La sombra de la "Gürtel" reaparece en el juicio de la "Kitchen": "Jamás se ordenó que se omitiera el nombre de Rajoy"

La sombra de la "trama Gürtel" ha vuelto a reaparecer en el juicio de la "Operación Kitchen". La sesión de testificales de este lunes ha estado marcada por las comparecencias de varios exaltos cargos de la Policía, que han negado órdenes durante la investigación para borrar el nombre del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en los informes sobre la "caja B" del Partido Popular.

El principal testimonio ha sido el del entonces inspector jefe entre 2012 y 2015 de la Sección Primera de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF). El mando policial ha defendido el trabajo desarrollado por el grupo de investigación en la "trama Gürtel", pero ha negado la testifical del principal investigador, Manuel Morocho. Según ha detallado, nunca hubo presiones para modificar los informes del caso ni tampoco para eliminar nombres que afectaran a altos cargos públicos.

"Jamás dijimos ni se le obligó a suprimir nombres de personas, sino que se le dijo que tuviera evidencias y que mirase la veracidad de que esas iniciales, se referían a esa persona", explicó el exalto cargo policial en referencia a las anotaciones de M. Rajoy, que figuraban en los denominados "papeles de Bárcenas".

El inspector ha explicado que los informes eran sometidos a revisiones colectivas debido a la complejidad y sensibilidad del caso, pero ha insistido en que las correcciones planteadas eran "detalles mínimos" relacionados con la necesidad de acreditar correctamente los datos.

El mando policial defendió además que el grupo de investigación de la "trama Gürtel" recibió refuerzos constantes y negó que hubiera una situación de abandono operativo. Según relató, tras el arranque del caso, el equipo pasó de cinco agentes a una docena con apoyo de funcionarios procedentes de otras unidades.

Junto con esta declaración, ya son dos testimonios los que desmienten las palabras del inspector Morocho, que ratificó en sede judicial que había recibido presiones y que se intentó desmantelar la unidad investigadora.

El exalto cargo ha confirmado no obstante que Morocho expresó sospechas sobre una posible vigilancia interna a raíz de la aparición de una bolsa con matrículas de vehículos oficiales, aunque aseguró que nunca dio credibilidad plena a esas sospechas ni tuvo constancia de reuniones clandestinas fuera de dependencias policiales.

Otra de las comparecencias relevantes ha sido la de Juan María Rueda Menéndez, exsubdirector general de Cooperación Policial Internacional y secretario de la comisión de destinos encargada de evaluar nombramientos en el exterior. Según ha explicado, el inspector Fuentes Gago, también acusado en el caso, obtuvo el puesto de agregado de Interior en Países Bajos en 2015. Según relató, la comisión analizaba las candidaturas remitidas por la Dirección Adjunta Operativa y elevaba una propuesta final al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Su testimonio ha cobrado importancia, sobre todo, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitase dejar fuera del "caso Kitchen" a Fuentes Gago al considerar que "no consta ninguna actuación llevada a cabo por el investigado con el acusado Sergio Ríos" (el exchófer de Bárcenas que fue captado como confidente) ni tampoco "durante la estancia del extesorero del PP en la prisión de Soto del Real dirigida a obtener información y documentación que pudiera ser relevante" y afectara a los intereses del PP.

Cabe recordar, que Fuentes Gago estuvo destinado en la dirección adjunta operativa que dirigía el también acusado Eugenio Pino, pero en los meses en los que supuestamente ocurrió el espionaje a Luis Bárcenas, tenía su puesto de trabajo en Cantabria. Y, precisamente, las testificales de este lunes se dirigían a comprobar que Fuentes Gago estaba desempeñando ese puesto de forma presencial, lo que le alejaría de su posible implicación en la "Operación Kitchen".

En este sentido, el letrado de la Jefatura Superior de policía de Cantabria y presidente regional del sindicato profesional de Policía, donde estaba Fuentes Gago, Eduardo Millares Gómez, relató que coincidió con él cuando fue nombrado letrado de la Jefatura y aseguró que su relación se limitó principalmente al ámbito sindical y jurídico. Según indicó, incluso volvió a prestarle asistencia legal en 2020 cuando fue suspendido temporalmente de empleo y sueldo.

Otro agente destinado en Cantabria confirmó igualmente haber coincidido con Fuentes Gago durante ese periodo, aunque precisó que no trabajaban conjuntamente de forma diaria y que solo le veía desempeñando funciones de coordinación de seguridad.