La asesora de Begoña Gómez pide ser absuelta y destaca su dedicación: desde 2021 ha trabajado 455 horas de más
La asesora de Moncloa Cristina Álvarez pide su absolución y defiende que como asistente de Begoña Gómez debía ocuparse tanto de su agenda pública como de la privada. Con tal dedicación que según destaca, entre 2021 y 2025 trabajó 455 horas más de las previstas.
Su abogado incide en su escrito de defensa en que en su relación con la Universidad Complutense, con los directivos y empleados de las empresas patrocinadoras de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa de Pedro Sánchez y en la gestión y registro del software "actúo siguiendo instrucciones" de Begoña Gómez "y en el convencimiento de no estar realizando nada que sea ilegal o estuviera prohibido".
Además, niega que la esposa del líder del PSOE ejerciera "ninguna coerción moral ni presión indebida sobre nadie" para que fuese nombrada su asistente, porque era precisamente a la presidenta del Gobierno "a quien correspondía decidir a la persona de su confianza que se va a nombrar como su asistente".
En su escrito de defensa, el abogado de Álvarez, José María de Pablo, resalta que "es razonable que el cargo de confianza de asistente de la esposa del presidente del Gobierno -argumenta- recaiga en alguien de la confianza de la esposa del presidente". Y que sea ella misma, añade, "la que decida qué persona de su confianza debe ser nombrada para ese puesto".
"Disparatada" petición de condena
Álvarez -que fue nombrada como personal eventual, de confianza, como directora de Programas- se enfrenta a una petición de condena de la acusación popular de 22 años de prisión, que considera "disparatada".
Según pone de relieve su defensa, la única participación de su defendida en su nombramiento "consintió en aceptar" esa designación.
Para el abogado, la asistencia que prestó a Gómez "en actividades de carácter privado o relacionadas con la cátedra no supuso menoscabo" de sus funciones como asistente de la esposa del presidente del Gobierno, "ni le impidieron cumplir con sus obligaciones de asistencia".
En ese escrito, hace hincapié en que Álvarez no participó en la reunión mantenida por Begoña Gómez con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, sobre la posible creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva que terminó codirigiendo.
"No consta ninguna intervención", afirma, "en la convocatoria, preparación, contenido, ni celebración de aquella reunión".
Ni en aquella reunión, ni en ningún otro momento, pone de relieve el letrado, "se ejerció coerción moral ni presión indebida" sobre Goyache para la creación de la cátedra "ni para el nombramiento" de Begoña como su directora, decisiones que según señala adoptó el entonces rector "libremente, sin dejarse influir" por presión alguna.
Agenda pública y privada
Y respecto a sus gestiones para la financiación de la cátedra, la defensa de Cristina Álvarez reseña en primer lugar que la esposa de Pedro Sánchez "trató con algunas empresas privadas para que patrocinasen la cátedra o colaborasen con ella, como es habitual en este tipo de cátedras extraordinarias".
Como responsable de la gestión de la agenda de la esposa del presidente, asegura, se hacía cargo "tanto a la agenda pública como a la privada" y de sus reuniones, fuesen de tipo privado o público.
Específicamente, se refiere al correo remitido a Reale Seguros trasladándole el interés de Begoña Gómez en renovar su patrocinio a la cátedra. Algo que, subraya, formaba parte de sus funciones de "gestión y administración de comunicaciones" de la esposa del presidente del Ejecutivo.
"Especial dedicación"
El letrado incorpora un documento de la Subdirección General de Medios del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de Presidencia del Gobierno que constata que Cristina Álvarez presta servicios como personal eventual "desempeñando funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial", desarrollando una jornada "de especial dedicación" de 40 horas semanales.
Y respecto a la información relativa al control de accesos de entrada y salida al Complejo de la Moncloa, refiere que las horas trabajadas anualmente entre 2021 y 2025 oscilan entre las 1.763 del pasado año y las 1.907 de 2023.
Entre esos años, destaca su defensa, ha trabajado 455 horas y 39 minutos más de las previstas para su especial dedicación".
Por todo ello, niega que cometiese tráfico de influencias, corrupción entre particulares, malversación ni apropiación indebida. "Ni la propia acusación sabe de lo que acusa", se queja.
"La acusación popular llama malversación a que una empleada con una dedicación de 1.751 horas anuales, que en esos años trabajó 455 horas más que las previstas, haya dedicado parte de ese tiempo a asistir a doce eventos, remitir siete correos, y acudir a cuatro reuniones", ironiza.