El gol que Moncloa llevaba meses queriendo meter
Este lunes hubo en Moncloa un motivo de celebración. No era una ley. Ni un dato económico. Tampoco fue un gol de España, aunque se gritó como uno. Era algo mucho más sencillo: alguien del Ejecutivo comentó, casi con alivio, que por fin había habido un Consejo de Ministros «normal».
La frase pasó casi desapercibida. Pero dice mucho más de lo que parece. Porque la normalidad ya no consiste en aprobar una batería de medidas, presentar una reforma o sacar adelante una negociación complicada. La nueva normalidad consiste en sobrevivir al turno de preguntas de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y Ministras.
Ningún periodista preguntó por José Luis Ábalos. Ni por Víctor de Aldama. Ni por Leire Díez. Ni por las investigaciones judiciales que desde hace meses marcan el pulso de la política española. El cielo se despejó de nubarrones. Fueron solo unos minutos, pero el Gobierno pudo hablar de vivienda, de políticas sociales, de gestión. Se nota la obsesión de los asesores de Pedro Sánchez por esconder las malas noticias debajo de la alfombra. Moncloa, por fin, pudo hablar de aquello de lo que le interesa hablar. Y eso, en los pasillos del poder, se celebra siempre como un gol en el descuento.
Pero no era solo una cuestión de alivio. Era, sobre todo, una cuestión de estrategia. Pedro Sánchez sabe que la legislatura ha entrado en su último tramo. Su dedo juguetea con el botón de la convocatoria electoral. Seguro que se pasa los días pensando cuándo lo apretará. Y, cuando llegue el momento, el Gobierno quiere haber cambiado el terreno de juego.
Porque las elecciones no empiezan el día en que se disuelven las Cortes. Empiezan mucho antes, cuando se consigue imponer el marco en el que los ciudadanos interpretan la realidad para opinar sobre ella. Cada voto es una opinión.
Durante demasiados meses ese marco lo han escrito los autos judiciales, las declaraciones en los juzgados, las filtraciones y los escándalos que han rodeado al PSOE. El Gobierno ha vivido reaccionando. Defendiéndose. Contestando preguntas que nunca habría querido responder.
Esa dinámica resulta incompatible con cualquier estrategia electoral. Ningún presidente quiere presentarse a la reelección, como quiere Sánchez que se sigue viendo hasta 2031 en Moncloa, con la corrupción ocupando el centro del debate público. Por eso, en la Moncloa se percibe una determinación creciente por recuperar la iniciativa.
La apuesta consiste en desplazar la conversación. Que cuando llegue el momento de votar los españoles no decidan pensando en Ábalos, Aldama o los sumarios, sino en vivienda, salarios, pensiones, servicios públicos o transición energética. En definitiva, que las próximas generales enfrenten dos modelos de país y no dos relatos judiciales.
Un Consejo de Ministros «normal» representa esa falsa esperanza. No porque los problemas hayan desaparecido. Siguen ahí. Tampoco porque las investigaciones hayan terminado. Continuarán.
Lo que celebran es otra cosa: la posibilidad de que, aunque solo sea durante unas horas, la agenda deje de girar alrededor de la corrupción y vuelva a hacerlo alrededor de unas políticas públicas que también saben que no verán nunca la luz. Y todo porque el mismo Congreso que le dio a Sánchez su confianza, se la retiró la semana pasada. La mayoría absoluta de los diputados le quiere fuera.
El poder tiene una extraordinaria capacidad para redefinir qué entiende por victoria. Necesita autoconvencerse de que las cosas salen bien para seguir. Cuando uno vive durante meses instalado en la excepcionalidad, acaba considerando un éxito aquello que antes habría parecido simplemente rutinario. No celebrar una ley, sino que nadie pregunte por los jueces. No sacar pecho por una reforma, sino respirar porque durante veinte minutos no aparezcan los nombres de siempre.
Quizá esa sea la fotografía más precisa del momento político que vive Pedro Sánchez. El Gobierno mide el éxito por su capacidad para recuperar el derecho a decidir de qué se habla.
Porque, en el fondo, la batalla electoral ya ha comenzado. Y quien consiga imponer la pregunta que se harán los ciudadanos antes de coger la papeleta, tendrá medio partido ganado.