Consumo abre un tercer expediente sancionador a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas contra los inquilinos
El Ministerio de Consumo vuelve a la carga para frenar los abusos en el mercado del alquiler. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha anunciado la apertura de un tercer expediente sancionador contra una gran inmobiliaria que gestiona "miles de viviendas" en alquiler por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos, como la imposición de servicios no solicitados y cláusulas abusivas. Se trata del tercer expediente incoado, tras el de Alquiler Seguro -que ya ha recibido una multa de 3,6 millones de euros- y el de otra inmobiliaria desconocida.
Consumo ha procedido a la apertura del expediente tras constatar, en una investigación previa, cuatro potenciales infracciones: la imposición de un seguro de impago a los inquilinos; la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión; la imposición de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda; y la incorporación de una cláusula que impone al inquilino gastos y penalizaciones injustificados en relación con los equipos de suministros y el cambio de titularidad de dichos suministros. Según apunta el Ministerio en un comunicado, la inmobiliaria expedientada alquila miles de viviendas en varias ciudades a lo largo del país, con pisos en varias comunidades autónomas.
El Ministerio de Consumo señala que estas prácticas podrían constituir infracciones graves o muy graves en virtud de la Ley de Defensa de los Consumidores. Cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta un millón de euros por cada una (un total de 4 millones), o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
El pasado mes de abril, Consumo ratificó la multa de 3,6 millones contra Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos aprovechando su posición de dominio en el mercado, tras desestimar el recurso de alzada presentado por la compañía. La inmobiliaria cometió seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave, entre las que destacan el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados.
El departamento de Pablo Bustinduy, además, mantiene abierto otro expediente sancionador a una inmobiliaria tras recibir denuncias de Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU por prácticas abusivas contra los inquilinos, entre las que se encuentran el cobro de comisiones ilegales por la gestión del arrendamiento o la imposición de contratar seguros y servicios no solicitados.