Sanchismo: maquillaje de deuda y paro
El sanchismo ha levantado dos grandes relatos económicos para vender un supuesto éxito de gestión: el del «récord de empleo» y el de la reducción de la deuda. Sin embargo, esa euforia no resiste un análisis serio. Cuando se examinan las cifras del Banco de España y la evolución real del mercado laboral, la imagen cambia de forma radical. La deuda emitida por el conjunto de las Administraciones Públicas supera ya los 2,22 billones de euros.
La deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) rebasa ampliamente los 1,7 billones. Además, el coste de los intereses se ha disparado mientras el desempleo real supera los 3,8 millones de personas.
La idea de que España vive una etapa de saneamiento fiscal y fortaleza laboral no resiste una lectura detallada de las estadísticas. La realidad muestra algo muy diferente: un Estado mucho más endeudado, un mercado laboral maquillado y una narrativa política diseñada para convertir el rebote postpandemia y la ingeniería estadística en un supuesto éxito estructural.
La primera manipulación consiste en reducir el debate de la deuda a la ratio sobre PIB nominal, que se diluye gracias a una mayor inflación y a un PIB dopado por inmigración y deuda, o a la evolución puntual de la deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), que descuenta convenientemente la deuda acumulada en los balances de las Administraciones Públicas como si no se debiera ni se pagase. ¿Se imaginan que España dejara de pagar los bonos estatales que atesoran la Seguridad Social o las empresas públicas? La quiebra sería inmediata. Incluso si utilizamos la ratio de deuda sobre PIB nominal, España queda muy lejos del saneamiento logrado por economías comparables, donde se ha reducido la deuda y la ratio mucho más deprisa. España tenía en 2018 una deuda sobre PIB del 97,2% y el último dato ronda el 101,6%. Se ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, además de los fondos europeos, sin lograr una verdadera consolidación.
El Banco de España ofrece una fotografía mucho más completa en su cuadro 11.4 sobre pasivos en circulación y deuda según el PDE.
En esa estadística, los pasivos en circulación del conjunto de las Administraciones alcanzaron 2.227.135 millones de euros a finales de 2025, es decir, un aumento de 523.000 millones desde 2018.
Ese dato es fundamental porque refleja la deuda emitida total, no solo la medición consolidada que se usa a efectos europeos. Es la deuda que existe, la que se renueva, la que exige refinanciación y la que genera intereses. Por eso resulta engañoso afirmar que la deuda «baja» o está controlada cuando la masa de pasivos emitidos por el sector público se ha disparado y la ratio no ha descendido, ni mucho menos al ritmo al que lo han hecho otros países socios.
A la vez, la deuda según el PDE, que es la referencia utilizada por Bruselas, se situó en 1,74 billones de euros en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 4,3% interanual. Es decir, incluso usando la medida «oficial» más habitual, España no presenta una posición de deuda contenida ni mucho menos reducida de forma sustancial.
El Gobierno suele refugiarse en la aparente moderación de la ratio deuda/PIB. Pero bajar una ratio gracias a la inflación, al aumento del PIB nominal o al rebote tras una caída histórica no equivale a sanear las cuentas públicas. Lo que importa para medir la carga financiera real del Estado es cuánto paga por sostener esa montaña de pasivos. Y en ese terreno, la tendencia es inequívoca. La combinación de gasto estructural al alza, déficit persistente, dependencia del Banco Central Europeo (BCE) para disfrazar el riesgo y refinanciaciones masivas ha llevado al país a una situación en la que la aparente normalización presupuestaria descansa, en realidad, sobre una deuda récord y una sensibilidad mucho mayor a los tipos de interés.
No se trata solo de una cuestión contable. Un Estado más endeudado es un Estado más vulnerable. Cada punto adicional de coste de financiación se traduce en miles de millones de euros menos disponibles para inversión productiva, rebajas fiscales o mejora de servicios esenciales. La deuda no desaparece porque se diluya en el PIB: se paga, se refinancia y se hereda.
El tercer elemento que desmonta la propaganda es el coste financiero. Durante años, el sanchismo se benefició de tipos artificialmente bajos gracias a la política del BCE. Ese colchón permitió emitir enormes cantidades de deuda sin que la factura de intereses explotara de inmediato. Pero esa excepción monetaria ha terminado y la realidad vuelve a imponerse. Con el nuevo entorno de tipos y el aumento de deuda emitida, el gasto por intereses se ha disparado. La carga anual supera con holgura los 40.000 millones y se sitúa muy por encima de los niveles de 2018, cuando rondaba los 29.300 millones, absorbiendo recursos crecientes del presupuesto y dejando en evidencia que el supuesto éxito fiscal era, en buena medida, una ilusión. Si hoy pagamos casi el doble en intereses de deuda, es obvio que no se ha producido ninguna consolidación fiscal real. El aumento descontrolado de los intereses no es un detalle técnico; es una enmienda a la totalidad del relato de la buena gestión.
La misma lógica de maquillaje opera en el mercado laboral.
El Gobierno presume de cifras récord de afiliación y de un paro registrado en mínimos relativos, pero calla ante el deterioro de la calidad del empleo, el auge del pluriempleo y el uso estadístico de figuras contractuales como los fijos discontinuos, que permiten reducir artificialmente el desempleo registrado. Los trabajadores con contrato fijo discontinuo inactivos no figuran como parados registrados, aunque cientos de miles de ellos no trabajen y cobren el paro. Con la reforma laboral se obligó a que los contratos de obra y servicio y los estacionales se transformasen en fijos discontinuos. Dicho y hecho. Con ese simple cambio de etiqueta, el paro y la temporalidad bajan de manera artificial sin que se reduzcan la precariedad ni el desempleo real.
El paro registrado cerró mayo en 2.320.721 personas, alrededor del 9,4%. Sin embargo, la cifra de fijos discontinuos inactivos y personas apuntadas al servicio de empleo eleva el total de desempleados reales hasta unos 3,8 millones, llevando la tasa de paro real por encima del 12%. Es decir, no ha habido una reducción significativa de los parados reales entre junio de 2018 —cuando se situaban en unos 4,0 millones— y mayo de 2026, cuando superan los 3,8 millones, según el sindicato USO a partir de cifras del SEPE y del Ministerio de Trabajo.
Lo más revelador no es solo la existencia de esta brecha, sino la decisión del Ministerio de Trabajo de eliminar de la estadística anual de Movimiento Laboral Registrado el dato medio mensual de trabajadores fijos discontinuos inactivos, una serie que se venía publicando desde 2007. Si, como repiten los propagandistas del sanchismo, esa cifra no es significativa, ¿por qué la ocultan? Como era de esperar, la ministra culpa a “los técnicos” de la eliminación de una variable tan reveladora sobre la realidad del paro, pero la excusa no se sostiene: ese dato es conocido, se calcula de forma rutinaria y se publica en las estadísticas oficiales.
En la afiliación ocurre lo mismo. El Gobierno confunde deliberadamente afiliaciones con afiliados, en un país con récord de pluriempleo. Además, la afiliación “sube” mucho más deprisa con pluriempleos, inmigración, empleo público y miles de altas con apenas remuneración. Si en 2018 había 19 millones de afiliaciones para una población activa de 22,6 millones y en 2026 hay 22,3 millones de afiliaciones para una población activa que ha aumentado a 25,01 millones y los pluriempleos se disparan a la cifra más alta de la serie, no hay récord de empleo alguno. Por eso la tasa de actividad está estancada desde 2018, la productividad es muy pobre y los salarios netos reales bajan.
El balance conjunto es demoledor para la narrativa oficial. No hay una reducción real de la deuda del Estado, sino una acumulación masiva de pasivos, y tampoco hay un milagro laboral, sino maquillaje estadístico en un mercado sostenido por empleo de baja calidad, contratos “cerilla” con periodos de inactividad que no se reflejan en el paro registrado y una opacidad creciente en las estadísticas.