La Fiscalía pide anular la decisión judicial de seguir el rastro a los etarras en Venezuela
La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve necesario seguir el rastro de los etarras refugiados en Venezuela para intentar esclarecer su vinculación o pertenencia con el «aparato de huidos» de la banda terrorista. El departamento que dirige Jesús Alonso se ha adherido al recurso de apelación que han presentado los siete investigados en la causa que instruye el magistrado Francisco de Jorge oponiéndose a su decisión del pasado 19 de mayo de reclamar información a Venezuela y Estados Unidos, a través de sendas comisiones rogatorias –tal y como le solicitó Dignidad y Justicia (DyJ)– en relación con esa docena de etarras, entre ellos José Ignacio de Juan Chaos, condenado a más de 3.000 años de prisión por 25 asesinatos, de los que cumplió 21 en la cárcel.
Ahora, la decisión sobre esa iniciativa está en manos de la Sala de lo Penal del citado tribunal, que según las fuentes consultadas ya ha deliberado sobre este asunto y podría resolver al respecto en las próximas fechas.
Por lo pronto, De Jorge acaba de prorrogar seis meses más la investigación al «aparato de refugiados», extendiéndola ahora hasta el próximo 11 de diciembre. Y entre las razones para hacerlo esgrime precisamente que está a la espera de que la Sala de lo Penal resuelva los recursos de apelación contra su decisión de solicitar auxilio judicial a Venezuela, aprovechando la caída de Nicolás Maduro, y Estados Unidos sobre esos etarras. «De esa decisión deriva la práctica o no de esas actuaciones ya ordenadas, u otras que puedan dictarse».
"Ni pertinentes ni necesarias"
La Sala resolverá teniendo constancia de la oposición de la Fiscalía. En el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal Emilio Miró se adhiere al recurso presentado por las defensas de los imputados por pertenencia a organización criminal para intentar dejar sin efecto esas dos comisiones rogatorias (una de ellas con el objetivo de recabar de EE UU toda la información del procedimiento judicial contra el exjefe de Inteligencia militar venezolana Hugo Armando «El Pollo» Carvajal). El representante del Ministerio Público se limita a reproducir los argumentos que ya mantuvo el pasado 6 de abril para oponerse a las pretensiones de Dignidad y Justicia.
En ese escrito exponía que esas diligencias no son «pertinentes ni necesarias», tras poner de relieve que acordar una comisión rogatoria a otro país «requiere la determinación de los hechos investigados», precisar la participación en los mismos de las personas sobre las que se reclama información y explicar «en qué medida» la iniciativa puede aportar datos relevantes para la investigación. Algo que considera que no sucede en este caso. Para el fiscal, «el derecho a la prueba no es absoluto» y solo se lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva cuando se rechaza una prueba «pertinente, necesaria y posible».
Entre los etarras a los que la Guardia Civil sitúa en Venezuela figuran, además de De Juana Chaos, Arturo Cubillas, que podría encontrarse ya en nuestro país y a quien España reclamó sin éxito en el marco de la investigación por los supuestos vínculos de ETA y las FARC que instruyó el juez Eloy Velasco; Eugenio Barrutiabengoa; el exdirigente de ETA y antiguo miembro del «comando Goierri» José Luis Eciolaza, «Dienteputo», condenado por una veintena de atentados; Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Uritz Zabaleta, Javier Arruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Ángeles Artola, viuda del etarra «Argala», Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.
Los acusados se revuelven
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional pretende esclarecer los posibles vínculos de todos ellos con el «colectivo de refugiados» de ETA, tradicionalmente controlado por el «aparato político», para intentar determinar las «funciones desarrolladas», sus posibles contactos con otros etarras, y si realizaron «labores de enlace» así como su «grado de responsabilidad en el seno de este colectivo».
El escrito de las defensas de los investigados –encabezados por el exintegrante de ETA militar Alfonso Etxegarai Atxirika, alias «Txema» o «Atxulo»– al que la Fiscalía se ha adherido califica de «indeterminadas» y «arbitrarias» las pesquisas acordadas por el juez De Jorge. Ninguno de los 14 etarras cuyo rastro ahora se pretende seguir «son personas investigadas» en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra el «colectivo de refugiados», recalca la letrada Amaia Izko.
La abogada reprocha al instructor que haya autorizado esas dos comisiones rogatorias sin precisar qué hechos se atribuyen a esos 14 etarras, ni siquiera de forma «imprecisa». Ocho de ellos, insiste, ni siquiera son mencionados por la Guardia Civil en sus informes, «sin que exista constancia tan siquiera de que hayan residido o residan actualmente en Venezuela».
"Investigación penal prospectiva"
Se trata, denuncia de «una investigación penal prospectiva» que según la letrada conduciría, de llevarse a cabo, a una «causa o inquisición general, prohibida en el ordenamiento jurídico español». Para la defensa de los imputados, las diligencias aportadas no pretenden investigar unos hechos o indicios concretos sino abrir una investigación «para determinar si existen esos hechos o esos indicios en el caso de unas personas, a día de hoy, ajenas al procedimiento». Algo que, subraya, «no casa con el Estado de Derecho ni con el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías» ni con el derecho a un juicio justo.
Asimismo, cuestiona «la base» para solicitar esas comisiones rogatorias, que limita al conocimiento por los medios de comunicación de una «inconcreta documentación» incautada a «El Pollo» Carvajal (detenido en España y extraditado a EE UU) y a «un cambio de Gobierno en Venezuela».
Por si fuera poco, la letrada aduce que seguir adelante con esa iniciativa redundaría en perjuicio de los investigados por la «paralización y la dilación del procedimiento», conculcando su derecho a que el procedimiento se tramite «dentro de un plazo razonable».
En su resolución del pasado 19 de mayo, en la que acordó la medida, De Jorge exponía que «el cambio político» en Venezuela «permite inferir una colaboración para acceder a los datos solicitados» por Dignidad y Justicia, que según añadía «pueden verse avalados por la declaración testifical» de «El Pollo» Carvajal «para que la investigación pueda completarse».