Gobierno de Joe Biden propone acelerar negación de asilo a migrantes con antecedentes penales

Hasta ahora los migrantes que presentan un riesgo para la seguridad nacional o pública permanecen bajo custodia del Departamento de Seguridad Interior mientras sus casos son remitidos a los jueces de inmigración, un proceso que puede durar años y es costoso

Washington. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha impulsado este jueves una norma que acelera la negación de asilo a migrantes que representan un peligro para “la seguridad nacional o pública”, cuando faltan menos de seis meses para las elecciones presidenciales.

Es la última medida del demócrata para intentar convencer al electorado de que es proactivo frente a la afluencia de migrantes que cruzan la frontera sin visa y sin usar las “vías legales”, como pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil, hacer los trámites en los países por los que pasan o acogerse a permisos humanitarios.

Migrantes reflexionan ante las barreras legales y físicas en la frontera en Estados Unidos

Y es que la migración se ha convertido en un tema central de la campaña para los comicios de noviembre que disputará con su predecesor republicano Donald Trump, quien amenaza con una deportación masiva de migrantes si regresa a la Casa Blanca.

Este jueves el Departamento de Seguridad Interior (DHS) impulsó un nuevo reglamento que permite acortar el proceso para negar el asilo a un migrante que no pueda optar a él según la legislación estadounidense.

Afecta a una cantidad de migrantes “pequeña” pero permite expulsarlos “más rápidamente”, señala en un comunicado, sin especificar a cuántos.

Hasta ahora los migrantes que presentan un riesgo para la seguridad nacional o pública permanecen bajo custodia del DHS mientras sus casos son remitidos a los jueces de inmigración, un proceso que puede durar años y es costoso.

La nueva regla permite denegar las solicitudes en cuestión de días si hay pruebas de que se les puede rechazar por motivos de “terrorismo, seguridad nacional o penales”, explica el DHS.

Se determinaría al comienzo del proceso durante las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que los funcionarios evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.

Se trata de identificar y expulsar “más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí”, dijo el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, citado en la nota.

Desde el 12 de mayo de 2023 hasta el 1º de mayo de 2024, el DHS ha expulsado o devuelto a sus países a más de 720.000 individuos, la gran mayoría de los cuales cruzaron la frontera con México, incluidos más de 109.000 miembros de familias, según datos oficiales.

“Un paso más”

La patrulla fronteriza asegura que en los últimos meses ha detenido a cientos de pandilleros que intentaban entrar en Estados Unidos ilegalmente y el director del FBI (la policía federal), Christopher Wray, reconoció ante el Senado que “individuos peligrosos” han entrado en el país.

La nueva norma, que pasará por un proceso de comentarios públicos durante el cual podría sufrir cambios antes de entrar en vigor, “es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad” de los estadounidenses, afirmó Mayorkas.

Además de este reglamento, el DHS está actualizando su política sobre el “uso de información clasificada en procedimientos migratorios”, informa el comunicado.

La crisis migratoria es un quebradero de cabeza para Biden, quien propuso conceder la ciudadanía a 11 millones de migrantes en un país que lleva más de 35 años sin una ley de este tipo. Pero tropezó con la oposición del Congreso.

Durante su mandato, más de siete millones de migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría latinoamericanos, han sido interceptados por la patrulla fronteriza tras cruzar ilegalmente la frontera con México, según datos oficiales.