Incumplimiento presupuestario
Como ya he escrito en diversas ocasiones en estas páginas, el Gobierno lleva tres años sin presentar presupuestos. Sin embargo, dado el cerco de presunta corrupción por el que está rodeado y la ausencia de apoyos para poder gobernar, trata de disimular dando los pasos para presentar un proyecto de PGE para 2027, aunque no tiene apoyos, pues la senda de estabilidad y techo de gasto no financiero ya han sido rechazados en dos ocasiones, y por mucho artificio legal retorcido que el Gobierno pretenda aplicar, es muy difícil que consiga sacar adelante, tras ello, unos Presupuestos.
No obstante, convierte su teatro en un ejercicio electoralista, donde sube el gasto todavía más, como último truco para tratar de atraer votantes, dentro de la polarización que intenta alimentar para enfrentar a la sociedad española, para ver si así puede minimizar su derrota. Todo es ficticio en los pasos presupuestarios que ha dado el Gobierno para 2027: desde la intención real de presentar unos PGE, que no la tiene, hasta el crecimiento que proyecta, extraordinariamente elevado respecto al resto de instituciones que realizan previsiones, pasando por la senda de estabilidad o el propio gasto que no se puede mantener.
Así, el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto no financiero –felizmente rechazado–, más como propaganda que como elemento útil para realizar los presupuestos, que contemplan una elevación del gasto muy importante, electoralista. Este incremento constituye una enorme irresponsabilidad, porque eleva el gasto un año más de manera imprudente, dotándolo de un carácter enormemente estructural, con unos objetivos de estabilidad presupuestaria poco ambiciosos, ya que su consecución se basa, únicamente, en el efecto recaudatorio que todavía proporciona la inflación, pero que a medio y largo plazo se deteriora, y ni aun así equilibran las cuentas, lo que quiere decir que todo lo que se recauda se gasta y, además, es insuficiente y hay que recurrir a endeudamiento adicional.
No le importa aprobar o no los PGE, para el presidente Sánchez es secundario. El Gobierno da muestras de una gran irresponsabilidad presupuestaria, tanto interna como externa, al jugar con estos temas. Es más, hace un año se atrevió a decir que presentar los presupuestos es «una pérdida de tiempo», argumentando que descarrilarían al no contar con apoyos. Ahora, dice que va a presentar los de 2027, pero que no sabe si conseguirá sacarlos adelante. En definitiva, deja entrever claramente que no tiene apoyos para poder gobernar. De hecho, con la ruptura de hace tiempo con Junts, es inviable que los saque adelante.
Esta desidia se une a la irregularidad que ya representa el hecho de que tengamos unos presupuestos prorrogados, los de 2023, y que el Gobierno desistiese también de presentar un proyecto para 2024, para 2025 y para 2026. Incumple, así, una de sus obligaciones, que es el elaborar un anteproyecto de presupuestos cada ejercicio. Así, desde hace tres años, España está sin Presupuestos Generales del Estado, manteniendo la prórroga presupuestaria que opera en estos momentos.
Presentar los PGE no es una pérdida de tiempo, sino la obligación legal del Gobierno, y si le son devueltos o ve que no tiene apoyos para sacarlos adelante, entonces debe o dimitir para dejar que se intente formar otro ejecutivo, o convocar elecciones para que pueda salir de las urnas una composición de Las Cortes que permita formar un Gobierno fuerte, capaz de gobernar, no sólo de estar.
Los PGE son la ley más importante del año, que plasma la política económica del Gobierno, a través de los ingresos y gastos presupuestados. Es, además, imprescindible para marcar el restablecimiento de la senda de estabilidad presupuestaria, esencial para conseguir una estructura económica sana, que se mantenga por sí misma, no por el gasto público creciente, que ahoga a la economía con deuda y más deuda. Adicionalmente, la credibilidad de la economía española no puede ponerse en juego por un desistimiento intencionado de sus obligaciones debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno, que no puede sacar adelante casi ninguna iniciativa legislativa.
El techo de gasto rechazado es la base del crecimiento del Gobierno: gasto, gasto y gasto, junto con un incremento de población poco productivo, que lleva a que se sustituya talento por bajo valor añadido, lo que redundará en un deterioro todavía mayor de productividad, un mal que aqueja a la economía española. En definitiva, es un techo de gasto que es una irresponsabilidad, en clave electoralista, para tratar de ganar mientras se ríe de todos los españoles. El no haber sacado adelante unos presupuestos es un escándalo presupuestario.