La Audiencia Nacional deja en libertad en 24 horas a uno de los imputados en la criptoestafa caducada desde 2021
La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a uno de los acusados del "caso Forex", un ciudadano albanés presuntamente implicado en una macroestafa de criptomonedas internacional que lleva meses caducada judicialmente. En un auto del 11 de junio, el juez Francisco de Jorge decretó su salida de prisión sin fianza, después de estar detenido durante 11 meses a espera de extradición. En españa sólo estuvo un día entre rejas.
La investigación sobre una de las mayores macroestafas con criptomonedas en España, que habría afectado a cientos de víctimas y movido en torno a 10 millones de euros, se encuentra en una situación crítica tras detectarse posibles irregularidades en los plazos judiciales que podrían comprometer el procedimiento.
El origen de la causa se remonta a 2018, cuando un juzgado de Lleida comenzó a investigar la denuncia de un ciudadano que había perdido más de 8.000 euros tras invertir en una supuesta plataforma de criptomonedas. Con el paso de los años, aquella investigación inicial fue creciendo hasta convertirse en una macrocausa que actualmente instruye la Audiencia Nacional y que apunta a una red internacional de fraude financiero. Uno de los problemas es que hay dos juzgados centrales, el 1 y el 3, que han recibido denuncias y tienen sendas investigaciones abiertas, aunque según la Fiscalía la causa caducó en 2021.
Según las pesquisas, la organización habría operado a través de cientos de páginas web falsas que simulaban plataformas de inversión legítimas. En concreto, se han identificado más de 500 sitios fraudulentos utilizados para captar inversores, lo que evidencia el carácter sistemático y transnacional de la trama.
El fraude, basado en falsas promesas de rentabilidad en criptoactivos, habría afectado a unas 700 víctimas solo en España. Los investigadores sostienen que el entramado funcionaba como una red de falsos intermediarios financieros –conocidos como «brokers»– que convencían a los usuarios para realizar ingresos que, en realidad, terminaban en manos de la organización.
La defensa de uno de los principales investigados sostiene que esos plazos no se respetaron correctamente en la fase inicial del procedimiento. En concreto, argumenta que el juzgado que comenzó la investigación no acordó en tiempo y forma la prórroga de la instrucción, lo que implicaría que muchas de las diligencias practicadas posteriormente podrían ser nulas.
Este planteamiento abre la puerta a un escenario de gran impacto procesal. Si prospera, podría obligar a excluir del procedimiento una parte relevante de las pruebas recabadas durante años, incluyendo actuaciones clave para sustentar las imputaciones. La defensa, de hecho, ha solicitado un «expurgo» de todas aquellas diligencias realizadas fuera de plazo.
Fuentes jurídicas señalan que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula estos plazos y establece consecuencias estrictas en caso de incumplimiento. La interpretación de este precepto ha sido objeto de debate en los tribunales en los últimos años, especialmente en macrocausas complejas donde las investigaciones se prolongan durante largos periodos.
La posible anulación parcial de la causa tendría consecuencias significativas no solo para los investigados, sino también para las víctimas, que llevan años esperando una resolución judicial. En muchos casos de los denunciados, los afectados han perdido cantidades importantes de dinero y han denunciado la dificultad de recuperar sus inversiones en este tipo de fraudes digitales.
En esta la causa de esta criptoestafa que se sigue en dos juzgados de la Audiencia Nacional y que tiene su nacimiento en países del esdte de Europa lleva caducada por los plazos legales desde 2021, se han realizado distintas diligencias ordenadas por los magistrados instructores. En el sumario, al que ha accedido LA RAZÓN, se puede ver una tramitación a Albania por parte del Ministerio de Justicia, una coordinación de equipos entre España, Chipre y otros países, y reuniones de Europol y la intervención de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y de las secciones consulares de las embajadas.
Las defensas, además de los escritos que han presentado en las distintas sedes judiciales, destacan el «gasto público» que la causa acarrea a pesar de que la causa está «fuera de plazo» desde hace casi cinco años, según distintos documentos del Ministerio Público, tal y como ha podido comprobar este periódico del sumario.