euros anuales, según el INE . No se trata de mera estadística. En pleno verano, cuando millones de españoles salen a las carreteras para disfrutar de sus vacaciones, el litro de diésel ha sobrepasado los dos euros. La cesta de la compra sigue encarecida, la electricidad presiona los presupuestos familiares y la vivienda absorbe una parte creciente de la renta disponible. Cualquier mejora nominal de los salarios desaparece antes de llegar a fin de mes. La inflación sigue actuando así como ese «impuesto invisible» del que hablaba Friedman. Cuando el Gobierno se niega a adaptar el IRPF a la subida de los precios, la pérdida de poder adquisitivo se agrava. No deflactar la tarifa del impuesto significa que muchos trabajadores pagan más por incrementos salariales que apenas compensan la inflación. Los hogares quedan atrapados entre dos fuerzas: unos precios que erosionan sus ingresos y una fiscalidad que absorbe parte de las escasas mejoras salariales. El problema, sin embargo, va más allá de la coyuntura. La OCDE ha advertido de que, pese al crecimiento registrado en el último año, los salarios reales españoles siguen por debajo de los niveles previos a la crisis inflacionaria. El organismo también alerta de que el estancamiento de la productividad limita la capacidad de sostener aumentos salariales duraderos. El fuerte incremento del salario mínimo ha protegido a los trabajadores con menores ingresos, pero convive con una preocupante atonía de la mayoría de las remuneraciones. España crea empleo, pero continúa teniendo enormes dificultades para generar prosperidad suficiente para la mayoría de los trabajadores. El Gobierno no puede eludir su responsabilidad. Mientras los trabajadores intentan recuperar el terreno perdido, el Estado continúa incrementando su recaudación gracias a la progresividad en frío. La negativa a actualizar la tarifa del IRPF ha permitido aumentar los ingresos públicos sin anunciar formalmente una subida de impuestos. España necesita una política de rentas mucho más ambiciosa que la simple sucesión de incrementos nominales del salario mínimo o acuerdos parciales de convenio. La verdadera garantía de salarios más altos reside en una economía más productiva, con empresas capaces de generar mayor valor añadido, inversión y empleo de calidad. Mientras ese cambio estructural no se produzca y el crecimiento siga siendo extensivo vía inmigración cualquier mejora salarial seguirá siendo efímera. La inflación continuará devorando las nóminas y el crecimiento económico seguirá sin traducirse en una prosperidad perceptible para la mayoría de los ciudadanos.