El PP reclama más ventajas fiscales para la discapacidad
La reforma de la legislación sobre discapacidad y dependencia afronta esta semana una nueva etapa en el Senado con varias propuestas sobre la mesa que buscan traducir el reconocimiento de derechos en medidas concretas para las personas con discapacidad. Entre ellas, el Grupo Parlamentario Popular ha planteado dos enmiendas que afectan a dos ámbitos especialmente sensibles: la fiscalidad y la accesibilidad de las viviendas. El objetivo de los populares es que el reconocimiento de determinados grados de dependencia lleve aparejados también los beneficios fiscales vinculados a la discapacidad y que adaptar una vivienda para eliminar barreras arquitectónicas resulte más barato.
Las dos propuestas forman parte de las enmiendas que el PP ha registrado al proyecto de ley y que comenzarán a debatirse esta semana en la Cámara Alta. La primera de ellas, la número 110, pretende modificar la equiparación prevista entre los grados de dependencia y discapacidad para que tenga efectos también en el ámbito tributario.
En concreto, el PP plantea que las personas a las que se reconozca oficialmente un Grado I de Dependencia sean consideradas automáticamente personas con una discapacidad del 33%, mientras que quienes tengan reconocidos los grados II o III sean asimilados a una discapacidad del 65%. La propuesta busca corregir, según los populares, una limitación incluida en el texto de la reforma, que establece esta equivalencia pero excluye expresamente sus efectos en materia tributaria.
Para el PP, la homologación entre dependencia y discapacidad debe ser «a todos los efectos». Considera que reconocer una discapacidad a determinados grados de dependencia pero impedir que esa equiparación permita acceder a las ventajas fiscales asociadas supone un reconocimiento incompleto de los derechos que lleva aparejados esa condición.
La segunda iniciativa, recogida en la enmienda 149, aborda uno de los problemas más habituales para las personas con discapacidad: las dificultades para acceder y moverse dentro de sus propias viviendas. El PP propone aplicar un IVA del 4% a las obras destinadas a garantizar la accesibilidad universal y eliminar barreras arquitectónicas tanto en viviendas como en elementos comunes de los edificios.
La medida incluiría actuaciones como la instalación de rampas, ascensores y otros dispositivos mecánicos o electrónicos que faciliten la movilidad, la orientación o la comunicación con el exterior. También abarcaría las obras de rehabilitación, renovación y reparación necesarias para adaptar los edificios y sus zonas comunes a las necesidades de las personas con discapacidad. Los populares argumentan que, pese a los cambios introducidos en la normativa de propiedad horizontal, todavía existen obstáculos que dificultan que muchas personas puedan entrar y salir de sus hogares en igualdad de condiciones.