Embargos a lo bestia contra España: las renovables van a por todas con el Mundial y los misiles Patriot en el punto de mira
La «leyenda negra», que después de tantos siglos de calumnias y falsedades había logrado limpiarse, vuelve a cernirse sobre la piel de toro. Y es que España se enfrenta a una de las mayores crisis reputacionales y judiciales de su historia económica reciente.
Lo que comenzó hace más de una década con el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables se ha transformado en una ofensiva global de embargo y persecución de activos públicos españoles que se extiende por Europa, Estados Unidos y Asia-Pacífico.
El volumen de deuda acumulada supera ya los 2.310 millones de euros entre indemnizaciones, intereses y costes judiciales, según las estimaciones de los acreedores internacionales, y la cifra sigue creciendo a medida que se multiplican las resoluciones contrarias al Reino de España.
La gravedad era desde hace tiempo inmensa, ligeramente superior a la cantidad de recursos económicos que serían necesarios para mantener en buen estado la red de carreteras dependiente del Estado central, según los cálculos de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex).
Sin embargo, solo hasta que se ha puesto en la diana la participación de España en el Mundial de fútbol, por los embargos que podría sufrir en su estancia en EE UU, han saltado todas las alarmas ante los continuos reveses cosechados por la estrategia jurídica del Gobierno.
La raíz del problema se encuentra en la retirada retroactiva de los incentivos aprobados para impulsar las energías renovables durante el «boom» de principios de siglo. Aquella reforma desencadenó una cascada de arbitrajes internacionales impulsados por fondos e inversores extranjeros. Con el paso de los años, España fue perdiendo uno tras otro los procedimientos arbitrales abiertos ante distintas jurisdicciones.
La imagen más simbólica de esta escalada se ha producido en los Países Bajos. Allí, los acreedores lograron el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, un inmueble valorado en torno a 10 millones de euros que ya se enfrenta a posibles procesos de subasta pública para recuperar parte de las cantidades adeudadas.
Pero el movimiento más delicado para el Gobierno se está produciendo en Bélgica. Los tribunales belgas han autorizado el bloqueo de hasta 840 millones de euros correspondientes a pagos de Eurocontrol destinados a Enaire por la gestión del tráfico aéreo. Se trata de una de las medidas de ejecución más agresivas adoptadas contra activos españoles.
Las órdenes de embargo afectan a distintos procedimientos vinculados a compañías como Eurus Energy, RREEF u OperaFund. Ante el impacto de estas medidas, España trató de desbloquear parcialmente la situación proponiendo consignar unos 250 millones de euros en una cuenta judicial de depósito, un mecanismo que buscaba limitar el alcance de los embargos.
Sin embargo, los equipos legales de los acreedores rechazaron la propuesta. Entienden que el movimiento perseguía liberar el resto de fondos retenidos y frenar nuevas órdenes de bloqueo futuras. Además, consideran que esta maniobra debilita la tesis de inmunidad defendida por la Abogacía del Estado, puesto que supone reconocer de facto la capacidad de ejecución sobre esos activos.
Transición Ecológica sostiene, por su parte, que Bélgica está permitiendo ejecuciones contrarias al Derecho de la UE y recuerda que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra el país belga por facilitar el reconocimiento de laudos arbitrales contra España relacionados con ayudas de Estado. El Ejecutivo se escuda en que la operación tenía como objetivo garantizar el normal funcionamiento del tráfico aéreo español y evitar problemas operativos derivados del bloqueo de las transferencias de Eurocontrol a Enaire.
Pero mientras Europa debate sobre inmunidades y ayudas de Estado, la ofensiva judicial se intensifica especialmente en Estados Unidos, donde los acreedores consideran que tienen ya el terreno completamente despejado para pasar al ataque.
Los tribunales federales estadounidenses han reconocido hasta siete resoluciones favorables a los inversores afectados. Las cantidades ejecutables en suelo norteamericano ascienden ya a 688,4 millones de euros. Entre los casos figuran compañías como NextEra, Infrastructure Services, Watkins, Cube, InfraRed, RREEF o 9REN.
El problema para España es que las cortes estadounidenses no solo han reconocido la deuda, sino que han abierto la puerta a mecanismos muy agresivos de localización de activos. La intención de los acreedores es identificar activos embargables vinculados no solo a la Administración General del Estado, sino también a organismos públicos, empresas participadas y entidades relacionadas con el sector público español.
La preocupación en La Moncloa ha aumentado por la posibilidad de que esta ofensiva alcance operaciones estratégicas en EE UU. Entre ellas, el contrato con Raytheon para la compra de cuatro sistemas antimisiles Patriot valorados en más de 1.400 millones de euros en el que participan empresas españolas como Sener. Los acreedores estudian intervenir pagos, garantías o transferencias asociadas a la operación militar.
La batalla judicial también amenaza ya con rozar de lleno el Mundial de fútbol de 2026. Los acreedores han intensificado los requerimientos dirigidos a la Real Federación Española de Fútbol, a la FIFA y a múltiples proveedores relacionados con la participación española en el torneo.
Las diligencias buscan obtener información detallada sobre contratos de patrocinio, licencias, merchandising, alojamiento, logística, equipaciones, instalaciones deportivas, transporte, servicios médicos o pagos relacionados con la Selección. La ofensiva alcanza a compañías privadas vinculadas al dispositivo del Mundial. Entre ellas figuran Adidas, Hilton o Baylor School, centro de entrenamiento previsto para la concentración de España en Tennessee.
Fuentes próximas a los litigantes aseguran que cualquier operación financiera vinculada a la participación española en el torneo será monitorizada «al centímetro».
El Falcon podría embargarse
La amenaza adquiere especial relevancia porque la mayor parte del recorrido de la Selección durante el campeonato se desarrollará en suelo estadounidense.
El representante de muchos de estos inversores, Matthew McGill, del despacho King & Spalding, pone también la mira en los bienes utilizados por instituciones españolas durante desplazamientos oficiales en EE UU. Entre los ejemplos mencionados figura el avión oficial Falcon utilizado por el Gobierno y la Casa Real. A los reveses en EE UU se ha sumado esta semana la ampliación de la autorización de embargos a España por el caso InfraRed por valor de 41 millones de euros extra.
Mientras tanto, la presión judicial sobre España crece en otras jurisdicciones. El Tribunal Supremo británico resolvió en marzo pasado el caso Infrastructure Services y rechazó los últimos argumentos de España. La sentencia fija además intereses de demora calculados al 8%, una circunstancia que podría disparar el coste anual adicional en torno a 150 millones de euros si persisten los impagos.
En Australia, el Tribunal Federal ordenó en agosto de 2025 la ejecución de cuatro laudos vinculados a los casos RREEF, 9REN, Watkins y NextEra por valor conjunto de 469 millones de euros.
Y en Singapur, el Tribunal Superior registró el laudo favorable a NextEra, reconociendo una deuda superior a 290 millones de euros.
A esto se suma la reclamación planteada por entidades financieras alemanas vinculadas a Landesbank, cuyo arbitraje ronda los 482 millones de euros. En total, 27 laudos pendientes de pago.