Ministro César Astudillo es denunciado por presuntas irregularidades en contrataciones y designaciones en el Mininter
El ministro del Interior, César Astudillo, fue denunciado constitucionalmente por presuntas irregularidades en contrataciones y designaciones dentro del Mininter. El documento le atribuye posibles delitos de negociación incompatible, contratación ilegal y omisión de funciones, a partir de tres casos relacionados con trabajadores y exfuncionarios del sector.
La denuncia, presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2026, solicita que se investigue la actuación del titular del Interior y se determine si incurrió en responsabilidades penales o infracciones a la Constitución.
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Uno de los cuestionamientos se refiere a Ricardo Alfredo Falcao Kanashiro Romero, quien volvió a prestar servicios al Ministerio del Interior mediante el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), con una remuneración mensual de S/15.600.
Falcao había renunciado en octubre de 2025 a su cargo como director general de la Oficina General de Administración y Finanzas, luego de cuestionamientos por presuntas irregularidades en compras logísticas de la Policía Nacional.
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Otro punto corresponde a Yosilú Bazán López, secretaria del despacho ministerial, cuya permanencia en el cargo fue cuestionada por su presunta relación con el ingreso sin registro oficial del exministro Juan José Santiváñez a la sede del Mininter, el 9 de junio de 2026. Según el documento, Santiváñez habría sostenido una reunión con el entonces comandante general de la Policía, Óscar Arriola.
El tercer caso involucra a Erick Fernando Caso Giraldo, quien ocupó cargos directivos durante la gestión de Santiváñez y posteriormente fue designado representante ante el Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial. La denuncia cuestiona que continúe en esa posición y sostiene que su permanencia debe ser evaluada.
¿Qué sanciones solicitan contra César Astudillo?
En el ámbito penal, el documento pide que se autorice el inicio de un proceso contra Astudillo por los presuntos delitos de negociación incompatible, nombramiento, designación o contratación ilegal y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Para sustentar las imputaciones, cita los artículos 399, 381 y 377 del Código Penal, respectivamente.
En el ámbito político, la denuncia solicita la destitución del ministro y su inhabilitación para ejercer la función pública por un periodo de hasta diez años. El pedido se sustenta en una presunta vulneración de los artículos 38, 39 y 128 de la Constitución, relacionados con el cumplimiento de las leyes, el servicio a la Nación y la responsabilidad individual de los ministros.
Como sustento de los hechos, el escrito incluye registros de contratación del Ministerio de Economía y Finanzas y del Mininter, reportajes periodísticos sobre las compras logísticas y el ingreso de Santiváñez, además de información institucional sobre la permanencia de Caso Giraldo en la Caja de Pensiones Militar Policial. La presentación de la denuncia no demuestra por sí misma la responsabilidad del ministro ni confirma que el procedimiento haya sido admitido a trámite.