Un tribunal de EE UU convierte en sentencia ejecutable otro laudo contra España tras el revés del Supremo
España afronta una nueva ofensiva judicial en Estados Unidos por los arbitrajes internacionales derivados de los recortes a las primas de las energías renovables. Apenas 24 horas después de que el Tribunal Supremo estadounidense rechazara la petición presentada por el Gobierno, un tribunal federal ha convertido en sentencia ejecutable un nuevo laudo arbitral contra el Estado, consolidando una vía que los acreedores consideran ya plenamente abierta para reclamar el cobro de las indemnizaciones.
El juez Amit P. Mehta, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, ha dictado una sentencia definitiva que reconoce la ejecución del laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) correspondiente al caso BayWa. La resolución reconoce a los acreedores un crédito de 28,2 millones de dólares, cantidad que seguirá incrementándose con los intereses de demora hasta que se produzca el pago íntegro de la indemnización.
El procedimiento está gestionado por Blasket Renewable Investments y llega inmediatamente después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos cerrara la puerta al último intento del Estado español de impedir que los tribunales federales asumieran la competencia para reconocer y ejecutar los laudos arbitrales dictados contra España por el cambio retroactivo del régimen de incentivos a las energías renovables.
La rapidez con la que se ha producido esta nueva resolución judicial evidencia el efecto inmediato de la decisión del alto tribunal estadounidense. Superado el debate sobre la jurisdicción, los procedimientos pasan ahora a centrarse en la ejecución efectiva de las indemnizaciones reconocidas por los tribunales arbitrales y en la identificación de bienes susceptibles de embargo para garantizar el cobro.
El Gobierno reconoce que la decisión del Supremo de EE UU supone la admisión de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para el conocimiento de estos procedimientos de reconocimiento y ejecución, pero no pone fin a dichos procedimientos. En este sentido, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico explicaron que España continuará, en cumplimiento del Derecho de la UE, oponiéndose al reconocimiento de los laudos por motivos de fondo, distintos de los motivos jurisdiccionales que se encontraban pendientes ante el Supremo estadounidense.
En cualquier caso, el fallo se suma a otros avances registrados durante las últimas semanas. A comienzos de junio, distintos acreedores lograron registrar en tribunales estadounidenses siete sentencias federales derivadas de laudos relacionados con las renovables, por un importe conjunto cercano a los 700 millones de euros. Entre los procedimientos figuran reclamaciones promovidas por inversores como NextEra Energy, 9REN, Cube Infrastructure, InfraRed o RREEF Infrastructure, todos ellos afectados por las modificaciones regulatorias introducidas por España hace más de una década.
Camino despejado
La estrategia de los acreedores pasa por ampliar el número de jurisdicciones desde las que pueden perseguirse activos del Estado español. Con la decisión del Supremo estadounidense, desaparece el principal obstáculo procesal que había mantenido paralizados numerosos procedimientos durante los últimos años. Los inversores disponen ahora de un camino despejado para registrar sus laudos, obtener sentencias ejecutables y promover actuaciones dirigidas al cobro de las cantidades reconocidas.
España acumula decenas de laudos internacionales pendientes de pago relacionados con las reformas aplicadas al sistema de apoyo a las energías renovables. La litigiosidad no se limita a Estados Unidos. En Bélgica permanecen bloqueados aproximadamente 250 millones de euros en distintos procedimientos de ejecución, mientras que en Australia el Tribunal Supremo ha reconocido laudos por un valor cercano a los 400 millones de euros. Singapur también ha registrado un laudo de alrededor de 300 millones contra el Estado español.
A este escenario se suma la situación en los Países Bajos, donde continúan las actuaciones dirigidas contra activos vinculados al Instituto Cervantes. Entre las medidas adoptadas figura el embargo de la sede de la institución en Utrecht, un inmueble valorado en más de diez millones de euros cuya venta en subasta forma parte de las actuaciones impulsadas por los acreedores para satisfacer las indemnizaciones reconocidas en los arbitrajes.
La nueva resolución dictada en Washington refuerza la percepción de que la presión judicial sobre España continuará intensificándose en los próximos meses. Los acreedores consideran que la negativa del Tribunal Supremo estadounidense a revisar el caso marca un punto de inflexión y abre una nueva etapa caracterizada por la aceleración de los procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos en territorio estadounidense.
Fuentes próximas a los acreedores sostienen que el rechazo del recurso presentado por España modifica de forma sustancial el escenario procesal. A su juicio, una vez despejada la cuestión competencial, los esfuerzos dejarán de concentrarse en la discusión sobre la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para dirigirse exclusivamente a la ejecución de las resoluciones arbitrales y a la recuperación efectiva de las cantidades adeudadas.
Las mismas fuentes consideran que cada nueva sentencia ejecutable, cada registro de un laudo y cada diligencia de localización de activos incrementan la presión sobre el Estado español. En su opinión, el debate ya no gira en torno a la posibilidad de ejecutar estos laudos en Estados Unidos, sino al número de acreedores que optarán por esta vía y a la rapidez con la que podrán avanzar las actuaciones destinadas al cobro de unas indemnizaciones que permanecen pendientes desde hace años.