Editorial: La presidenta está obligada a dar cuentas

La presidenta Laura Fernández dio el miércoles una inaceptable muestra de intolerancia y desdén por los deberes de su cargo y los derechos de los ciudadanos.

El escenario fue el típico ejercicio mediático de los miércoles. Tras repartir epítetos en contra de los educadores y estudiantes que marcharon exigiendo reivindicaciones y de los diputados de Liberación Nacional que criticaron el retiro de la estatua del expresidente José Figueres Ferrer de la plaza de la Democracia, la emprendió contra este diario y uno de sus periodistas.

Repartió insultos a mansalva, como lo hizo durante cuatro años su antecesor y coprotagonista en el acto de ese día, Rodrigo Chaves. Los gritos y ofensas exacerban el clima de irrespeto, intolerancia y deterioro del debate público. De ese modo, inhiben la libre expresión y deterioran la convivencia democrática.

Pero hubo algo incluso más grave en la reacción presidencial: negarse a dar su criterio sobre la opaca compra directa de ambulancias que tramita el Cuerpo de Bomberos. Cuando Cristian Mora, periodista que cubre Casa Presidencial, le preguntó si estaba de acuerdo en que el proceso se realizara con un solo oferente, la mandataria se negó a contestar.

Además, rechazó cualquier participación en el proceso y achacó la responsabilidad al Instituto Nacional de Seguros (INS) y Bomberos. Lo hizo a pesar de que su director, Héctor Chaves León, reconoció que fue una instrucción presidencial, “de acatamiento imperativo”, la que abrió la puerta para la compra directa. En su lugar, aludió a la inexistente pretensión de “ensuciar su nombre” con nuestras informaciones, amenazó con una demanda y nos aplicó el desgastado insulto de “canallas”.

Es decir, Fernández se valió de una coartada retórica, envuelta en intentos de amedrentamiento e insultos, para irrespetar el derecho de todos los ciudadanos –entre ellos los periodistas– a pedir cuentas a los gobernantes, y el deber que estos tienen de rendirlas.

Con su actitud, la presidenta también se desdijo de lo que prometió en su discurso de toma posesión, el 8 de mayo. “A cada uno de nosotros –afirmó entonces– le toca darle cuentas al pueblo de sus acciones, pero también de sus omisiones”. Y olvidó que, al anunciar la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, el 28 de octubre, se definió como “una persona transparente, a la que le gusta trabajar con las cartas sobre la mesa”.

Ha sido gracias al periodismo independiente que los costarricenses han podido enterarse de casos como el comentado; de los vínculos de una de las empresas intermediarias con financistas de su campaña presidencial; de los de otro financista que se presenta como asesor de EBI, la compañía que pretende instalar un relleno sanitario en Turrúcares, o de las compras directas del ICE a la empresa china Huawei.

Ayer revelamos que, durante el anterior y este gobierno, se ha disparado el uso de procedimientos especiales para suscribir contratos millonarios con empresas e instituciones gubernamentales. Ante esta realidad, la investigación periodística y las alertas públicas cobran particular importancia.

Los ciudadanos lo entienden y las organizaciones periodísticas lo respaldan. Según destaca la cuarta encuesta del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), de la Universidad de Costa Rica, dada a conocer el miércoles, el 98,5% de los ciudadanos consideran importante o muy importante que la prensa denuncie los abusos de poder. Ayer, el Colegio de Periodistas y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) rechazaron las amenazas e insultos de la presidenta.

Nos enorgullece estar en la vanguardia del periodismo libre y autónomo. La hacemos con serenidad, responsabilidad y firmeza. Y no escatimamos corregir errores, como hicimos al otorgar derecho de respuesta al presidente de la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S.A., involucrada en la venta de las ambulancias.

Esta es la misma determinación que hemos seguido durante los 80 años de nuestra existencia y la que no ha cesado, pese a dificultades, amenazas, ataques e incomprensiones. Es la ruta que dibujamos desde nuestro primer editorial y reiteramos en el del 12 de octubre anterior, por el aniversario: la del “compromiso con la democracia y sus instituciones, la división de poderes, la libertad de expresión, el derecho a la información, la autonomía editorial y la búsqueda incesante de la verdad”.

Seguiremos en ella, conscientes, como dijo el Iplex, de que “el periodismo existe para auditar al poder en nombre de la ciudadanía, no para complacerlo”.