Yara Jiménez rechaza necesidad de 38 votos para aprobar normas que congelan ¢30.000 millones al Poder Judicial; oposición apela y PPSO aplasta reclamo
La presidenta legislativa, Yara Jiménez, rechazó este jueves el criterio de que se requieran 38 votos para aprobar en segundo debate el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio 2027, como lo consideran los partidos de la oposición y la propia Corte Suprema de Justicia.
Apoyada por la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Jiménez emitió una resolución en la que aseguró que nunca hubo ninguna consulta oficial de parte de algún órgano de la Asamblea Legislativa a la Corte Suprema de Justicia como para considerar que esta haya advertido la necesidad de una votación calificada de dos terceras partes del total de miembros del plenario, tal como lo establece el artículo 167 de la Constitución Política.
Ese numeral establece que cuando los diputados discutan y sometan a votación proyectos de ley que se refieren a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, la Asamblea debe consultar obligatoriamente a la Corte y, para apartarse de su criterio, aprobar el proyecto con 38 votos.
La resolución de Yara Jiménez surgió en la recta final de la discusión de fondo en el trámite del primer debate del Presupuesto Nacional 2027, cuando la subjefa del Frente Amplio (FA), María Eugenia Román, le hizo varios cuestionamientos a la presidenta del Congreso.
Primero, Román le preguntó por qué no había enviado a la Sala Constitucional una copia certificada del expediente 25.754, que contiene la Ley de Presupuesto 2027, ante las tres gestiones realizadas contra propuestas de esa iniciativa gubernamental.
Una gestión fue impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN), contra las normas de ejecución presupuestaria que congelan al Poder Judicial ¢29.843 millones y 2.463 plazas vacantes para el próximo año.
La Corte Plena impulsó una segunda gestión contra las cuatro normas presupuestarias que congelan esas partidas y una tercera consulta de constitucionalidad, firmada en conjunto por diputados del PLN y del FA, se presentó contra los recortes a las partidas presupuestarias de las universidades públicas.
El miércoles la Sala Constitucional remitió un recordatorio formal al Directorio de la Asamblea Legislativa para que remitiera copia certificada del expediente del presupuesto, conforme se le había solicitado desde el lunes 26 de octubre, para resolver, como corresponde, la consulta presentada por Liberación.
A ese reclamo, Yara Jiménez aseguró que dicha copia certificada se había remitido este jueves, más temprano.
En segundo término, la frenteamplista le cuestionó a la presidenta legislativa su pretensión de poner a votación en segundo debate el Presupuesto Nacional 2027 el próximo lunes, sin que los magistrados hayan respondido las consultas de constitucionalidad y se haya definido si son obligatorios los 38 votos para aprobar las normas que la Corte Plena advirtió que afectan la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
‘No hubo consulta oficial a la Corte’
La argumentación de Yara Jiménez fue que el Presupuesto Nacional se debe aprobar con la mayoría absoluta, es decir, mitad más una de las diputaciones presentes en el plenario, según lo establecido en el artículo 119 de la Constitución Política.
Adicionalmente, aseguró que como la legislación presupuestaria es una norma especial e indispensable para la continuidad y eficiencia operativa del servicio público que presta el Estado, es obligatorio aprobarla para evitar la parálisis estatal.
“Conforme lo leído, ni la Comisión de Hacendarios, ni esta presidencia ni ningún órgano de la Asamblea Legislativa han realizado una consulta oficial por medio de moción u otro acto oficial ante la Corte Suprema de Justicia, según el 167 de la Constitución”, dijo Jiménez, para argumentar que no se pidió criterio para eventualmente apartarse de la advertencia sobre afectación a la organización judicial.
Jiménez agregó que la consulta hecha por los diputados no responde a una consulta oficial de Hacendarios, ni del Directorio ni del plenario, por lo que no se cuenta con una respuesta oficial derivada de lo estipulado por la Carta Magna.
PPSO aplasta apelación del Bloque Democrático
Frente a los argumentos de Yara Jiménez, el Bloque Democrático apeló su resolución y planteó que no es posible justificar que no exista una nota formal de oposición de parte de la Corte Plena señalando la afectación a su organización y funcionamiento, porque no se haya hecho una consulta desde la comisión, la presidencia o el Directorio.
De hecho, el jefe del PLN, Álvaro Ramírez, señaló que la Corte envió una nota desde el 20 de octubre enfatizando que las normas presupuestarias afectan su organización y funcionamiento.
“Eso es una falacia, porque entonces cualquier proyecto que ustedes tengan temor de que afecte la organización y funcionamiento del Poder Judicial y no puedan aprobarlo, entonces no lo van a consultar y dirían que ningún criterio que llegue es válido”, puntualizó María Eugenia Román.
La frenteamplista señaló que todavía no hay urgencia de aprobar el presupuesto en segundo debate, porque el plazo constitucional para esa votación es el 29 de noviembre, por lo que bien podría esperar el Congreso un pronunciamiento de la Sala Constitucional en las tres semanas que aún faltan para esa fecha y no someter el proyecto a votación ya el lunes.
El jefe del FA, José María Villalta, señaló que Yara Jiménez reconoció que deliberadamente no se hizo una consulta a la Corte sobre las normas presupuestarias que le afectan, precisamente para no aplicar la obligación del 167 para apartarse del criterio de la Corte Suprema de Justicia.
Pese a dichos argumentos, la fracción del PPSO utilizó su mayoría para simplemente aplastar la apelación presentada por los opositores.