‘Cumplir con la ley’, así llama Fomento al ‘rescate’ de las autopistas de peaje
El ministro ha insistido en que no habrá "ningún rescate de ningún tipo" sino que tendrán que asumir las autopistas como consecuencia de un procedimiento judicial de un proceso concursal que "acaba en liquidación". "No hay decisión política sino obligación de cumplir la ley", ha reiterado De la Serna, quien ha defendido que el Estado "lo único que hace es garantizar que el usuario de una autopista, al día siguiente de que quede disuelta por una cuestión que forma parte de un procedimiento concursal, pueda seguir circulando". De la Serna precisa que el Estado no va a "rescatar" las autopistas en quiebra
Preguntado sobre lo qué costará este proceso, después de que la patronal de constructoras lo haya cifrado en 5.000 millones de euros, el ministro ha dicho desconocer la cuantía exacta, al tiempo que ha añadido que esa cifra puede ser "sustancialmente mayor de lo que puede ser la responsabilidad patrimonial de la administración".
No obstante, ha añadido que el coste que habrá de asumir el Estado al hacerse cargo de estas autopistas será inferior a lo que le hubiera costado hacerlas para que hubieran estado en funcionamiento durante todo este tiempo. Y es que el ministro ha insistido que el coste de este proceso es una cuestión "compleja" que depende de muchos factores, entre ellos el propio procedimiento judicial.
En el mismo sentido, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha defendido que las autopistas de peaje y radiales son de titularidad estatal pero "no hay ningún rescate". Hernando ha asegurado que el ministro detallará el lunes la situación de las autopistas y aportará más información sobre un asunto "complejo técnicamente" desde el punto de vista legal, pero que el Gobierno "intentará resolverlo lo mejor posible para los ciudadanos".
La oposición exige responsabilidades
Unas explicaciones que no han convencido a los principales grupos de la oposición, que han coincidido en exigir que se depuren responsabilidades por la asunción de ocho autopistas en quiebra por parte del Estado debido a la "mala gestión y planificación" de los gobiernos anteriores del PP.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, opina que la "cuestión" del asunto es conocer quienes fueron los dirigentes que tomaron la decisión de construir unas infraestructuras basadas en "cálculos erróneos" sobre el tráfico, pagando "sobrecostes" en la expropiación y haciendo adjudicaciones "excesivas". Hernando ha exigido que el Gobierno explique "cómo aquellos gobiernos tomaron decisiones con las que se pudieron equivocar tanto" como para que suponga un coste a los ciudadanos de hasta 5.700 millones de euros. El PSOE ya registró en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia urgente del ministro de Fomento para explicar la asunción de las ocho autopistas de peaje y por qué no se ha actuado en un "tema pendiente" desde 2012.
Desde Podemos, que junto al PSOE solicitó también la comparecencia del titular de Fomento, Íñigo Errejón ha asegurado que casi por un importe igual al recorte del techo de gasto, 5.000 millones de euros, "se va a rescatar no a las carreteras, sino a empresas privadas multimillonarias que cuando tienen beneficios se los quedan y cuando no lo reparten entre todos los españoles". Errejón ha agregado que asumir la gestión de las autopistas en quiebra es una "estafa legalizada" y ha añadido que se calculó muy mal la previsión de uso de estas autopistas o bien se hizo muy bien ya que "fue un pelotazo por el que ahora nadie rinde cuentas". Por ello, propone incluir en el Código Penal una figura que rinda cuentas por la negligencia en la Administración Pública.
Por su parte, Compromís ha pedido la comparecencia en comisión de De la Serna, y del director general de Carreteras, Jorge Urrecho, por el rescate de las autopistas en quiebra. El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha reclamado explicaciones al ministro de Fomentoy ha criticado que el Gobierno del PP haga "contratos a medida" para las empresas que tienen la concesión de las autopistas. En este sentido, se ha cuestionado por qué el riesgo de pérdida de dinero lo terminan asumiendo los ciudadanos y no quien ha querido hacer negocio de la gestión, según sostiene en un comunicado.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha denunciado que "no es de recibo un negocio en el cual una parte solo puede ganar" al no haber riesgo, lo que evidencia un "capitalismo de amiguetes" que resulta "estomagante". Girauta ha indicado que unas infraestructuras en las que el tráfico final ha resultado ser un 17% inferior al previsto significa que se han realizado obras que "no hacían falta", y ha apuntado que, pese a la responsabilidad patrimonial de la administración, esta situación "choca con muchas otras normas sobre lo que tiene que ser la economía de mercado y la transparencia". "Tiene que ser la última operación en la que España se avergüence de misma y un negocio de amiguetes sin riesgo", ha añadido, para reclamar a continuación una investigación para depurar responsabilidades. De hecho, se ha referido a los "poderosos" José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos como los dirigentes que encargaron las proyecciones para organizar el "negocio del siglo". "Es absolutamente indignante", ha apostillado.
En el mismo sentido, el diputado del PDECat Francesc Homs ha calificado de "vergüenza" el rescate de autopistas de peaje por parte del Estado, y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que, en principio, no le parece correcto.
Homs ha calificado esta situación de "desbarajuste" y ha recordado que hace dos años la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, garantizó que las autopistas en quiebra tendrían un coste cero para los contribuyentes. "Y eso va a costarnos 5.000 millones. En Cataluña estamos hartos porque pagamos más peajes que nadie, y ahora vamos a pagar con el dinero del contribuyente ese descalabro y sinrazón", ha añadido. Para él, alguien debería asumir algún tipo de responsabilidad por este asunto.
Por su parte, Aitor Esteban ha señalado que las empresas asumen un riesgo cuando entran en este tipo de negocios y ha dicho desconocer en qué términos podría aprobarse ese rescate. A la espera de conocerlo, ha precisado que, en principio, no le parece correcto que el Estado asuma ese coste.
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