Sanidad fuerza la aprobación del Estatuto Marco pese al rechazo masivo de médicos y autonomías
El Ministerio de Sanidad tiene previsto llevar hoy al Consejo de Ministros el proyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud para su aprobación en segunda vuelta y su posterior envío al Congreso de los Diputados. Lo hará en un clima de máxima tensión con los médicos, con el sindicato CSIF y con la mayoría de comunidades autónomas, que acusan al Gobierno de imponer una reforma estructural sin consenso y de ignorar las advertencias sobre su impacto en la organización de los servicios de salud. El movimiento llega, además, con un horizonte de conflicto abierto: el Comité de Huelga mantiene la convocatoria de paros indefinidos a partir de septiembre.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido en las últimas semanas que el Estatuto Marco puede convertirse en un “pacto de país” y ha insistido en que el texto recoge mejoras largamente reclamadas. Sin embargo, los sindicatos médicos agrupados en el Comité de Huelga mantienen su rechazo frontal. Consideran que la reforma se ha tramitado de espaldas a los profesionales y que las medidas anunciadas son “insuficientes, ambiguas o directamente perjudiciales” para la organización de los servicios. En junio, tras cinco semanas de huelga en la primera mitad del año, anunciaron una huelga indefinida nacional cuyos detalles se definirán en estos primeros días de septiembre.
El sindicato CSIF también ha mostrado su oposición y ha pedido al Gobierno que retire el Anteproyecto y abra un proceso de negociación “real y transparente”. La organización denuncia que el texto no garantiza la mejora de las condiciones laborales ni aborda problemas estructurales como la temporalidad, la falta de profesionales o la sobrecarga asistencial. “No se puede reformar el sistema sin contar con quienes lo sostienen”, insistieron antes del verano.
Las comunidades autónomas, responsables de la gestión sanitaria, han sido igualmente críticas. En distintos Consejos Interterritoriales y en declaraciones públicas, varios consejeros de Sanidad han reclamado que se paralice la tramitación y se reinicie desde cero. Argumentan que el Estatuto Marco invade competencias autonómicas, no se adapta a la diversidad de los servicios de salud y puede generar problemas organizativos y presupuestarios. Algunas autonomías han advertido incluso de que la reforma podría obligar a reorganizar turnos, plantillas y servicios sin una memoria económica clara.
La aprobación en segunda vuelta, de producirse, abre ahora un nuevo escenario político. En el Congreso, el Gobierno necesitará apoyos para sacar adelante la reforma, pero los partidos que gobiernan en varias comunidades ya han mostrado su rechazo. La oposición ha acusado a Sanidad de “improvisación” y de “falta de diálogo”, mientras que los sindicatos preparan nuevas movilizaciones para las próximas semanas.