Begoña Gómez se saltó la ley de contratos: la UCO detecta expedientes para dar “apariencia de legalidad” a adjudicaciones "premeditadas"
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado que Begoña Gómez se saltó la Ley de Contratos Públicos al detectar expedientes para dar "apariencia de legalidad" a adjudicaciones ya "premeditadas".
Según exponen los agentes en un último informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desarrolló uno de los contratos de servicios -el de Making Science- para su plataforma Transforma TSC -vinculada a la Cátedra de Transformación Social y Competitiva- sin "tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo", pese a que requería su acogimiento a la Ley de Contratos del Sector Público por razón de su importe de 20.000 euros. Eso sí, explican, que una vez prestado el servicio, la unidad interventora competente detectó esta irregularidad y liberó el pago en aras de "evitar un enriquecimiento injusto".
Más grave es, sin embargo, el contrato de servicio acogido con Deloitte Consulting SLU. En este caso, sí se tramitaron dos expedientes, pero como un mero marco administrativo para "dotar de apariencia de legalidad " a la contratación, que se habría llevado a cabo al "margen de la normativa".
En concreto, los agentes explican en el informe que ya ha sido enviado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que en el caso de Deloitte para desarrollar el software adscrito a la cátedra sí se tramitaron dos expedientes distintos -un contrato menor y una posterior contratación mediante procedimiento abierto-. No obstante, aseguran que estas adjudicaciones no solo estaban "premeditadas", sino también que habrían sido amañadas.
"La consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato", explica la UCO, que añade que "la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos".
Los agentes aseguran asimismo que "los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la Cátedra, incluido el precio". E, incluso, explican que se que se habrían solicitado ofertas "de forma simulada" o bajo condiciones que limitaron la concurrencia de otros posibles licitadores, favoreciendo así a la consultora.
Para la UCO, esto evidencia "discordancias" entre el desempeño real de los servicios y los contratos que se formalizaron y que, además, durante el plazo formal de ejecución del segundo contrato a Deloitte, no se "identifican elementos de los que se desprenda" que se desarrolló algunas de las funciones para las que la consultora fue contratada.
Hay que tener en cuenta, que uno de los cuatro delitos que le atribuye a Gómez el magistrado Juan Carlos Peinado tiene relación con su supuesta apropiación indebida del mencionado software. Sobre esto, los agentes concluyen que "a pesar de haberse llegado a promocionar y hacer público el acceso a la herramienta, no se identifican elementos de los que se desprenda que por los responsables del proyecto se siguió el protocolo establecido por la UCM para el registro de productos susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual".