La Guardia Civil, arrastrada a las trincheras políticas
Nunca imaginé que, en medio de este tumulto político —que crecerá conforme nos acerquemos a las elecciones—, una institución llamada a permanecer neutral acabaría convertida en pieza de la confrontación partidista. Por tres vías distintas me ha llegado una grabación al más puro estilo «Villarejo». Su contenido me ha helado la sangre, incluso en este verano tórrido: una conversación entre dos generales de la Guardia Civil —uno de ellos, teniente general— sobre la asistencia del entonces jefe de la 1.ª Zona de Madrid a la celebración institucional del Dos de Mayo, presidida por Isabel Díaz Ayuso. Lo que podría parecer una cuestión de protocolo revela, en realidad, una disputa mucho más inquietante sobre la neutralidad del Cuerpo y los límites de la obediencia cuando la política entra en los cuarteles. La existencia y el contenido de la grabación han sido difundidos por varios medios.
ABC publicó originalmente los audios; ESdiario afirma haber accedido a la conversación telefónica completa; RTVE informó sobre las grabaciones, y Onda Cero analizó su contenido y reprodujo varios pasajes. También laSexta y Telemadrid recogieron fragmentos de la conversación. Estas publicaciones confirman la difusión del audio, aunque las atribuciones sobre el origen último de la orden y su intencionalidad política corresponden a las versiones e interpretaciones recogidas por dichos medios.
Según la información difundida sobre el contenido de esa conversación, el general recibió la instrucción de no acudir al acto, en el contexto de la decisión del Ministerio de Defensa de retirar la tradicional parada militar que siempre acompañaba la celebración. El jefe de la Zona discutió acaloradamente una orden que consideraba arbitraria y cargada de intención política. Su objeción de fondo resultaba tan sencilla como inquietante: la Guardia Civil debía permanecer al margen de una batalla partidista y no ser utilizada contra una institución autonómica ni contra su presidenta. En el comportamiento de ambos mandos se cruzan dos virtudes esenciales de un Cuerpo jerarquizado y disciplinado. El teniente general transmite la orden recibida de su superior: encarna la obediencia, esa columna vertebral sin la cual ninguna organización armada puede sostenerse. El general que la recibe, en cambio, la discute porque entiende que su cumplimiento podría convertir a la Guardia Civil en figurante de una disputa política ajena a su misión. No se rebela contra la jerarquía; trata de preservar el límite que impide que la disciplina degenere en servidumbre.
Ahí reside el verdadero desgarro de esta conversación: obedecer una orden o defender la neutralidad del uniforme frente a las querellas partidistas e ideológicas. La obediencia es un deber, pero no puede convertirse en una venda sobre los ojos ni en una puerta abierta para que la conveniencia política entre en los cuarteles. También existe una lealtad superior: la debida a la ley, a la institución y a los ciudadanos. Porque cuando la Guardia Civil acude a un acto institucional no lo hace como servidora del político de turno, ni como ornamento de un gobierno, ni como arma arrojadiza contra otro. Acude al servicio de la ciudadanía y de la institución que la convoca.
Su presencia pertenece al Estado; su uniforme representa a todos. Y precisamente por eso ningún poder debería obligarla a escoger trinchera en una pelea que no es la suya. Pero lo que más me entristece —y, al mismo tiempo, más me preocupa— es el ir y venir de esa grabación, saltando de teléfono en teléfono y de despacho en despacho hasta desembocar en la conversación pública. Cada nueva reproducción alimenta la confusión, desdibuja los límites entre la denuncia y la filtración y abre en el Cuerpo una herida que será difícil cerrar.
Una institución cimentada sobre el honor, la disciplina y la confianza no puede acostumbrarse a que sus discrepancias se diriman mediante cintas que circulan en la sombra. Ese modo de denunciar debería avergonzarnos, no porque toda irregularidad deba callarse —el silencio nunca puede proteger el abuso—, sino porque existen cauces legales y responsabilidades institucionales que preservan la verdad sin convertir la intimidad del mando en espectáculo ni la deslealtad en método.
Cuando una conversación así se arroja al espacio público, nadie sale indemne. Se debilita la autoridad, se envenena la confianza entre compañeros y se ofrece a los ciudadanos la imagen de una Guardia Civil fracturada por dentro. Y esa imagen, sea completa o interesadamente recortada, causa un daño que ninguna rectificación podrá borrar del todo. La memoria, cuando una institución ha atravesado demasiadas tormentas, no es un archivo muerto: es una lámpara encendida en mitad de la niebla. Y la de la Guardia Civil conserva episodios que obligan a mirar este asunto sin ingenuidad. No son idénticos ni permiten dictar una sentencia común, pero dibujan una inquietante sucesión de fricciones entre la cadena de mando, la independencia profesional y el poder político. En 2018 cayó el coronel Manuel Sánchez Corbí, entonces jefe de la Unidad Central Operativa.
El Ministerio del Interior justificó su relevo por «pérdida de confianza», después de que ordenara suspender temporalmente las actuaciones que dependían de fondos reservados al considerar agotada la partida disponible. Más allá de las versiones enfrentadas, quedó la imagen de un mando de una unidad decisiva apartado tras un choque abierto sobre los medios necesarios para investigar. Dos años después, en mayo de 2020, el coronel Diego Pérez de los Cobos fue cesado como jefe de la Comandancia de Madrid mientras la Policía Judicial investigaba, por orden de una jueza, las manifestaciones del 8-M y su posible relación con la expansión de la pandemia. Aquella destitución abrió una herida profunda: en 2023, el Tribunal Supremo anuló definitivamente el cese y confirmó la resolución de primera instancia que lo había dejado sin efecto. Y apenas un día después de aquel cese, el teniente general Laurentino Ceña, director adjunto operativo y máximo mando uniformado del Cuerpo, pidió dejar el cargo. Su salida, vinculada públicamente al desacuerdo provocado por la destitución de Pérez de los Cobos, convirtió la crisis en algo más que un relevo administrativo: fue el estremecimiento de una cadena de mando que veía cómo la frontera entre la dirección política y el trabajo policial se volvía peligrosamente borrosa. Los tres guardias civiles que aparecen en estos episodios estuvieron, en aquellos años difíciles, bajo mi mando.
No hablo, por tanto, desde la distancia fría de quien hojea un expediente, sino desde la memoria de jornadas interminables, de decisiones tomadas bajo la amenaza y de hombres que hicieron de la entrega una forma silenciosa del valor. Su dedicación, su mérito y su contribución a la lucha contra el terrorismo merecen ser recordados. Los vi servir cuando el deber no era una palabra solemne, sino una exigencia diaria que podía costar la vida. Tal vez por eso me duele admitir que la Guardia Civil de hoy no me parece la misma que tuve el honor de dirigir. Los tiempos cambian, y sería injusto negar que muchas cosas han mejorado. Pero también siento que otras —las que para mí constituían el núcleo rector del Cuerpo en aquellos años ásperos— han sufrido una transformación profunda: la independencia de criterio, la lealtad entendida como servicio a la ley y no como obediencia al poderoso, y esa sobria dignidad que permitía mantenerse en pie cuando alrededor todo temblaba. No escribo estas palabras desde la nostalgia complaciente ni desde la pretensión de que el pasado fuese perfecto.
Las escribo desde una preocupación nacida del afecto y del respeto. Porque quien ha tenido el privilegio de mandar una institución también contrae con ella una deuda de memoria: la obligación de alzar la voz cuando teme que su brújula pueda desviarse. La Guardia Civil pertenece a todos los españoles. Su norte no puede señalar hacia ningún partido, ningún despacho ni ningún interés pasajero; debe señalar siempre hacia la ley, el deber y el servicio. Una institución como la Guardia Civil no puede ni debe quedar sometida al capricho del gobernante de turno. Tampoco puede convertirse en una herramienta para apuntalar al político afín, desgastar al adversario o escenificar desaires entre administraciones. Los gobiernos pasan; los uniformes, las leyes y el deber de servir permanecen.
Cuando el poder obliga a una institución de Estado a entrar en la trinchera partidista, no solo compromete a sus mandos: erosiona la confianza de los ciudadanos y hiere el corazón mismo de la democracia. La directora general, los ministros de Defensa y del Interior y, en último término, el presidente del Gobierno —sobre quienes recae la responsabilidad política de esclarecer lo ocurrido y preservar la neutralidad institucional— no deberían contemplar este episodio con complacencia ni interpretar la obediencia silenciosa de una parte del Cuerpo como una victoria propia. Sería un grave error confundir disciplina con adhesión partidista, o creer que el respeto a la cadena de mando equivale a una renuncia al criterio, a la conciencia profesional y al deber de servir con imparcialidad.
Tampoco deberían permitir que esa lluvia —ya nada fina— de alusiones a conspiraciones, «Estados profundos» y deslealtades permanentes termine calando en una institución que necesita serenidad, confianza y un horizonte común. Cuando desde el poder se alimenta la sospecha sobre quienes sirven al Estado, cada palabra deja humedad en los muros; y, si nadie la detiene, esa humedad acaba debilitando la casa de todos. A quienes gobiernan les corresponde algo más difícil —y mucho más digno— que celebrar obediencias: custodiar la confianza, respetar la profesionalidad de los mandos y devolver a cada uniforme la consideración que merece.
Porque la Guardia Civil no es una pieza en el tablero del poder. Es servicio, sacrificio y entrega; una presencia que acompaña a España en sus horas más duras y que pertenece, por encima de cualquier sigla, a todos los españoles. A mí también me parece difícil interpretar aquella decisión como un asunto meramente protocolario. Todo apunta a una decisión política, mal gestionada desde la dirección del Cuerpo y, cuando menos, amparada por el clima de confrontación promovido desde el Gobierno central. Si se confirma que se pretendió convertir la ausencia de un mando de la Guardia Civil en un gesto de desaire hacia la Comunidad de Madrid, estaríamos ante algo mucho más grave que una disputa de agenda: ante la instrumentalización de una institución que debe servir al Estado y a los ciudadanos, no a los intereses coyunturales de La Moncloa.