Sevilla es la provincia con menor inversión del Estado por habitante desde 1985

Las cifras oficiales del propio Estado han terminado por demoler el relato recurrente de la generosidad inversora del Gobierno de Pedro Sánchez con Sevilla. Ni la capitalidad autonómica ni la condición de cuarta provincia de España por masa demográfica y volumen económico han servido de contrapeso frente a una inercia de cuatro décadas continuadas de abandono de las infraestructuras. Entre 1985 y 2026, la provincia de Sevilla se sitúa en el último lugar de toda la España peninsular en esfuerzo inversor por residente. Está en un vagón de cola crónico que se pone de manifiesto si se contextualiza con el resto del mapa español: en cuarenta años, la asignación media real apenas alcanza los 242 euros por habitante y año, frente a un promedio nacional que se eleva hasta los 318 euros en idéntico periodo de tiempo. La radiografía emana de una auditoría documental irrefutable. Los datos proceden del estudio 'Evaluación del Gasto Público: Infraestructuras de Transporte', el mayor análisis de asignación territorial realizado en la historia reciente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) -que fiscalizó las liquidaciones brutas reales en euros constantes entre 1985 y 2018-, cruzado directamente con las leyes y prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) comprendidas entre 2019 y 2026 y los informes de liquidación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El resultado de unir todas esas cifras arroja una conclusión que confirma el agravio que pesa sobre Sevilla, y que también acaba con el eterno debate sobre el privilegio sobre el resto de Andalucía. De las 50 provincias peninsulares, sólo la ciudad autónoma de Ceuta tiene una ratio inversora inferior a la de Sevilla . El estudio de la AIReF dividió el mapa nacional en cuatro grandes tramos según la capitalización de transporte. Mientras las provincias de la España interior y de tránsito superaron con holgura los 550 euros por habitante gracias a las grandes autovías radiales y la alta velocidad que cruzaron territorios despoblados, y la media española se consolidó en el entorno de los 318 euros por cabeza en la serie histórica, Sevilla quedó encuadrada de forma ininterrumpida en el tramo más bajo de todo el país: menos de 250 euros por residente. El reparto autonómico también es desigual. Aunque Andalucía figuró formalmente en las estadísticas como la segunda región perceptora en volumen bruto acumulado (un 14,6% del total nacional tras Cataluña), el reparto interno castigó de forma reiterada a la provincia más poblada. Sevilla ocupa la octava y última posición de la comunidad en inversión per cápita, situándose a una distancia sustancial de Málaga -única provincia andaluza que rebasó el listón medio nacional con más de 320 euros por residente- y de los registros cosechados por Córdoba o Granada. Así fue hasta 2018, cuando accedió al Gobierno Pedro Sánchez. Desde entonces (2019-2026), el Ministerio de Transportes y el de Hacienda no sólo han sido incapaces de corregir esta brecha, sino que han terminado por consolidar a la provincia en el último puesto. Durante estos últimos ocho años, las cuentas públicas consignaron una media anual provincializada de 414,2 millones de euros para Sevilla -equivalente a 212,4 euros por vecino, menos incluso que la media anterior-, ubicando a la provincia de manera recurrente entre los puestos 33 y 41 del ranking presupuestario estatal, muy lejos de la media proyectada en el conjunto del país, que ascendió a 315 euros por habitante. Ni siquiera la tramitación extraordinaria de los fondos europeos vinculados a la recuperación tras la pandemia sirvió para revertir la posición de una provincia que aporta casi dos millones de habitantes al censo nacional. Sin embargo, la marginación que recogen los presupuestos se ve multiplicada por un factor corrector todavía más grave: la brecha abismal entre las promesas anunciadas en los PGE y la realidad material. De acuerdo con las certificaciones anuales de la IGAE y los balances de licitación de la patronal Seopan, el porcentaje medio de ejecución real de las partidas consignadas para Sevilla en la red estatal (Dirección General de Carreteras, Adif y Renfe) se ha situado en un raquítico 38,4% en los ejercicios de la última década. La cifra revela que el Estado apenas gasta cuatro de cada diez euros que consigna para los sevillanos. Esto supone que, de los 212 euros proyectados formalmente en los presupuestos anuales recientes, la obra real sobre el terreno apenas ha alcanzado los 81,5 euros por habitante al año . Más del 60% de los fondos asignados se quedan metidos en el cajón del Ministerio sin llegar a ejecutarse, devueltos a la caja única de Hacienda o consumidos en reprogramaciones administrativas que postergan las obras hacia horizontes temporales que dejan una roncha inabordable para las siguientes legislaturas. Esta tendencia de inejecución continuada explica por qué la provincia resulta incapaz de igualarse con el resto de España, acumulando un déficit en dotación de capital público que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) sitúa un 26% por debajo de la media española.  Las consecuencias en la práctica de esta política están a la vista en todos los modos de transporte. El paso del río Guadalquivir y el resto de tramos por hacer de la autovía SE-40 acumulan diecisiete años encallados entre rescisiones contractuales y proyectos desactualizados. Tras la anulación del contrato de los túneles adjudicado en 2009, los sucesivos presupuestos se han limitado a consignar partidas menores destinadas a evaluaciones de impacto ambiental y redacciones de anteproyectos sin certificar un solo metro de obra sobre el terreno. Idéntico letargo sufre la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, reducida a consignaciones testimoniales a la espera del proyecto definitivo, mientras la red de Cercanías registra la mayor distancia media entre apeaderos de toda España (6,3 kilómetros) y el anillo metropolitano continúa inconcluso tras décadas de promesas incumplidas.