El PSOE ya explica la "resistencia" de Sánchez en el miedo a su imputación
Esta nueva semana negra que ha afrontado el PSOE deja como resaca que en los despachos socialistas empieza a escucharse una conversación que hasta ahora estaba circunscrita al ámbito de la oposición. Por primera vez son dirigentes del PSOE los que alientan la sospecha de que Pedro Sánchez intenta estirar una legislatura agotada no únicamente por razones políticas, ni por ese mantra de la resistencia, sino porque sí tiene miedo a que de los distintos procedimientos judiciales abiertos, en concreto, el de las «cloacas» del PSOE, se derive una imputación que le afecte. La imputación del PSOE como persona jurídica sería un paso previo, que en el partido dan por descontando visto hacia dónde evoluciona la investigación de la causa de la «fontanera» y después de que la gerente del PSOE ya se encuentre en esa difícil posición judicial.
La tesis de que Sánchez no convoca las elecciones porque tiene miedo de los jueces no la comparte todo el PSOE, pero sí es una reflexión que comienza a extenderse dentro de una organización cada vez más preocupada por la ausencia de una salida política para la encrucijada penal.
El Comité Federal del próximo fin de semana será otra reunión más de inclinación de la cabeza del partido a su secretario general. Cierre de filas en un contexto de miedo a la herencia que les dejará el sanchismo, pero también de miedo a que el sanchismo, en sus últimas decisiones, les deje sin el puesto que tantos de los presentes ambicionan en las listas de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Incluso generales.
Quien se mueva o se atreva a sugerir la más mínima crítica será acusado de «traidor» por el mensaje orwelliano que todavía impone el aparato de Sánchez, así que, a lo más, puede que haya alguna referencia a la transparencia, o a la necesidad de dar explicaciones a la militancia, pero dentro de un discurso tramposo y rendido al mando, y sin reproches directos al responsable político último de que el PSOE tenga un problema sistémico de corrupción.
Por eso, los tímidos pellizcos que algunos de los miembros del Comité Federal introducirán en sus discursos sólo buscarán construir la coartada para poder enarbolar, dentro de un año, «cuando todo caiga», el «yo ya lo advertí». Sin más consecuencias a tiempo presente, sobre todo para que no les afecte ni en sus cargos ni en sus ingresos presentes y futuros. Pero sin Presupuestos, con los socios exigiendo elecciones y con la corrupción monopolizando la agenda política, tiene su lógica que dentro del PSOE empiecen a preguntarse qué incentivos reales tiene el presidente para seguir aplazando cualquier escenario electoral.
Y que la respuesta que ofrezcan sea la que hasta hace poco se rechazaba de plano dentro del partido: el miedo a que la evolución de las investigaciones judiciales complique todavía más su situación una vez pierda el poder. Habitar en La Moncloa obliga a la Justicia a ser extremadamente cautelosa en todas las decisiones que puedan afectar a su inquilino, que cuenta, además, con el privilegio del aforamiento.
«Sánchez está convencido de que los jueces irán a por él. Es una obsesión. Si hay una cacería para hacer caer su Gobierno, piensa que cómo no la va a haber para que caiga él».
Si esta es la impresión que trasladan quienes tienen más oportunidad de estar cerca del máximo líder socialista en el día a día, es normal que en el partido empiece a escucharse en privado que Sánchez se ha atado a La Moncloa porque considera que fuera de ella corre más riesgos que dentro. No hablan necesariamente de una imputación inmediata ni de consecuencias penales concretas, sino de la percepción de que el calendario judicial se ha convertido en un factor determinante de todas las decisiones políticas.
Este giro en el clima interno explica otro fenómeno que también comienza a abrirse paso en el PSOE: las peticiones de explicaciones públicas a José Luis Rodríguez Zapatero. Durante años, cualquier cuestionamiento del expresidente era prácticamente impensable. Hoy ya no, aunque Sánchez esté quemando todas sus naves para forzar también en este ámbito que nadie se mueva contra su mandato de cierre de filas con Zapatero.
Sin embargo, el «caso Plus Ultra» está provocando que se empiece a distinguir entre la protección política a Zapatero y los costes que esa protección tiene para el PSOE. Y que consideren que el hecho de que el silencio de Zapatero se alargue agrava el problema. «Ya no hay un día que sea normal. En Moncloa no quieren aceptar que se ha llegado al final, pero en el partido somos muy conscientes de ello. Nos lo están diciendo ya hasta los socios».
Por cierto, en Moncloa consta que ni Junts ni PNV pueden aceptar que esta situación se prolongue hasta que se acerque la campaña de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Lo saben porque se lo han trasladado desde estos dos partidos también por los canales abiertos. La fecha límite que señalan es marzo del año que viene. A poder ser, la disolución de las Cámaras debería ser antes.