Del vecindario al colegio de sus hijas: el cerco de las "cloacas" a Biedma se extendió a su círculo íntimo
La supuesta trama criminal de acoso y derribo impulsada por las «cloacas del PSOE» contra la magistrada Beatriz Biedma desplegó una operación en su entorno más cercano a la búsqueda de trapos sucios de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Según ha podido saber LA RAZÓN, indagaron en su ámbito profesional, entre su vecindario, e incluso en el colegio de sus hijas y en el gimnasio al que acude habitualmente. Todo con el objetivo de desacreditar su investigación contra David Sánchez que ha terminado sentando en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno.
La investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre esa campaña de desprestigio señala al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, que contactó con Leire Díez, la conocida como «fontanera del PSOE»”, para ofrecerle información sobre Biedma, como denunciaron hace un año Hazte Oír y Manos Limpias en los juzgados pacenses.
Sáenz de Tejada intentó sin éxito personarse en el «caso David Sánchez» y llegó a recusar a Biedma, a quien tiene en el punto de mira desde que instruyó el procedimiento contra él por violencia de género por el que acabó condenado y que al final le costó verse apartado de la carrera judicial.
"Le han machacado"
Según la UCO, el ahora abogado llevó a cabo «una campaña activa» a través de YouTube contra Biedma, fundamentalmente a través de su canal «Magistrado anticorrupción TV», pidiendo a Leire Díez que difundiera sus vídeos. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al frente de la causa contra las «cloacas del PSOE» (envió a los agente a la sede socialista precisamente 24 horas antes de que comenzase el juicio a David Sánchez por tráfico de influencias y prevaricación a cuenta de su presunto «enchufe» en la Diputación de Badajoz) ya ha pedido a Ferraz que le informe de las posibles entradas y salidas de Sáenz de Tejada en la sede del Partido Socialista. Según las fuentes consultadas, el exmagistrado se habría servido de determinadas personas, con cuentas pendientes con la Audiencia de Badajoz en forma de condenas, para impulsar en redes sociales el desprestigio de Biedma. «Le han machacado en redes sociales y hasta le mandaban correos al juzgado», señalan. La magistrada ha presentado ya dos denuncias ante la Fiscalía por estos hechos, que ahora mismo instruye el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz. Y está por ver si da el paso de personarse como perjudicada en las pesquisas del juez Pedraz, que por ahora no le ha trasladado un ofrecimiento de acciones.
«¿Que por ser juez y hacer tu trabajo te persigan por tratarse del hermano de Sánchez?», muestran su perplejidad fuentes jurídicas, que inciden que todo esto «por poco no le cuesta la vocación».
Afiliada a Foro Judicial Independiente, en los juzgados de Badajoz destacan que siempre ha sido «muy cuidadosa» con su imagen pública (apenas han trascendido fotografías de la magistrada), discreta (no se le conoce presencia en redes sociales) y centrada en su trabajo. «No verás una imagen suya con un político», aseguran. Y enfatizan los «daños colaterales» en su familia (Biedma tiene dos hijas adolescentes) de todos esos ataques a su honorabilidad.
"¿Interés? No le ha traído más que problemas"
«Se estudió la causa de arriba abajo», apuntan respecto a la instrucción del procedimiento abierto tras una denuncia de Manos Limpias. Durante meses, leyó uno a uno los más de 3.400 correos electrónicos intervenidos a David Sánchez. «¿Qué interés iba a tener? Esto no le ha traído más que problemas», ponen de relieve respecto a una magistrada alejada de los focos y en las antípodas de cualquier protagonismo, incluso en plena tormenta mediática.
Tras enviar a la Unidad Central Operativa (UCO) a la Diputación de Badajoz en busca de documentación sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez en 2017, la instructora se topó pronto con palos en las ruedas, al constatar los agentes que los correos electrónicos de los dos responsables de los dos conservatorios cuya coordinación justificó la creación de la nueva plaza, Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez Baltasar, habían sido borrados. Esta última puso a disposición de la Guardia Civil su cuenta personal de Gmail, que según aseguró utilizaba habitualmente para asuntos de trabajo.
Y fue ahí precisamente donde la UCO dio con una de las principales pruebas de cargo, un correo que Valentí envió a Sánchez Baltasar con el asunto «el hermanísimo» el 19 de mayo de 2017, precisamente cuando se publicaron las bases para acceder al puesto de alta dirección. En el juicio, sin embargo, los dos achacaron ese correo al «rumor» de que David Sánchez se presentaba, y no a que esa plaza ya tuviera dueño.
Biedma volvió a llamar a testificar a ambos, que habían guardado silencio sobre este particular en su primera declaración porque no lo recordaban, afirmaron, y no se le había preguntado al respecto (difícil preguntar por un hecho que se desconoce).
El volantazo de la Fiscalía
En esa misma declaración, la directora del Conservatorio Profesional desveló que en una reunión de ambos con la responsable del área de Cultura, Elisa Moriano (quien negó en el juicio que ese encuentro se produjera), en un momento en que esta abandonó la estancia Valentí le habría comentado que ese puesto era para el hermano de Pedro Sánchez.
Pero lo cierto es que los funcionarios de la Diputación que declararon como testigos en el juicio (y desde luego todos los acusados, que incluso ensalzaron las aptitudes profesionales del músico) descartaron irregularidades en la contratación del hermano de Sánchez, a la que cinco años después le siguió el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, reconvertido -sin concurso alguno– en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que en su declaración en instrucción no supo ubicar ni precisar sus cometidos.
«Todo el mundo que vive aquí sabe que eso no es así», apuntan las fuentes consultadas sobre esos testimonios propuestos por las defensas. «Siguen trabajando en la Diputación, su sueldo depende de ellos, ¡qué van a decir!».
«Se ha dejado la vida en este procedimiento», resaltan «y tiene la conciencia tranquila» pese a que, se quejan, le han «dejado tirada». Y es que a diferencia de lo que ocurrió en las investigaciones contra el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz y Begoña Gómez, en las que la Fiscalía desde un primer momento se posicionó en contra, en la causa contra David Sánchez el Ministerio Público no se opuso al avance de la instrucción.
Hasta que en noviembre de 2024 Biedma acordó la citación como investigado del hermano de Pedro Sánchez, decisión que fue recurrida por la fiscal del caso (a diferencia de otras causas de supuesta corrupción política, en este caso la Fiscalía Anticorrupción no asumió el procedimiento, que se asignó por turno de reparto, todavía con García Ortiz, ya imputado, al frente de la Fiscalía General).
Ese cambio de criterio, apuntan fuentes conocedoras del asunto, habría sido ordenado –el Ministerio Público es una institución jerárquica– desde la Fiscalía General del Estado.
Papel clave de las acusaciones populares
A este respecto, una de las candidatas al puesto de David Sánchez, Cristina de Frutos, quien sigue manteniendo que unos días antes de la entrevista personal le trasladaron (aunque su interlocutor, el director del Conservatorio de Plasencia, dijo a «El Español» que le malinterpretó) que el puesto estaba reservado para el hermano de Sánchez, acudió a la fiscal del caso para ofrecerse a declarar como perjudicada. Tras una llamada infructuosa (le dijeron que la fiscal estaba ocupada), le envió un correo con intención de declarar en el procedimiento. Según contó ella en su declaración en instrucción, no le hicieron ni caso. La representante del Ministerio Público –sentada en el juicio junto a las defensas, dado que defiende la absolución, y no entre las acusaciones, como es habitual– adujo que recibía gran cantidad de correos al día.
A partir de entonces, Biedma siguió adelante en la instrucción con el único respaldo de las acusaciones populares y de la UCO. Y, también, con el apoyo de la Audiencia Provincial de Badajoz, que confirmó todas sus resoluciones cuestionadas por las defensas de los imputados.
Hasta que la magistrada cruzó la línea roja y acordó continuar adelante con las diligencias (paso equivalente al procesamiento) y mandó a juicio al músico y otras diez personas, a quienes juzga ahora la Audiencia de Badajoz.
El juicio a David Sánchez se reanuda hoy con los informes de las acusaciones populares –Manos Limpias, Hazte Oír, PP, Liberum, Iustitia Europa, Vox y Abogados Cristianos), que pondrán sobre la mesa las razones por las que, según su criterio, el tribunal que preside el magistrado José Antonio Patrocinio debería condenar al músico a una pena de hasta seis años de prisión por tráfico de influencias y prevaricación. Después (previsiblemente a partir del martes) les darán réplica tanto la Fiscalía (que no acusa y pide la absolución de las once personas que se sientan en el banquillo) como las defensas de los acusados, que insistirán en la legalidad de la contratación de David en 2017 Sánchez y de la conversión de su puesto cinco años después en la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas.
Las que presumiblemente serán las dos últimas jornadas del juicio llegan después de la bronca de las defensas del pasado jueves, cuando protestaron al tribunal al considerar que las acusaciones introdujeron hechos nuevos en el relato de hechos del que debe de defenderse, lo que tildaron –al igual que hizo la fiscal– de acusación «sorpresiva» vulneradora de su derecho de defensa. Pero la Sala hizo oídos sordos a esa queja y avaló las modificaciones de las acusaciones populares en el trámite de conclusiones definitivas.