Editorial: 5.148 vehículos robados: la cifra que Costa Rica no puede ignorar
Costa Rica cerró el año 2025 con 5.148 robos de vehículos, la cifra más alta de la última década. Las estadísticas y pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestran la existencia de una cadena delictiva que comienza con quien ejecuta el robo y sigue con redes dedicadas a desarmar, “gemelear”, documentar y revender vehículos robados o sus piezas como repuestos.
Frenar a delincuentes tan bien organizados demanda recursos, inteligencia y una acción coordinada del Estado. Por ello, debe recordarse que al Poder Ejecutivo le corresponde prevenir; al OIJ, investigar; a la Fiscalía, dirigir la acción penal; a los tribunales, juzgar; y a la Asamblea, aprobar leyes y recursos. Y ninguno puede actuar por sí solo ante criminales que, además, roban la paz.
Roban la paz porque estacionar frente a la casa, un comercio o cualquier sitio público puede terminar en la desaparición del vehículo. Aunque el OIJ clasifica esos casos como “descuido”, el término es muy desafortunado porque parquear un vehículo en la vía pública o en un espacio abierto es un uso legítimo y cotidiano de esos lugares, no una conducta que deba convertir a la víctima en responsable del delito.
En 2025, 2.767 robos (el 53,75%) ocurrieron bajo esa modalidad. La pérdida puede dejar deudas, privar a una familia de su medio de transporte o quitarle a un trabajador su herramienta de subsistencia, como le sucedió en enero al caficultor Diego Berrocal, quien denunció públicamente cómo sintió un vacío en el estómago cuando, un sábado en la mañana, salió de la casa de su novia, en Pavas, y ya no estaba el Isuzu DMax gris que usaba para trabajar desde hace 10 años.
Roban la paz porque, en otros 1.099 casos (el 21,35%), los delincuentes amenazaron o agredieron a sus víctimas mediante el llamado bajonazo. Así, uno de cada cinco robos implicó violencia contra personas que difícilmente olvidarán esos segundos de terror vividos muchas veces junto a familiares o acompañantes.
Un caso reciente muestra cómo la confrontación puede escalar a homicidio: la noche del 15 de setiembre, en La Rita de Pococí, un motociclista que viajaba con su pareja disparó y mató a dos hombres que intentaron asaltarlos.
Roban la paz porque, entre todos los casos, hay 732 “cocherazos” (el 14,22%). Difícilmente, después de que los ladrones violentan un portón o la cerradura de una cochera, esa familia volverá a sentirse segura.
Todos estos casos deben provocar una respuesta inmediata de la presidenta Laura Fernández y sus ministros, quienes, como responsables de la seguridad ciudadana y de la prevención, están llamados a reforzar la presencia en las calles de la Fuerza Pública, con sus más de 12.000 agentes.
No obstante, desde 2023, hemos informado con insistencia de que una de cada cuatro radiopatrullas permanece fuera de servicio por falta de mantenimiento y repuestos. Con menos vigilancia, los delincuentes encuentran mayores facilidades para actuar. También hemos denunciado reiteradamente la escasez de oficiales de la Policía de Tránsito, lo cual debilita los controles en carretera y reduce la posibilidad de detectar vehículos robados o con placas alteradas.
Combatir a estos delincuentes solo será efectivo si las instituciones del Estado cooperan dentro del ámbito de sus respectivas competencias y con pleno respeto a la independencia judicial. El Ministerio de Hacienda debe aportar recursos para que el OIJ, la Fiscalía y los jueces puedan hacer su trabajo de investigar, desmantelar y sancionar a quienes hacen negocio con el robo de autos.
Por el bien de los ciudadanos, el gobierno debe mantener canales profesionales de comunicación y cooperación institucional. De lo contrario, quienes terminan beneficiándose son los delincuentes comunes y las organizaciones criminales que tanto lucran con estos hechos ilícitos.
El último indicio de una red bien estructurada fue la desmantelada por el OIJ en mayo, vinculada con al menos 19 casos. El grupo recibía vehículos robados –incluso desde Panamá–, modificaba su identidad y realizaba trámites para venderlos con apariencia legal. Entre los detenidos figuraban siete abogados notarios.
Claramente, hay una demanda que sostiene este negocio, pero difícilmente el OIJ y la Fiscalía podrán neutralizar las estructuras si afrontan recortes presupuestarios que reducen su capacidad operativa. Es lo mismo que sucede en la lucha contra el narcotráfico: no se puede pretender desarticular organizaciones cada vez más sofisticadas debilitando las capacidades de quienes deben investigarlas y perseguirlas.
De ahí la urgencia de asumir el robo de vehículos como una prioridad de seguridad. Reparar las radiopatrullas, reforzar la Policía de Tránsito, integrar las bases de datos y fiscalizar los mercados que hacen rentable el delito son pasos indispensables. También lo es perseguir a quienes convierten vehículos robados en mercancía aparentemente legítima. El robo empieza cuando alguien se lleva un automóvil, pero el negocio termina mucho más lejos. Allí también debe llegar el Estado.