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Por qué aún no pueden cobrarte un 'extra' por los envases, aunque lo diga la ley

Abc.es 
Sobre el papel, los españoles deberían estar a punto de poder llevar una botella o lata vacía al súper y que les devuelvan dinero. Pero el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno , conocido por sus siglas SDDR , no va a estar listo para el 22 de noviembre, como marca la legislación. La administración ni siquiera ha decidido todavía quién se hará cargo de implantar y gestionar este enorme engranaje: supondrá desplegar un mínimo de 20.000 máquinas por todo el territorio, asegurar que toda la población española tiene acceso al sistema (incluyendo los 6.800 municipios con menos de 5.000 personas) y evitar fraudes, ya que circularán unos 2.000 millones de euros en depósitos por todo el país. La Ley de Residuos estableció que España debería haber alcanzado el 70% de recogida separada de botellas de plástico para 2023, algo que ahora se hace a través del contenedor amarillo. De no conseguirlo, la legislación obligaba a implantar un SDDR en los siguientes dos años para mejorar las cifras. Los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica publicados en noviembre de 2024 demostraron que España apenas recupera el 41,3% de las botellas de un solo uso, lo que obliga a crear el sistema. A punto de acabar el plazo que daba la ley, la infraestructura dista mucho de estar lista. «El sistema SDDR de España va a ser el más complejo de toda la UE», asegura Antonio Romero, secretario general de la Asociación SDDR para España, una de las entidades postuladas para operarlo y de la que forman parte las principales patronales de la industria de distribución y bebidas (Aecoc, Asedas, Fiab y Anged, entre otras). También se han postulado Ecoembes (gestor del contenedor amarillo), Procircular y CorePET. Llevan dos años intentando dimensionar y diseñar cómo funcionará el retorno de envases en España, que preveía cobrar (y devolver) un mínimo de 10 céntimos por cada botella de plástico inferior a 3 litros, lata y brik que se ponga en el mercado. ¿Cuántas máquinas se necesitarán para la recogida? ¿Dónde se colocarán? Además de ubicarlas en supermercados, ¿se pueden poner en aparcamientos de grandes superficies? ¿Qué pasa con la España rural, donde no hay tiendas? ¿El bar del pueblo puede funcionar como punto de retorno? Pero sin un operador u operadores elegidos, todo son conjeturas, proyecciones, planteamientos. La decisión sobre quién estará al frente del sistema debería haber llegado en mayo a más tardar, y debería haber sido tomada por la Comunidad de Madrid por la mera casualidad de que todas estas entidades tienen su sede social en la región. Pero es una evaluación «complejísima», según fuentes del sector, y la falta de entendimiento entre la comunidad y Transición Ecológica no ha ayudado a agilizar el proceso. Según el Ministerio, todavía falta que Madrid requiera, reciba y revise nueva documentación para completar los expedientes de los cuatro solicitantes. Después, debe trasladarla a la comisión de coordinación de residuos, que es el órgano al que corresponde emitir el informe con el que la Comunidad de Madrid decidirá qué solicitante o solicitantes operarán el sistema nacional, según fuentes ministeriales. «El cuello de botella está ahí», asegura Miquel Roset, portavoz de la agrupación ecologista Alianza Residuo Cero. «Hay una serie de operadores que están trabajando para poner un modelo que sea bueno para España, pero el hecho de que no tengan autorización está incurriendo en un desfase». La alianza quiere que el sistema se ponga en marcha «a lo largo de 2027, para que el 28 sea el año que te permita cumplir con los objetivos mínimos de la UE en el 29». «Estamos todos en intentar que el proceso de decisión sobre el administrador o administradores se concluya en este año, y a partir de ahí sean dos años para poner en marcha el sistema», dice Luis Medina Montoya, quien fuera representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la comisión nacional de residuos y que ahora es director de desarrollo de negocio de RVM Systems, empresa fabricante de máquinas de recogida. En su opinión, finales de 2028 o principios de 2029 sería una fecha más realista para tener listo y funcionando el SDDR. Principios de 2029 es, además, una fecha clave. En agosto entró en vigor un nuevo reglamento europeo sobre envases y residuos, que fija para enero de ese año un sistema SDDR en aquellos países que incumplan los objetivos de recuperación de envases, como actualmente es el caso de España. El problema es que los posibles futuros operadores aseguran que este nuevo reglamento choca en algunos aspectos con la norma nacional. Romero defiende que no está claro si el sistema funciona con un solo operador o pueden ser varios, el tipo de formatos de envases afectados (Europa no obliga a incluir los briks) o si los distribuidores deben formar parte del proceso de toma de decisiones. Hay una «incertidumbre normativa», concluye. El Ministerio está preparando un real decreto para adaptar el marco jurídico nacional al europeo, aunque para la Alianza Residuo Cero estos conflictos son menores. «La norma sí está clara. Hay luz suficiente para que se ponga en marcha el sistema», asegura Roset, aunque reconoce que «hay cierta inseguridad jurídica». Lo que todos dan por hecho es que en noviembre no habrá SDDR. Por tanto, Romero descarta que establecimientos y supermercados puedan empezar a cobrar por los envases. Primero tiene que haber un organismo de coordinación que determine dónde pagar, quién paga a quién, cuánto y cómo. «En Polonia por ejemplo a través del ticket accedes a una pasarela de pago, y te lo devuelven directamente en la cuenta», explica. En otros países te dan un vale de compra en el supermercado, o efectivo en caja. Todo eso aún no está definido en España. La Asociación SDDR para España no ha cerrado todavía el número de máquinas que cree que se instalarán en el país. Medina Montoya trabaja con una estimación de entre 20.000 y 35.000, aunque cree que se podría arrancar con unas 12.000. «Estamos reforzando nuestra capacidad de producción», cuenta sobre las máquinas de recogida. Sobre todo porque en los próximos años está previsto que otros grandes países europeos pongan en marcha su propio sistema. Primero será Reino Unido, con fecha de inicio en octubre de 2027, seguido probablemente de España, Italia y Francia. Hoy 19 países de la UE ya tienen un sistema SDDR. Romero lleva doce visitados en busca de lecciones. «En cada uno aprendo», asegura, aunque «no existe el modelo replicable en España». De Rumanía han estudiado el alto índice de ruralidad; en Malta, los residuos vinculados al turismo; en Reino Unido, el alto volumen que tienen Hoteles, Restaurantes y Caterings. «Hay muchas complejidades», asegura. España se enfrenta a los residuos generados por más de 95 millones de turistas, que añaden estacionalidad y complican la labor de los puntos de venta. La España rural no cuenta en ocasiones con ningún establecimiento cerca en el que devolver el envase vacío. Y el canal Hoteles, Restaurantes y Caterings, conocido como Horeca, añade otros 300.000 puntos al sistema. «Todo eso combinado y unido a que vamos a ser el segundo país de Europa con más envases gestionados [unos 20.000 millones] lo hacen especialmente complejo», reconoce Medina Montoya. Aunque, en su opinión, el factor ciudadanía es el más complejo. «Habría sido interesante haber empezado antes con la concienciación ciudadana. Es algo que va a modificar los hábitos y conviene enseñarlo bien», dice. España lleva 20 años con la recogida selectiva de envases y estamos muy lejos de lograr unas buenas tasas de reciclaje.

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