Las defensas de David Sánchez y Gallardo piden la absolución y atacan a Balas: "Sus conclusiones contradicen sus atestados"
Las defensas de Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez centraron este lunes buena parte de sus informes finales en atacar a las acusaciones y en desacreditar las conclusiones del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, cuya investigación sustenta gran parte de la acusación en el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
El abogado de Gallardo Juan José Torres sostuvo que la declaración de Balas en sede judicial "se aparta" de lo reflejado en sus propios atestados y llegó a afirmar que el mando policial "dice una cosa y también lo contrario". Según expuso, los informes de la UCO reconocen expresamente que se desconoce quién impulsó originalmente la creación de la plaza ocupada por David Sánchez, mientras que durante el juicio el investigador habría apuntado directamente a la Presidencia de la Diputación.
El teniente coronel explicó había múltiples indicios que permitirían evidenciar la responsabilidad de Gallardo y, al contrario de lo que quiso dar a entender la fiscal, se ratificó en sus conclusiones y señaló al expresidente extremeño como el "nivel superior con capacidad política" que propició la creación del puesto que ocupó David Sánchez.
El agente también añadió que es en noviembre cuando se crea el puesto para el hermano del presidente del Gobierno con la consideración de alta dirección, pero que está en "fase de estudio de si se cubre o no" y que no es hasta, en concreto, julio del año siguiente cuando se cubre la plaza, pese a que los miembros de la Diputación habían justificado "urgencia" y "necesidad" para la creación del puesto de trabajo.
Sin embargo, el letrado del expresidente extremeño aseguró que "la versión que introduce Balas en sala contradice las conclusiones de sus atestados" y reprochó al agente haber construido algunas de sus conclusiones sobre lo que definió como un "enfoque holístico" de la causa basado en premisas que, a su juicio, no han sido acreditadas.
En la misma línea, tildó al investigador de haber construido el procedimiento, que "adolece dos falacias": una petición de principios, es decir, dar por hecho algo que no consta y "tomar el todo por la parte". "Se nos dice que presidencia es presidente sin más. Esto es ocioso", detalló.
La defensa de Gallardo también acusó a la investigación de ser «parcial» y «fragmentaria», al considerar que se analizaron determinados correos electrónicos mientras se dejaban fuera otros elementos potencialmente relevantes. "Las manifestaciones que incriminan a mi cliente carecen de base suficiente. En ninguno de los atestados hay nada diferente del primero. No se sabe quién fue el que influyó y, por tanto, no hay delito de tráfico de influencias", expuso.
"Se utilizaron como indicios algo que se tuvo que admitir que no eran tales. Balas se equivocó hasta en decir cuando se publica el Boletín Oficial Provincial (BOP). Me dijo si me parecían pocos los correos electrónicos y, sí, me parecen pocos para un Estado de Derecho. Todo son conjeturas y elucubraciones", añadió.
La misma línea de defensa siguió el letrado de David Sánchez Emilio Cortés: atacar a la unidad de la Guardia Civil y su teniente coronel Balas y tachar a las acusaciones de haber llevado a cabo un proceso "maquinado socialmente y ventilado en los medios de comunicación con filtraciones interesadas que sólo buscan acabar un Gobierno". Cortés insistió en que las acusaciones no han logrado demostrar ninguno de los elementos esenciales de los delitos imputados y sostuvo que el procedimiento nació a partir de una denuncia apoyada en recortes de prensa. "Esto tiene el recorrido que tiene. La broma dura lo que dura".
Respecto al delito de tráfico de influencias, una de las piezas centrales de la acusación, el letrado planteó una pregunta reiterada durante su intervención: "¿Quién influyó aquí?". Según defendió, ni durante la instrucción ni en el juicio se ha conseguido identificar al supuesto autor de la presión o influencia necesaria para sustentar ese tipo penal.
"El tráfico de influencias necesita dos cosas: tráfico e influencia. Y aquí no sabemos quién influyó, ni sobre quién, ni cómo se produjo esa presión moral eficiente que exige la jurisprudencia. Se puede hacer un relato diciendo que mi cliente poco menos que mató a Manolete", argumentó.
La defensa también rechazó que el parentesco con el presidente del Gobierno pueda constituir por sí mismo un indicio incriminatorio. "El hecho de que sea su hermano no es delictivo", afirmó, al tiempo que recordó que cualquier ciudadano tiene derecho a concurrir a procedimientos públicos de selección. "A ver si por ser el hermano de quien es, no puede firmar una plaza. Tendrá derecho a participar".
El letrado también cuestionó abiertamente la actitud mantenida por Balas durante el juicio y le reprochó una supuesta falta de respeto hacia los letrados de la defensa durante los interrogatorios, asegurando que su comportamiento contrastó con el mostrado hacia las acusaciones populares. "No tiene que venir aquí un guardia civil ha decir lo que es mucho o es poco. Lo a gusto que estaba con las acusaciones y parecía que nosotros le molestábamos con las manos en la cara y haciendo comentarios con su compañero", añadió.
Tanto la defensa de Gallardo como la de David Sánchez solicitaron finalmente una sentencia absolutoria para sus representados. Ambos coincidieron en que, tras meses de investigación y varias sesiones de juicio oral, las acusaciones no han logrado acreditar que existiera una plaza diseñada específicamente para David Sánchez ni que se produjera una desviación consciente de la legalidad administrativa. "No existe signos objetivos, sino sólo un apellido".