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Denuncian un aumento “sin precedentes” de torturas y desapariciones en Egipto

Amnistía Internacional ha denunciado un "aumento sin precedentes" de las desapariciones forzadas en Egipto desde el nombramiento de Magdi Abdelgafar como ministro de Interior en marzo de 2015, así como torturas a manos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) en el país. En un nuevo informe, la ONG aseguró que las autoridades egipcias están llevando a cabo secuestros, torturas y desapariciones "en un intento de intimidar a los oponentes y acabar con la disidencia pacífica".

"La desaparición forzada se ha convertido en un instrumento clave de la política del Estado en Egipto. Cualquier persona que se atreva a alzar la voz corre peligro, y la lucha antiterrorista se utiliza como excusa para secuestrar, interrogar y torturar a las personas que cuestionan a las autoridades", señaló Philip Luther, director del programa de AI para Oriente Medio y el Norte de África.

La organización humanitaria aseguró que cientos de estudiantes, activistas políticos y manifestantes, algunos de sólo 14 años de edad, desaparecen sin dejar rastro en Egipto y permanecen recluidos durante meses, a menudo esposados y con los ojos vendados durante todo el tiempo.

AI documentó los casos de 17 personas que estuvieron recluidas en régimen de incomunicación durante periodos de entre varios días y siete meses, aisladas del mundo exterior y sin acceso a sus abogados, familiares o cualquier supervisión judicial independiente.

Por ejemplo, el caso de Islam Jalil, de 26 años, que desapareció durante 122 días en 2015. En ese tiempo estuvo esposado y con los ojos vendados, y los interrogadores le dieron brutales palizas, le aplicaron descargas eléctricas, incluso en los genitales.

Jalil y otras víctimas revelaron las torturas sufridas durante los interrogatorios de hasta siete horas, con el fin de arrancar a los detenidos confesiones falsas para utilizarlas en su contra en los tribunales.

La Fiscalía, 'cómplice'

AI criticó en su informe el papel de la Fiscalía egipcia, la cual "ha aceptado pruebas cuestionables de la ANS -que ha falsificado fechas de detención para ocultar el tiempo que las personas han pasado en condiciones de desaparición forzada- y ha basado los cargos en "confesiones" obtenidas bajo coacción, y no ha investigado las denuncias de tortura".

La ONG destacó que, además de aumentar el riesgo de tortura y malos tratos y de privar a la víctima de la protección de la ley, las desapariciones forzadas también causan un impacto devastador en las familias de las víctimas.

Estas han intentado denunciar las desapariciones, pero en la mayoría de los casos no se investigaron los hechos y, en los casos en los que las autoridades reconocieron que la persona estaba bajo custodia de la ANS, los familiares y abogados no pudieron acceder a ella, según AI.

La ONG pidió al Gobierno español, la Unión Europea y a EEUU presionar a Egipto para que ponga fin a las "atroces violaciones de derechos humanos" e interrumpir el envío de armas y material que se hayan utilizado o puedan ser usados en la represión.

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