Interior negó hace un año un protocolo a los agentes para disparar a los motores de las narcolanchas
El Ministerio del Interior no quiere «ni oír hablar» de la posibilidad de que los agentes que luchan contra el tráfico de drogas dispare contra los motores de las narcolanchas que descargan toneladas de estupefacientes en las costas españolas, en especial en los últimos años en Andalucía. La muerte de otros dos agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil el pasado viernes mientras perseguían una de estas embarcaciones vuelve a poner sobre la mesa las condiciones en las que tienen que combatir a las organizaciones criminales, cada vez más violentas en el sur de la península, donde las armas de guerra son una constante en cada operación policial.
Desde el 2018, Interior tienen en marcha el Plan Especial para el Campo de Gibraltar, una suerte líneas maestras para abordar de manera integral el problema de la zona. Además, existe una mesa de coordinación regional, que se reúne con mayor regularidad, en la que participan los mandos territoriales de Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía y estamentos judiciales. En ella exponen la realidad de la situación, cómo afecta a todos los estamentos de la sociedad y plantean soluciones. Según ha podido saber LA RAZÓN, el año pasado se propuso de manera unánime la puesta en marcha de un protocolo que permitiese disparar a los motores de las «gomas», como se conoce a las narcolanchas.
La respuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad fue tajante: «Dijeron que la sociedad no lo entendería, incluso rechazaron la posibilidad de que fuese munición no letal. No esperaban que la petición fuese unánime, pero es que la situación se ha ido de las manos y es la única solución por probar», explica un mando policial con conocimiento de la petición al antiguo «número dos» de Interior, Rafael Pérez.
El viernes pasado, el agente Germán, de 55 años, y el capitán Jerónimo, de 56, fallecieron en acto de servicio a 80 millas náuticas de la costa onubense. Perseguían a una narcolancha cuando las dos embarcaciones del Instituto Armado –una flamante Aister HS60 y otra intervenida a los narcos y reconvertida para el uso de los agentes– chocaron entre sí. Ya hay una investigación abierta para dilucidar lo ocurrido, mientras que dos juzgados andaluces han abierto diligencias judiciales, que podrían terminar en la Audiencia Nacional ya que el suceso ocurrió fuera de las aguas españolas.
Mientras que Interior defiende, por el momento, que se trató de un accidente, los expertos en la zona lo tienen claro. «Un accidente es si voy y me choco con un árbol andando. Esto no lo es. Las narcolanchas, cuando son perseguidas, se mueven en zigzags para generar olas y que nos estrellemos», explica un guardia civil con años a la espalda luchando contra las mafias de la droga. De hecho, el capitán fallecido hace cuatro días sufrió uno de estos accidentes hace tiempo. En una de esas olas, su embarcación saltó y clavó el morro contra el agua, en lo que los agentes conocen como un «pantocazo». «El chasis de nuestras embarcaciones se dobla. Él se partió las costillas», recuerda a su compañero.
Las asociaciones de la Guardia Civil llevan años quejándose de la falta de medios. En el caso de Huelva, uno de los buques era nuevo, de última generación. «Pero es que eso no nos sirve. La Arister es una muy buena nave, de las mejores interceptoras del mundo, pero sólo en línea recta. Para abordar una «goma» a 60 nudos –unos 110 kilómetros por hora– necesitamos algo que se parezca a lo que ellos usan –lanchas de 15 metros con cuatro motores fueraborda que suman 500 caballos–, pero esas embarcaciones están prohibidas y no deberíamos usarlas», se lamenta este experimentado guardia.
La situación no es fácil, y la solución probablemente tampoco lo sea. «Ninguno queremos que muera nadie, ni de los nuestros ni de los narcos, pero disparar a los motores es lo único que nos queda. Se podría hacer desde un helicóptero con un tirador de élite. Con eso se acabaría el riesgo para nuestras vidas», afirma otro agente. Los expertos tienen claro que para ello es necesario un protocolo que proteja al tirador de la Benemérita, que si por algún casual falla u ocurre algún suceso inesperado no quede «vendido» ante la Justicia. «Ese protocolo se ha pedido en repetidas ocasiones por parte de los mandos, pero no nos hacen ningún caso». Es el mismo procedimiento que Interior niega a los agentes.
Las otras soluciones, además de otorgar a los policías y guardias la condición de profesión de riesgo y declarar el Campo de Gibraltar «zona de especial singularidad», es la de dotar de más equipos de drones a los puestos principales de la Benemérita. «Ahora mismo sólo hay un Equipo Hércules por cada comandancia. Cuando avistamos una narcolancha, los avisamos, pero entre lo que tardan y lo rápido que van ellos, los hemos perdido. Si tuviésemos más, sería mucho más fácil localizar por donde descargan y así perseguirlos sin temer por nuestra vida».